BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 11 de octubre de 2021

Sec. I. Pág. 123581

rol propio de cada uno, constituye un objetivo necesario para avanzar en la igualdad de
oportunidades y la inclusión social.
Además de lo que antecede, la necesidad de impulsar la presente norma viene
justificada por la importante presencia de estas entidades en Castilla y León, existiendo
más de 3.000 entidades que forman el Tercer Sector de Castilla y León, con un
importante número de intervenciones sociales en la Comunidad. Esta realidad, unida a la
dispersión territorial, la existencia de núcleos de población muy pequeños y un
envejecimiento elevado, ha dado un mayor protagonismo a estas entidades que
presentan un importante arraigo e implantación en el territorio, lo que las configura como
entidades idóneas, por su mayor cercanía y relación con los ciudadanos, para detectar y
dar cobertura a determinadas situaciones de mayor vulnerabilidad social.
Con la presente regulación se pretende, entre otros extremos, dar cobertura a
determinadas necesidades, como la de reforzar la colaboración entre las
Administraciones públicas y Tercer Sector Social, en el diseño de las políticas sociales
para responder a los desafíos de una sociedad global. Del mismo modo, la necesidad de
articular y consolidar espacios de cooperación y coordinación entre distintas ramas de la
protección social (sanitaria, educativa, empleo y vivienda) con la implicación del Tercer
Sector. Igualmente, la necesidad de avanzar hacia nuevas formas de relación con la
sociedad civil que permitan promover un modelo de Administración abierta en la que las
entidades del Tercer Sector tienen mayor implicación y protagonismo en lo público desde
la perspectiva del servicio a las personas. Asimismo, la necesidad de apoyar el
fortalecimiento del Tercer Sector teniendo en cuenta que es un actor clave en la provisión
del bienestar, especialmente en el caso de las personas vulnerables, y finalmente la
necesidad de contribuir a fortalecer la propia estructuración del Tercer Sector mediante el
apoyo a las redes de organizaciones.
Todo ello resulta, además, acorde con lo previsto en la Agenda 2030, sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la ONU, toda vez que en ella se
reconoce a los derechos sociales como principio de acción en el seno de la citada
organización y que debe inspirar la acción de las Administraciones públicas.
De este modo, la realidad del Tercer Sector Social en Castilla y León ha supuesto de
hecho la aparición del diálogo civil como espacio institucionalmente reconocido de
participación social y democrática, facilitando la posibilidad de que las personas, grupos,
colectivos o comunidades con presencia en la intervención social tengan derecho a
participar en todas las fases referidas a las políticas públicas que les conciernen con los
límites que establezca la ley.
Así dentro del Tercer Sector y la participación que supone el diálogo civil, el
voluntariado se ha configurado en sí mismo como una forma de participación social de
los ciudadanos y por lo tanto está dentro del ámbito de la promoción que tienen que
realizar los poderes públicos, para que la libertad e igualdad de los individuos y de los
grupos remuevan los obstáculos que limitan indebidamente la participación de todos los
castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social.
Las entidades del Tercer Sector Social combinan a la perfección la respuesta a las
necesidades, cooperando con las Administraciones públicas, con su capacidad de
análisis crítico, denuncia y planteamiento de alternativas que suponen una contribución
fundamental tanto a las personas, colectivos o grupos a los que prestan servicios como
al conjunto de la sociedad castellano y leonesa, en cuanto son expresión de solidaridad,
ayuda, participación y cohesión social, impulsando desde su ámbito de actuación la
aplicación de políticas públicas. Asimismo, se debe reconocer como en la evolución del
voluntariado en la Comunidad han tenido especial importancia las diversas entidades y
plataformas de voluntariado que, como en el caso de Cruz Roja y Cáritas y las más
de 300 entidades que existen en la Comunidad, han liderado una opción de desarrollo y
promoción de un voluntariado de calidad, comprometido con el desarrollo solidario de la
sociedad de Castilla y León.

cve: BOE-A-2021-16411
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Núm. 243