III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2021-15644)
Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 27 de septiembre de 2021
Sec. III. Pág. 117947
obligación legal de informar sobre los responsables de los diferentes órganos de la entidad local.
La información disponible sobre el personal directivo y su perfil y trayectoria profesional presenta
unos niveles mucho más reducidos (Subepígrafe II.1.2.1.E)
11. En relación con la planificación anual y plurianual, se observa un escaso número de entidades
que publican sus planes estratégicos, incluidos los de subvenciones, y en materia de igualdad,
con unos porcentajes insuficientes para las diputaciones y cabildos y consejos insulares, al igual
que ocurre con la planificación operativa. La gran mayoría de los ayuntamientos de población
inferior a 5.000 habitantes, comarcas, mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM
prácticamente no disponen de planes publicados. En el caso de las entidades dependientes, más
de la mitad de ellas no publican planes estratégicos ni planes de igualdad entre mujeres y
hombres. (Subepígrafe II.1.2.1.F)
B) EN RELACIÓN CON EL INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
12. La obligación de publicar el inventario de actividades de tratamiento de datos, introducida en
la LTAIBG por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, se cumple por un porcentaje muy reducido de entidades
locales, con una distribución muy heterogénea entre las entidades de distintas comunidades
autónomas, oscilando entre las de la Comunidad de Madrid (27 %) y las de Cantabria (0 %) y
Castilla y León (1 %), territorios estos últimos en los que predominaban las EATIM y los
ayuntamientos de reducida dimensión. Un porcentaje muy significativo de entidades dependientes
tampoco publica el mencionado inventario de actividades de tratamiento. (Subepígrafe II.1.2.2)
C) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA
13. Las obligaciones de información relativas a la información de relevancia jurídica presentan
mayor relación con las funciones ejercidas por las entidades territoriales, como ayuntamientos,
diputaciones y cabildos y consejos insulares, frente al resto de entidades locales, que
generalmente no aprueban los documentos de naturaleza jurídica previstos en la LTAIBG.
Además, la redacción del texto legal da lugar a confusión, en ocasiones, sobre el contenido de
dicha información, como ocurre con los documentos que deban ser sometidos a un periodo de
información pública, siendo interpretado frecuentemente por las entidades como el trámite de
consulta pública previa a la elaboración de disposiciones reglamentarias. El grado de
cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa, en relación con cualquier aspecto de la
información prevista en el artículo 7 de la LTAIBG, se considera insuficiente. (Subepígrafe II.1.2.3)
D) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA
14. La publicación de la información en materia de contratación prevista en la LTAIBG puede
efectuarse a través del perfil de contratante, si bien, a partir de la entrada en vigor de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el mismo debe alojarse, de forma
excluyente y exclusiva, en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en la respectiva
Plataforma de Contratación autonómica, según la opción adoptada por cada entidad local,
habiéndose verificado la existencia de entidades locales que siguen publicando el perfil de
contratante en sus páginas web, portales de transparencia o sedes electrónicas. La información
sobre contratos menores, en un número relevante de casos, se publica directamente por las
entidades, sin hacerlo además en la correspondiente Plataforma de Contratación pública.
(Subepígrafe II.1.2.4.A)
15. La información sobre convenios suscritos, encomiendas de gestión, encargos a medios propios
personificados y subvenciones concedidas presenta un escaso grado de publicidad o bien no se
encuentra actualizada, especialmente entre los ayuntamientos de población reducida y entidades de
menor dimensión. Aunque estas últimas no utilicen habitualmente algunas de dichas figuras
jurídicas, como las encomiendas de gestión o los encargos a medios propios, deberían informar
expresamente en caso de no haberse celebrado ninguna operación. (Subepígrafe II.1.2.4.A)
cve: BOE-A-2021-15644
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 231
Lunes 27 de septiembre de 2021
Sec. III. Pág. 117947
obligación legal de informar sobre los responsables de los diferentes órganos de la entidad local.
La información disponible sobre el personal directivo y su perfil y trayectoria profesional presenta
unos niveles mucho más reducidos (Subepígrafe II.1.2.1.E)
11. En relación con la planificación anual y plurianual, se observa un escaso número de entidades
que publican sus planes estratégicos, incluidos los de subvenciones, y en materia de igualdad,
con unos porcentajes insuficientes para las diputaciones y cabildos y consejos insulares, al igual
que ocurre con la planificación operativa. La gran mayoría de los ayuntamientos de población
inferior a 5.000 habitantes, comarcas, mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM
prácticamente no disponen de planes publicados. En el caso de las entidades dependientes, más
de la mitad de ellas no publican planes estratégicos ni planes de igualdad entre mujeres y
hombres. (Subepígrafe II.1.2.1.F)
B) EN RELACIÓN CON EL INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
12. La obligación de publicar el inventario de actividades de tratamiento de datos, introducida en
la LTAIBG por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, se cumple por un porcentaje muy reducido de entidades
locales, con una distribución muy heterogénea entre las entidades de distintas comunidades
autónomas, oscilando entre las de la Comunidad de Madrid (27 %) y las de Cantabria (0 %) y
Castilla y León (1 %), territorios estos últimos en los que predominaban las EATIM y los
ayuntamientos de reducida dimensión. Un porcentaje muy significativo de entidades dependientes
tampoco publica el mencionado inventario de actividades de tratamiento. (Subepígrafe II.1.2.2)
C) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA
13. Las obligaciones de información relativas a la información de relevancia jurídica presentan
mayor relación con las funciones ejercidas por las entidades territoriales, como ayuntamientos,
diputaciones y cabildos y consejos insulares, frente al resto de entidades locales, que
generalmente no aprueban los documentos de naturaleza jurídica previstos en la LTAIBG.
Además, la redacción del texto legal da lugar a confusión, en ocasiones, sobre el contenido de
dicha información, como ocurre con los documentos que deban ser sometidos a un periodo de
información pública, siendo interpretado frecuentemente por las entidades como el trámite de
consulta pública previa a la elaboración de disposiciones reglamentarias. El grado de
cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa, en relación con cualquier aspecto de la
información prevista en el artículo 7 de la LTAIBG, se considera insuficiente. (Subepígrafe II.1.2.3)
D) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA
14. La publicación de la información en materia de contratación prevista en la LTAIBG puede
efectuarse a través del perfil de contratante, si bien, a partir de la entrada en vigor de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el mismo debe alojarse, de forma
excluyente y exclusiva, en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en la respectiva
Plataforma de Contratación autonómica, según la opción adoptada por cada entidad local,
habiéndose verificado la existencia de entidades locales que siguen publicando el perfil de
contratante en sus páginas web, portales de transparencia o sedes electrónicas. La información
sobre contratos menores, en un número relevante de casos, se publica directamente por las
entidades, sin hacerlo además en la correspondiente Plataforma de Contratación pública.
(Subepígrafe II.1.2.4.A)
15. La información sobre convenios suscritos, encomiendas de gestión, encargos a medios propios
personificados y subvenciones concedidas presenta un escaso grado de publicidad o bien no se
encuentra actualizada, especialmente entre los ayuntamientos de población reducida y entidades de
menor dimensión. Aunque estas últimas no utilicen habitualmente algunas de dichas figuras
jurídicas, como las encomiendas de gestión o los encargos a medios propios, deberían informar
expresamente en caso de no haberse celebrado ninguna operación. (Subepígrafe II.1.2.4.A)
cve: BOE-A-2021-15644
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 231
