BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 12 de octubre de 2021

Sec. I. Pág. 124266

Los sucesos de 1965, con el apoyo a las movilizaciones estudiantiles, conllevaron la
expulsión de sus cátedras con carácter permanente de tres destacados catedráticos.
La Capuchinada de Sarriá en 1966, con el cierre de la Universidad de Barcelona, y las
movilizaciones universitarias y los conciertos de Raimon de 1968 en la Universidad
Complutense de Madrid constituyeron las movilizaciones y luchas más conocidas de
aquel período.
En ese contexto de clandestinidad y de represión de las organizaciones políticas y
sindicales democráticas, del movimiento estudiantil y de las organizaciones sociales de
base, la lucha por la recuperación de las libertades democráticas constituía para la
mayoría una prioridad.
La documentación que producían las organizaciones políticas en clandestinidad,
sindicales, y movimientos sociales, su tenencia, la radiodifusión o cualquier otro
procedimiento que facilitase la publicidad de ideas contrarias al régimen dentro o fuera
de España o la propaganda anticonceptiva constituían delitos duramente castigados por
el vigente Código Penal de 1944. La represión franquista se concentró especialmente en
las organizaciones de la izquierda obrera. La ejecución en abril de 1963 de Julián
Grimau levantó una oleada de protestas internacionales. Como consecuencia de ellas
los «delitos políticos» pasaron de la jurisdicción militar a la civil, al crearse el Tribunal de
Orden Público (TOP). En sus cuatro primeros años de actividad, este tribunal incoaría
más de 4500 sumarios por delitos de «propaganda ilegal», «asociación ilícita», «reunión
ilegal», «manifestación ilegal», «difamación del jefe del estado» y otros delitos similares
imputados principalmente a los opositores a la dictadura franquista.
Los documentos incautados por la Policía del franquismo que forman parte de esos y
de otros procesos y expedientes son testimonios inequívocos de la actividad de las
principales organizaciones políticas y sindicales de oposición al franquismo y constituyen
los testimonios irrefutables de la represión ejercida contra sus miembros; grupo éste al
que, poco a poco, se irían añadiendo los documentos de la nuevas organizaciones y
movimientos sociales, entre los que, como en el caso europeo, también se encontrarán
los de los grupos y organizaciones religiosas de carácter progresista, los de las
organizaciones de la emigración, los de las organizaciones de mujeres y asociaciones
feministas, los de grupos ecologistas y antinucleares, los de los movimientos
campesinos, los de objetores de conciencia, los de organizaciones juveniles y
estudiantiles y de otra serie de organizaciones como los consumidores, de lucha por los
derechos humanos o por la igualdad, la diversidad y los movimientos de liberación
sexual (LGTBI), los de los grupos ecologistas y antinucleares, los de objetores de
conciencia y de otra serie de organizaciones, buena parte de cuyos miembros también
participaban de las diferentes luchas de los movimientos vecinales y de los movimientos
por los derechos civiles.
Así, por movimientos sociales debe entenderse, a los efectos de disposición,
aquellas agrupaciones y organizaciones formales e informales que independientemente
de su nivel organizativo surgen a fines del siglo XIX y han articulado diferentes dinámicas
de reivindicación y activismo con proyección pública.
El núcleo fundamental de la documentación conservada relativa a las organizaciones
y movimientos sociales está constituido por los documentos que las propias
organizaciones políticas y sindicales más representativas, y con mayor grado de
organización consiguieron sacar del país de manera clandestina. A esos documentos
hay que añadir los conservados y generados por estas organizaciones en el exterior y
por sus militantes, afiliados y simpatizantes durante el largo exilio en los diferentes
países de Europa y América, así como en los lugares en los que concentraron sus
principales aparatos y sus archivos más importantes.
Estos archivos, ubicados también en diferentes países en los que se concentraron el
mayor número de exiliados españoles y en los que las organizaciones contaban con
mejores medios e infraestructuras, serían repatriados poco después de producirse la
recuperación de las libertades y el restablecimiento de la democracia en España y
pasarían a ser gestionados por las propias organizaciones políticas y sindicales mediante

cve: BOE-A-2021-16479
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Núm. 244