I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Política de empleo. (BOE-A-2021-20632)
Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 15 de diciembre de 2021

Sec. I. Pág. 153372

Junto a la mencionada formación tecnológica, también existe una urgente necesidad
formativa de acceso al primer empleo en el caso de la población joven. La recuperación
del mercado laboral de los jóvenes está siendo más lenta que la de otros colectivos.
Dentro del colectivo juvenil se identifican muy diferentes subgrupos, entre los que hay
que destacar aquellos que no trabajan ni estudian, el de jóvenes activos, pero sin
cualificación (cabe recordar aquí la elevada frecuencia del abandono escolar temprano,
que fue del 17,3 % en 2019), los «jóvenes desanimados» y, especialmente, en el tramo
de edad entre 25 y 30 años.
Es necesario que dentro de la programación formativa se desarrollen planes
específicos, que faciliten la inclusión de estos subgrupos en el mercado laboral, ya que
se corre el riesgo de una tardía incorporación al mismo con las consecuencias que ello
conlleva, independientemente de las demográficas. En particular, es necesario articular
acciones formativas que permitan la incorporación laboral de los jóvenes con baja
cualificación, priorizando aquellas relacionadas con ocupaciones elementales que
requieren limitados conocimientos teóricos y capacidades prácticas a aplicar, por tanto,
con una duración formativa reducida, con prácticas en los centros de trabajo, que
permita dar el primer paso en el desarrollo laboral de estas personas.
Existe una parte de la población desempleada que desaparece de las estadísticas,
son aquellas personas que no encuentran un nuevo empleo y ni siquiera se registran
como desempleados en el SEPE. Estas personas, simplemente, dejan de buscar trabajo,
es el denominado «efecto desánimo». Ahora, como consecuencia de la crisis del
coronavirus, las cifras del desánimo han vuelto a repuntar. Según EUROSTAT, el
porcentaje de la población activa, de entre 20 y 64 años, que podría buscar trabajo y no
lo hace, fue del 5,8 % en el segundo trimestre de 2020. Es la cifra más alta desde que se
tienen registros (2005). Además, es la cuarta cifra más alta de la UE, tras Italia (12,5 %),
Irlanda (7,1 %) y Croacia (6 %); la media de la UE se sitúa en el 4,2 %. Para ello, es
necesario impulsar la participación de las empresas en relación con las demandas de
formación que requieren sus puestos de trabajo y canalizarlas a través de acciones
formativas de corta duración y prácticas en el entorno productivo que posibilite la
contratación a más largo plazo.
Finalmente, entre las medidas a adoptar debemos destacar también el desarrollo de
acciones encaminadas a la integración social y laboral de personas en riesgo de
exclusión. En el último Informe de Riesgos Globales presentado por el Foro Económico
Mundial (WEF) se destaca, entre otras variables, la exclusión social y las desigualdades
económicas en sociedades avanzadas como uno de los principales riesgos para la
economía mundial, incidiendo especialmente en el desempleo y el empleo precario. Por
consiguiente, es necesario alentar la conversión y creación de empresas sociales que
posibiliten el inicio de un itinerario de inserción personalizado a las personas en situación
de exclusión social o con discapacidad.
Uno de los aspectos que puede agravar esta crisis es el de los desequilibrios
territoriales y demográficos, tanto en los diferentes ámbitos territoriales como en la
dualidad urbano rural. La concentración de la inversión y generación de empleo
agravaría el proceso de despoblación que se experimenta en amplios territorios. Es
necesario diseñar medidas que afronten la carencia de capital humano, la carencia de
infraestructuras, es decir, transportes, comunicaciones, culturales, sanitarias, educativas.
Hay que diseñar también medidas que propicien la ordenación del territorio, partiendo de
las potencialidades y posibilidades de cada uno de ellos. Y articulándose para ello
programas a corto y medio plazo, así como programas interregionales e
interprovinciales, si son precisos.

cve: BOE-A-2021-20632
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Núm. 299