BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 8 de diciembre de 2021

Sec. I. Pág. 150975

El real decreto consta de una parte expositiva, un artículo único, y tres
disposiciones finales.
El artículo único consta de cinco apartados. En el primer apartado se modifica la
redacción del artículo 2.3 para mencionar expresamente al anexo II. En el segundo
apartado se modifica el artículo 6.1.a) para mencionar expresamente al anexo I. En el
tercer apartado se modifica la redacción del artículo 6.1.b), para eliminar la referencia al
anexo IV. También en la nueva redacción de la disposición final segunda contenida en
el apartado cuatro, se elimina la referencia al anexo IV. Por último, en el apartado cinco
se lleva a cabo la sustitución de los anexos I a IV por los nuevos anexos I, II y III. Se
suprime el anexo IV dado que no está incluido en la Directiva (UE) 2019/1832 de la
Comisión, de 24 de octubre de 2019, y su contenido no ha sido adaptado por la
Comisión Europea al Reglamento (UE) 2016/425, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 2016.
La disposición final primera se refiere al título competencial en virtud del cual se dicta
la norma, haciendo referencia a la atribución constitucional de competencias en materia
laboral. En la disposición final segunda se indica que mediante este real decreto se lleva
a cabo la transposición de la Directiva (UE) 2019/1832 de la Comisión, de 24 de octubre
de 2019. La disposición final tercera incluye como entrada en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Este real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia contenidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. El real decreto responde a la necesidad de
transposición de la Directiva (UE) 2019/1832 de la Comisión, de 24 de octubre de 2019,
junto con la de mejorar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Además,
la norma se basa en una clara identificación de los fines perseguidos. Es eficaz y
proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para que se pueda cumplir lo
previsto en la citada directiva. En cuanto al principio de seguridad jurídica, mediante la
aprobación de la norma se lleva a cabo una adecuada transposición de la citada
directiva, de forma coherente con el ordenamiento jurídico nacional, y estableciendo de
manera clara los límites que han de aplicarse. Además, el proyecto cumple con el
principio de transparencia ya que en su elaboración ha habido participación activa de
los sectores implicados, se identifica claramente su propósito y la memoria ofrece una
explicación completa de su contenido. Por último, la norma es coherente con el
principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas
innecesarias o accesorias.
Con este real decreto se avanza en el cumplimiento de la meta 8.8 de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir, en proteger los derechos
laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y
las personas con empleos precarios.
Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ha sido sometido a los trámites de
consulta pública previa e información y audiencia públicas y en su elaboración han sido
consultadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así
como las comunidades autónomas y ha sido oída la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
cve: BOE-A-2021-20261
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 293