BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231

Lunes 27 de septiembre de 2021

Sec. III. Pág. 118013

“Transparencia y modernización administrativa del área de gestión económica” que exigían una
formación en nuevas tecnologías y un conocimiento de la situación de la entidad en estas materias
difícil de adecuarse a los perfiles de los trabajadores a contratar en ejecución del Plan. También
esta entidad llevó a cabo un proyecto denominado “Control de establecimientos que puedan tener
repercusión sobre la salud de los consumidores” que debería haberse reservado a personal con
formación y experiencia sanitaria suficiente.
El destinar trabajadores contratados en ejecución del Plan de Empleo a desarrollar tareas propias
de los servicios municipales, con independencia de la falta de adecuación de los perfiles
profesionales a las tareas a desarrollar, ocasionó conflictividad laboral a causa de las diferencias
retributivas entre el personal del ayuntamiento y los trabajadores contratados en el Plan de Empleo
ya que las retribuciones establecidas en las tablas salariales de los correspondientes Convenios
Colectivos eran sensiblemente superiores a las retribuciones subvencionadas en el Plan. La
realización de tareas iguales o análogas a las que desarrollaba el personal de las entidades dio
lugar a litigios que en algunos casos obligó a las entidades a abonar con cargo a sus presupuestos
las correspondientes diferencias salariales.
A pesar de las deficiencias señaladas en la selección de los proyectos, todos ellos fueron
aprobados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y subvencionados.

La justificación de la realización de los proyectos venía regulada en las bases reguladoras de las
tres convocatorias que establecía la documentación que debían presentar las entidades locales
para llevar a cabo esta justificación y fijaba el plazo de un mes para la presentación de la misma
desde la finalización de cada proyecto.
El documento fundamental a través del cual se llevaba a cabo esta justificación, era la certificación
de finalización del proyecto. Esta certificación especificaba los días de trabajo efectivo, los días de
baja y la causa de las mismas y el importe de salarios pagados a cada trabajador. También
especificaba las fechas de inicio y fin del proyecto. Constituía, en definitiva, una recopilación de los
datos más significativos de la documentación justificativa que debían aportar las entidades
beneficiarias.
En función de esta documentación justificativa la Junta establecía la liquidación correspondiente a
cada trabajador, determinando los días de trabajo efectivos, los días de absentismo y los días de
baja. Se cuantificaban los días de baja subvencionables según la normativa, los días totales
cubiertos por la subvención y el importe de la misma correspondiente a cada trabajador. A la
entidad le correspondía la subvención por el conjunto de los trabajadores contratados y se ajustaba
a este importe la suma inicialmente concedida.

La mayor parte de las entidades presentaron la documentación justificativa de los proyectos con
mucho retraso respecto a los 30 días de plazo establecido desde la finalización de los proyectos. El
69 % de los proyectos se presentaron fuera de plazo; 574 de los 832 proyectos presentados por las
entidades de la muestra. En la primera convocatoria de 2016, 319 proyectos fueron presentados
fuera de plazo, lo que representaba un 80 % de los proyectos ejecutados en esa convocatoria por
las entidades de la muestra. En la segunda convocatoria de 2016, 64 proyectos de las entidades
fueron presentados fuera de plazo y estos representaban un 91 % del total de los proyectos
realizados. En la convocatoria de 2017, fueron 191 los proyectos presentados fuera de plazo, el 52
% del total de los proyectos presentados por las entidades analizadas.

cve: BOE-A-2021-15645
Verificable en https://www.boe.es

Una vez realizada esta liquidación, se abonaba el 25 % del importe de la subvención pendiente de
abonar (el 75 % ya lo había abonado la Junta a las entidades en el momento del inicio de cada
proyecto).