BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 31 de diciembre de 2021

Sec. I. Pág. 167812

Campañas de desinformación
Las campañas de desinformación tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional
y deben diferenciarse de otros factores como la información falsa –fake news– o
información errónea –misinformation–. De hecho, las campañas de desinformación no
contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad
mediante contenido manipulado.
En este sentido, el ámbito cognitivo es un espacio más en el que ejercer influencia,
que se suma a los tradicionales ámbitos físicos: terrestre, marítimo y aéreo. Los
elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación son la voluntad de
generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios
para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención
maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque. Así, las
campañas de desinformación suponen una grave amenaza para los procesos
electorales.
Por su potencial peligrosidad, cabe señalar las estrategias de desinformación de
actores extranjeros, tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de
propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las
instituciones.
Vulnerabilidad del ciberespacio
Se distinguen dos tipologías generales de amenazas en el ciberespacio. Por un lado,
los ciberataques, entendidos como acciones disruptivas que actúan contra sistemas y
elementos tecnológicos. Ejemplos de ello son los ataques de ransomware (secuestro de
datos) o la denegación de servicios, entre otros. Y, por otro lado, el uso del ciberespacio
para realizar actividades ilícitas, como el cibercrimen, el ciberespionaje, la financiación
del terrorismo o el fomento de la radicalización.
La creciente exposición digital amplía la superficie de exposición a ciberataques de
ciudadanos, empresas y administraciones. Entre las dinámicas que marcan un mayor
revolución industrial, el despliegue de las redes 5G multiplicará la capilaridad de las
redes y con ello aumentará de manera significativa su uso, no solo por usuarios sino en
el segmento Internet de las Cosas y las comunicaciones máquina-a-máquina.
Consecuentemente, se generará un aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques en
aparatos conectados a la red y servicios como el vehículo autónomo o las redes
inteligentes.
Asimismo, en la denominada sociedad virtual, el dato constituye un nuevo ámbito de
poder que afecta tanto a la relación entre Estados como entre el sector público y el
privado, al ser las compañías tecnológicas las que poseen un mayor acceso a los datos.
La seguridad de la información afecta al ciudadano de forma directa. La regulación,
protección y garantía del uso adecuado de los datos y las redes por las que transitan es
un aspecto clave de la Seguridad Nacional, con impacto directo sobre la privacidad
personal.
Tecnologías como la Inteligencia Artificial y el big data subyacen cada vez más en
ámbitos como el sanitario, el de transportes, el energético, el empresarial, el financiero,
el educativo y el militar. La capacidad de procesamiento de grandes cantidades de datos
se presenta como una característica avanzada para la consecución de los objetivos
deseados. Su potencial de transformación y aplicación en procesos de análisis de
riesgos y de alerta temprana es cada vez mayor. Pero el desarrollo de estas tecnologías
también genera interrogantes relacionados con la seguridad. La aplicación de algoritmos
para la toma automática de decisiones requiere un marco de protección de la privacidad
y la no-discriminación. El empleo de sistemas autónomos también tiene implicaciones
éticas que requieren mecanismos de control y parámetros que garanticen el respeto a
los derechos humanos.

cve: BOE-A-2021-21884
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Núm. 314