BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218

Sábado 11 de septiembre de 2021

Sec. III. Pág. 110862

Artículo 18.

Resolución de concesión.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será la la persona titular
de la Secretaría de Estado de Comercio, sin perjuicio de las delegaciones vigentes en la
materia. En un plazo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta
de resolución definitiva, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y

cve: BOE-A-2021-14817
Verificable en https://www.boe.es

3. Esta Comisión de evaluación estará asistida por un equipo técnico de gestión de
la ayuda convocada, bajo la dirección del órgano instructor y conforme a lo establecido en
el artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, compuesto por 3 funcionarios
adscritos a la Subdirección General de Apoyo a la Competitividad del Pequeño Comercio,
designados por el titular de la Dirección General de Política Comercial.
Este equipo técnico, bajo la dirección del órgano instructor y conforme a lo
establecido en el artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizará un
análisis de los proyectos recibidos de las entidades locales, la comprobación del
cumplimiento de los requisitos de las convocatorias, su evaluación en base a los criterios
de evaluación aprobados y trasladará las propuestas al representante de cada
comunidad o ciudad autónoma, designado por el titular de la Dirección General
competente en materia de comercio en el marco de estas ayudas, a los efectos de
garantizar la integración de los proyectos presentados en las políticas sectoriales
territoriales en el marco de cada Comunidad Autónoma.
Las propuestas así evaluadas serán finalmente evaluadas en su conjunto en el
marco de la Comisión de Evaluación. El órgano colegiado deberá emitir informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
4. El funcionamiento de la Comisión de valoración se ajustará al régimen
establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. Los miembros de la Comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna
por el ejercicio de sus funciones en el mismo.
6. De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los
miembros de la Comisión de evaluación reforzarán su implicación en este objetivo a
través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a
mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la
declaración original, pasando a cesar como vocal.
7. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado deberá emitir informe en
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada
8. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
evaluación, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una
lista de solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de
los solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión.
9. La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que
en el plazo de diez días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.
10. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el
órgano de instrucción formulará la propuesta de concesión de la subvención, que será
notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en
el plazo de diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación
propuesta. Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. El
órgano instructor la elevará como propuesta de resolución definitiva al órgano
concedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
11. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno
en favor de los beneficiarios propuestos.