BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282

Jueves 25 de noviembre de 2021

Sec. TC. Pág. 145279

trata, en suma, de un marco satisfactorio de las exigencias de claridad, certidumbre y
precisión que resultan de los arts. 9.3 y 53.1 CE.
A mayor abundamiento, debe considerarse el art. 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980,
de 5 de julio, de libertad religiosa, de conformidad con el cual el ejercicio de los derechos
dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del
derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales,
así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública,
elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una
sociedad democrática. Se cita la STEDH de 9 de abril de 2002, asunto Cisse c. Francia.
Se concluyó con la súplica de que se dictara sentencia por la que se inadmitiera
parcialmente y se desestimara íntegramente el recurso.
7. Por providencia de 26 de octubre de 2021, se señaló para deliberación y
votación de la presente sentencia el día 27 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.

Objeto y alcance de la impugnación.

A)

Objeto.

Son diversas, aunque muy estrechamente relacionadas, las disposiciones del
Congreso de los Diputados y del Gobierno que han sido impugnadas en el presente
recurso. Nada hay que objetar a esta acumulación inicial de acciones cuando, como aquí
ocurre, existe una conexión objetiva entre unas y otras de las pretensiones deducidas
(SSTC 52/2017, de 10 de mayo, FJ 1, y 148/2021, de 14 de julio, FJ 1).
En este sentido, el recurso propugna la declaración de inconstitucionalidad y nulidad
de: (i) los apartados 2 y 3 del art. 2, y los arts. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 14 del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, «por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2» (en adelante, el
Real Decreto 926/2020); (ii) asimismo, los apartados segundo, cuarto y quinto de la
Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de igual fecha por el que el Pleno de la Cámara
autorizó la prórroga del anterior estado de alarma; y (iii) el art. 2, la disposición transitoria
única y los apartados uno, dos y tres de la disposición final primera del Real
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre (en lo sucesivo, el Real Decreto 956/2020), por el
que, en virtud de la mentada autorización parlamentaria, se prorroga el estado de alarma
declarado por aquel Real Decreto 926/2020. En el antecedente 1 de esta sentencia se
ha dejado constancia de los datos relativos a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de unas disposiciones y otras.
Alcance.

Debemos comenzar haciendo una sumaria mención al alcance de la impugnación de
las disposiciones a que se refiere el recurso, sin perjuicio, cuando proceda, de su
transcripción literal. Esta referencia inicial conviene hacerla ahora –para una mayor
claridad– tomando como pauta las distintas censuras de inconstitucionalidad que la
demanda dirige contra aquellas, tachas todas que han sido refutadas, y en algún punto
calificadas de inadmisibles, por el abogado del Estado. También sobre estos contrarios
alegatos, expuestos con el necesario detalle en los antecedentes, se volverá más
adelante.
En atención al orden de exposición de la demanda, son tres las causas de invalidez
que cuestionan los recurrentes a las disposiciones impugnadas:
a) En primer lugar, el recurso censura como inconstitucionales y nulas las reglas
por las que fueron designadas, como autoridades competentes delegadas del Gobierno
para determinados efectos del estado de alarma y en los respectivos ámbitos

cve: BOE-A-2021-19512
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B)