III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2021-20037)
Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Adeje a inscribir una escritura de préstamo con constitución de hipoteca.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 3 de diciembre de 2021
Sec. III. Pág. 149475
aduce, cumpliendo con la carga de exhibirlo, en virtud de la conocida teoría de la
responsabilidad por la confianza (la vertrauenshaftungt), según la cual, 1a apariencia en
que legítimamente confía el tercero, debe asumirla quien sea responsable de ella,
aunque sea falsa y le resulte adversa.
La llamada presunción de integridad (vollstandigkeitvermutung), como aspecto
negativo de la oponibilidad, no es más que la aplicación normativa de la teoría de la
responsabilidad por la confianza, tanto al registro (art 32 LH) como al instrumento público
(art. 1219 CC), dada la apariencia de titularidad que ambos suscitan, de manera que el
título anterior no inscrito puede devenir inoponible frente al posterior inscrito, igual que
tampoco se sobrepone a una escritura, en perjuicio de terceros que confían en ella, otra
posterior que la desvirtúe, mientras no se haya anotado al margen de su matriz y de su
copia o traslado (art. 1219 CC). Y ese efecto originario se sacrifica contra el sujeto que
es responsable de la causa del conflicto, por su negligencia de no haber exhibido o,
alternativamente, haber inscrito o anotado su propio título, para evitar una falsa
confianza, mediante la postergación del mismo, que experimenta así una pérdida –no
una falta– de oponibilidad, una inoponibilidad parcial sobrevenida (no originaria) con
relación a otro.
Concretando esta doctrina al supuesto debatido, el título público de apoderamiento
es invocado y acreditado ante el notario recurrente que explícitamente advierte que “ha
tenido a la vista el título legítimo de representación” y más adelante se reitera que le ha
sido “exhibido” ese “título público”; tales afirmaciones del notario respecto de las
facultades representativas gozan, en consecuencia, de una oponibilidad originaria no
perdida, puesto que el notario afirma bajo su fe que el título público ha sido exhibido, sin
que exista nota que lo desvirtúe (literalmente se dice “no revocado ni modificado'1 por lo
que la calificación notarial del mismo se impone erga omnes bajo una presunción iuris
tantum de veracidad e integridad (art, 17 bis 2 LON, 1218 y 1219 CC), incontrovertible
fuera del proceso (RDGRN 12 de abril de 2002 y artículo 66 de la LH).
Por el contrario, la calificación registral no tiene siempre la misma extensión. Las
facultades y extensión de ese acto administrativo difieren sustancialmente según el
extremo analizado. A veces, la calificación tiene contenido jurídico y se extiende a la
validez intrínseca del extremo calificado (art. 98.1 RH), otras, a meros aspectos externos
o formales del procedimiento (art. 99 RH) y, en fin, en otros supuestos el registrador
únicamente califica (requisitalmente) la expresión suficiente de alguna circunstancia o
dato (art 98.2 RH). Esto es lo que acontece con la capacidad natural y desde la
Ley 24/2001 con la capacidad jurídica o legitimación del representante.
Si como ya se ha expuesto, se presume veraz e íntegro el documento público, esos
mismos atributos son parangonables respecto a la valoración o juicio notarial de la
suficiencia formal y de fondo de las facultades representativas (artículo 17 bis de la Ley
del Notariado), con los efectos legitimadores que se derivan para el tráfico de esta
afirmación.
Todo ello en armonía con la distinción entre el control de legalidad que el notario está
obligado a realizar en el momento de la firma del contrato (el control de legalidad notarial
es omnicomprensivo, simultáneo, intrínseco y esencial) y la calificación registral del
documento, si este tuviera cláusulas inscribibles, calificación que realiza posteriormente
el registrador a los solos efectos de determinar la inscribibilidad de tales cláusulas (la
calificación es un escrutinio de legalidad parcial, sucesivo, extrínseco, accidental y
limitado a los solos efectos de la publicidad del título). De ahí que pueden inscribirse
títulos nulos o no acceder al registro títulos válidos, ya sea porque opere la regla del
tracto, la protección del tercero o por otros diversos motivos que no procede colacionar
ahora.
Esta distinción fundamental ha sido explícitamente reconocida por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 207/1999, al afirmar que:
“... A los Notarios, en cuanto fedatarios públicos, les incumbe en el desempeño de la
función notarial el juicio de legalidad, sea con apoyo en una ley estatal o autonómica,
dado que el art. 1 de la vieja Ley por la que se rige el Notariado, ley de 28 de mayo
cve: BOE-A-2021-20037
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 289
Viernes 3 de diciembre de 2021
Sec. III. Pág. 149475
aduce, cumpliendo con la carga de exhibirlo, en virtud de la conocida teoría de la
responsabilidad por la confianza (la vertrauenshaftungt), según la cual, 1a apariencia en
que legítimamente confía el tercero, debe asumirla quien sea responsable de ella,
aunque sea falsa y le resulte adversa.
La llamada presunción de integridad (vollstandigkeitvermutung), como aspecto
negativo de la oponibilidad, no es más que la aplicación normativa de la teoría de la
responsabilidad por la confianza, tanto al registro (art 32 LH) como al instrumento público
(art. 1219 CC), dada la apariencia de titularidad que ambos suscitan, de manera que el
título anterior no inscrito puede devenir inoponible frente al posterior inscrito, igual que
tampoco se sobrepone a una escritura, en perjuicio de terceros que confían en ella, otra
posterior que la desvirtúe, mientras no se haya anotado al margen de su matriz y de su
copia o traslado (art. 1219 CC). Y ese efecto originario se sacrifica contra el sujeto que
es responsable de la causa del conflicto, por su negligencia de no haber exhibido o,
alternativamente, haber inscrito o anotado su propio título, para evitar una falsa
confianza, mediante la postergación del mismo, que experimenta así una pérdida –no
una falta– de oponibilidad, una inoponibilidad parcial sobrevenida (no originaria) con
relación a otro.
Concretando esta doctrina al supuesto debatido, el título público de apoderamiento
es invocado y acreditado ante el notario recurrente que explícitamente advierte que “ha
tenido a la vista el título legítimo de representación” y más adelante se reitera que le ha
sido “exhibido” ese “título público”; tales afirmaciones del notario respecto de las
facultades representativas gozan, en consecuencia, de una oponibilidad originaria no
perdida, puesto que el notario afirma bajo su fe que el título público ha sido exhibido, sin
que exista nota que lo desvirtúe (literalmente se dice “no revocado ni modificado'1 por lo
que la calificación notarial del mismo se impone erga omnes bajo una presunción iuris
tantum de veracidad e integridad (art, 17 bis 2 LON, 1218 y 1219 CC), incontrovertible
fuera del proceso (RDGRN 12 de abril de 2002 y artículo 66 de la LH).
Por el contrario, la calificación registral no tiene siempre la misma extensión. Las
facultades y extensión de ese acto administrativo difieren sustancialmente según el
extremo analizado. A veces, la calificación tiene contenido jurídico y se extiende a la
validez intrínseca del extremo calificado (art. 98.1 RH), otras, a meros aspectos externos
o formales del procedimiento (art. 99 RH) y, en fin, en otros supuestos el registrador
únicamente califica (requisitalmente) la expresión suficiente de alguna circunstancia o
dato (art 98.2 RH). Esto es lo que acontece con la capacidad natural y desde la
Ley 24/2001 con la capacidad jurídica o legitimación del representante.
Si como ya se ha expuesto, se presume veraz e íntegro el documento público, esos
mismos atributos son parangonables respecto a la valoración o juicio notarial de la
suficiencia formal y de fondo de las facultades representativas (artículo 17 bis de la Ley
del Notariado), con los efectos legitimadores que se derivan para el tráfico de esta
afirmación.
Todo ello en armonía con la distinción entre el control de legalidad que el notario está
obligado a realizar en el momento de la firma del contrato (el control de legalidad notarial
es omnicomprensivo, simultáneo, intrínseco y esencial) y la calificación registral del
documento, si este tuviera cláusulas inscribibles, calificación que realiza posteriormente
el registrador a los solos efectos de determinar la inscribibilidad de tales cláusulas (la
calificación es un escrutinio de legalidad parcial, sucesivo, extrínseco, accidental y
limitado a los solos efectos de la publicidad del título). De ahí que pueden inscribirse
títulos nulos o no acceder al registro títulos válidos, ya sea porque opere la regla del
tracto, la protección del tercero o por otros diversos motivos que no procede colacionar
ahora.
Esta distinción fundamental ha sido explícitamente reconocida por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 207/1999, al afirmar que:
“... A los Notarios, en cuanto fedatarios públicos, les incumbe en el desempeño de la
función notarial el juicio de legalidad, sea con apoyo en una ley estatal o autonómica,
dado que el art. 1 de la vieja Ley por la que se rige el Notariado, ley de 28 de mayo
cve: BOE-A-2021-20037
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