BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231

Lunes 27 de septiembre de 2021

Sec. III. Pág. 117853

la LPAC, señalando, asimismo, que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos
en la propia LCSP por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie
al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá
conforme a la normativa específica en la materia. No consta que se hayan iniciado actuaciones
tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos descritos.
Registro en contabilidad de las operaciones y procedimiento de facturación
El Ayuntamiento de Toledo tiene la consideración de municipio de gran población, por aplicación de
la Ley 11/2004 de 21 de diciembre dictada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
por lo que es obligatoria la separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la
gestión económico-financiera.
En consonancia con lo anterior, cuenta con una organización diferenciada para la llevanza de la
contabilidad e Intervención. Contabilidad se encarga de las fases contables previas a la ordenación
del pago y la realización del pago material, estas dos últimas fases están residenciadas en la
Tesorería. Esta organización supone una adecuada segregación de funciones, puesto que permite
más fácilmente la verificación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad y la
adecuación de los pagos al plan de disposición de fondos por el departamento de Tesorería.
El Ayuntamiento de Toledo dispone de un registro electrónico de facturas vinculado con el sistema
contable.
El registro de las facturas exceptuadas de la obligación de facturación electrónica por ser su importe
inferior a 5.000 euros se realiza físicamente a través del registro contable, tras lo cual se procede a
su verificación y conformidad, fiscalización y aprobación.
Aunque durante el periodo fiscalizado Toledo no contaba con una instrucción de cierre del
presupuesto, actualmente dispone de una norma de regulación de esta materia.
La intervención ha puesto en conocimiento del Pleno en repetidas ocasiones el incumplimiento de
la entidad del plazo legal de pago de las obligaciones, tal y como le exige el artículo cuarto de la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Del examen realizado se aprecia que la incidencia más significativa que ha influido en la utilización
de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito ha sido la ausencia de contrato
administrativo licitado cuando este era procedente, fundamentalmente, y en relación con la
prestación analizada, por el lapso de tiempo entre la finalización del contrato y el inicio del
expediente del siguiente.
CONCLUSIONES

1. El reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) se utiliza generalmente como un
instrumento que posibilita la aplicación al presupuesto de obligaciones derivadas de
compromisos de gastos de ejercicios anteriores que no han sido debidamente adquiridos;
sin embargo su regulación en la normativa económico-presupuestaria del ámbito local es
insuficiente, lo que origina que se utilice para imputar a presupuestos gastos de muy
diferente naturaleza y que adolecen de deficiencias muy dispares en su tramitación.
El RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local (RCI) introdujo importantes novedades en el
control interno de las entidades locales y armonizó los procedimientos, alcance y técnicas a

cve: BOE-A-2021-15643
Verificable en https://www.boe.es

Respecto de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el
ámbito nacional (Subapartado II.1)