III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2021-20037)
Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Adeje a inscribir una escritura de préstamo con constitución de hipoteca.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 3 de diciembre de 2021
Sec. III. Pág. 149476
de 1862, dispone que ‘El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe,
conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales’, función de garantía
de legalidad que igualmente destaca el Reglamento de la Organización y Régimen del
Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, en su art 145, párrafo 2, al
imponer a los Notarios no sólo la excusa de su ministerio sino la negativa de la
autorización notarial cuando ‘...el acto o el contrato, en todo o en parte, sean contrarios a
las leyes, a la moral y a las buenas costumbres, o se prescinda por los interesados de
los requisitos necesarios para la plena validez de los mismos’...”.
Sosteniendo a continuación que:
“... La función pública notarial incorpora, pues, un juicio de legalidad sobre la forma y
el fondo del negocio jurídico que es objeto del instrumento público, y cabe afirmar, por
ello, que el deber del Notario de velar por la legalidad forma parte de su función como
fedatario público...”
5.2 Dicho esto, abordamos la última cuestión de interés para este debate: La
calificación registral de las escrituras no se extiende al juicio de suficiencia
representativa, ni desde una perspectiva formal, ni desde una perspectiva material.
Así resulta de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001.
El primero nos dice que los registradores calificarán bajo su responsabilidad, Por
consiguiente, todo lo que se encuentra extramuros de la responsabilidad del registrador,
queda fuera del ámbito de su calificación. El segundo nos dice que la responsabilidad y
competencia del juicio de suficiencia formal y material de la representación es exclusiva
del notario.
La jurisprudencia del Pleno del Tribunal Supremo ha dejado meridianamente claro
que la actividad de comprobación registral del juicio de suficiencia es puramente
requisital (SSTS 23 de septiembre de 2011, 20 y 22 de noviembre de 2018)) y se
proyecta limitadamente a la constancia de dos datos. De un lado, la comprobación de
que se ha identificado el título legítimo de representación, con expresión tanto del notario
o autoridad que Jo haya otorgado o decretado, como de los demás elementos que
permita n su individualización; señaladamente, el tipo de documento, la fecha y número
de protocolo o autos. De otro, a la congruencia del juicio emitido por el notario
autorizante –bajo su responsabilidad– con referencia al acto o contrato de que se trate.
Fuera de estos estrictos términos, el registrador carece de competencia para
cuestionar la forma y el fondo de ese juicio, como hace en la calificación recurrida, en la
que parece exigir expresiones sacramentales que resulten cómodas a la oficina registral
según su eventual saber y entender, tales como las que apunta: “documento auténtico” o
“copia autorizada” que, a fortiori, son sinónimas a las manejadas en la escritura calificada
(“título legítimo de representación, “título público” o “documento fehaciente”). Pero, en
cualquier caso, tal exigencia supone una extralimitación de la función registral que no se
extiende a la selección o predisposición de los vocablos o del uso del lenguaje técnico de
redacción de los instrumento s públicos, ni de la plasmación o relato de los elementos
necesarios de cognición exhibidos o de la voluntad manifestada de los otorgantes, sino a
la inscripción de tales actos redactados con propiedad por el funcionario competente,
bajo su dación de fe, amparadas cabalmente por la RAE y la DPEJ, más allá de lo usual
o cómodas que puedan resultar tales expresiones y del gusto o preferencia s del
funcionario territorial.
Por esa razón, lo que el registrador hace cuando califica es analizar uno de los
posibles efectos del título –su inscribibilidad– y, por idéntica causa, la calificación del
registrador no puede extravasar el estricto ámbito registral y no extiende sus
consecuencias al resto de los efectos de ese título en el ámbito negocial civil o mercantil.
Lo expuesto queda corroborado por la misma Ley Hipotecaria que en su artículo 66
remite a los interesados que quieran “ventilar y contender entre si acerca de la validez o
nulidad de los mismos títulos” a los Tribunales de Justicia, ya que sólo a estos compete
la decisión, a todos los efectos, de proclamar dicha validez o nulidad.
cve: BOE-A-2021-20037
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 289
Viernes 3 de diciembre de 2021
Sec. III. Pág. 149476
de 1862, dispone que ‘El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe,
conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales’, función de garantía
de legalidad que igualmente destaca el Reglamento de la Organización y Régimen del
Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, en su art 145, párrafo 2, al
imponer a los Notarios no sólo la excusa de su ministerio sino la negativa de la
autorización notarial cuando ‘...el acto o el contrato, en todo o en parte, sean contrarios a
las leyes, a la moral y a las buenas costumbres, o se prescinda por los interesados de
los requisitos necesarios para la plena validez de los mismos’...”.
Sosteniendo a continuación que:
“... La función pública notarial incorpora, pues, un juicio de legalidad sobre la forma y
el fondo del negocio jurídico que es objeto del instrumento público, y cabe afirmar, por
ello, que el deber del Notario de velar por la legalidad forma parte de su función como
fedatario público...”
5.2 Dicho esto, abordamos la última cuestión de interés para este debate: La
calificación registral de las escrituras no se extiende al juicio de suficiencia
representativa, ni desde una perspectiva formal, ni desde una perspectiva material.
Así resulta de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001.
El primero nos dice que los registradores calificarán bajo su responsabilidad, Por
consiguiente, todo lo que se encuentra extramuros de la responsabilidad del registrador,
queda fuera del ámbito de su calificación. El segundo nos dice que la responsabilidad y
competencia del juicio de suficiencia formal y material de la representación es exclusiva
del notario.
La jurisprudencia del Pleno del Tribunal Supremo ha dejado meridianamente claro
que la actividad de comprobación registral del juicio de suficiencia es puramente
requisital (SSTS 23 de septiembre de 2011, 20 y 22 de noviembre de 2018)) y se
proyecta limitadamente a la constancia de dos datos. De un lado, la comprobación de
que se ha identificado el título legítimo de representación, con expresión tanto del notario
o autoridad que Jo haya otorgado o decretado, como de los demás elementos que
permita n su individualización; señaladamente, el tipo de documento, la fecha y número
de protocolo o autos. De otro, a la congruencia del juicio emitido por el notario
autorizante –bajo su responsabilidad– con referencia al acto o contrato de que se trate.
Fuera de estos estrictos términos, el registrador carece de competencia para
cuestionar la forma y el fondo de ese juicio, como hace en la calificación recurrida, en la
que parece exigir expresiones sacramentales que resulten cómodas a la oficina registral
según su eventual saber y entender, tales como las que apunta: “documento auténtico” o
“copia autorizada” que, a fortiori, son sinónimas a las manejadas en la escritura calificada
(“título legítimo de representación, “título público” o “documento fehaciente”). Pero, en
cualquier caso, tal exigencia supone una extralimitación de la función registral que no se
extiende a la selección o predisposición de los vocablos o del uso del lenguaje técnico de
redacción de los instrumento s públicos, ni de la plasmación o relato de los elementos
necesarios de cognición exhibidos o de la voluntad manifestada de los otorgantes, sino a
la inscripción de tales actos redactados con propiedad por el funcionario competente,
bajo su dación de fe, amparadas cabalmente por la RAE y la DPEJ, más allá de lo usual
o cómodas que puedan resultar tales expresiones y del gusto o preferencia s del
funcionario territorial.
Por esa razón, lo que el registrador hace cuando califica es analizar uno de los
posibles efectos del título –su inscribibilidad– y, por idéntica causa, la calificación del
registrador no puede extravasar el estricto ámbito registral y no extiende sus
consecuencias al resto de los efectos de ese título en el ámbito negocial civil o mercantil.
Lo expuesto queda corroborado por la misma Ley Hipotecaria que en su artículo 66
remite a los interesados que quieran “ventilar y contender entre si acerca de la validez o
nulidad de los mismos títulos” a los Tribunales de Justicia, ya que sólo a estos compete
la decisión, a todos los efectos, de proclamar dicha validez o nulidad.
cve: BOE-A-2021-20037
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Núm. 289
