BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 26 de junio de 2021

Sec. I. Pág. 76802

progresivamente vengan a reducir el problema de la despoblación del rural, sino que
también constituye una apuesta clara por la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, en la medida en que facilita la movilidad y disponibilidad de tierras y crea unas
condiciones de desarrollo de las iniciativas de emprendimiento agroganadero y forestal
más equitativas entre géneros.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta la función social del derecho de
propiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución española, la principal
motivación de la presente ley es luchar contra el abandono y la infrautilización de las tierras
y facilitar base territorial suficiente a aquellas explotaciones que la precisan, al tiempo que
procurar anticiparse a los incendios y trabajar, en definitiva, por la recuperación demográfica
y por la mejora de la calidad de vida de la población en el rural.
Todas las cuestiones mencionadas, más allá de los problemas ambientales y de la
crisis climática, obligan a la producción agraria a evolucionar hacia un modelo más
sostenible y respetuoso con el medio ambiente; también hacia un aprovechamiento de
los recursos endógenos y compatibles con una producción forestal ordenada. Y a eso es
a lo que tiende, entre otras cuestiones, el planteamiento de la nueva PAC y de las
medidas e incentivos en ella incluidos, que darán apoyo de modo transversal a los
mecanismos e instrumentos regulados en la presente ley.
Galicia presenta, en términos objetivos, evidentes ventajas para competir en esas
condiciones, pero no sin dificultades. Para esto debe, lo antes posible, corregir los
desequilibrios que se producen y que, de un modo resumido, se exponen a continuación.
En primer lugar, los graves problemas de su estructura territorial agraria: una parte
importante del suelo rústico de Galicia está compuesta por pequeñas parcelas dispersas
pertenecientes a propietarios, en su mayoría, desligados del rural. Esto es fruto,
fundamentalmente, de un proceso de desagrarización, que redujo la población activa
empleada en la agricultura a menos de la décima parte de la que tenía hace cincuenta
años y que supuso una notable merma de la superficie agraria útil gallega.
Paralelamente, no se ha producido un crecimiento proporcional del tamaño de las
explotaciones, lo que se tradujo en un fuerte incremento del abandono de las tierras
agrarias, que, en muchos casos, son tierras de alta o muy alta productividad. Por este
motivo, es necesario proporcionar herramientas orientadas a conseguir una superficie
agraria útil y una superficie media de las explotaciones próxima a los promedios
nacionales y europeos.
Consecuencia evidente del abandono y de la desagrarización resulta ser, sobre todo
en una estructura geográfica tan compleja como la gallega, la desestructuración en la
ordenación territorial de los usos agrarios. La excesiva fragmentación y la mezcla de los
diversos usos agroforestales, junto con su localización en terrenos que no son siempre
los óptimos para esos usos, provoca un incremento de costes y un menor rendimiento de
las actividades agrarias.
Por otra parte, el abandono de las tierras y la inexistencia de una ordenación territorial
de los usos agroforestales es la causa de importantes problemas ambientales y
socioeconómicos, entre los que destacan la vulnerabilidad frente a los incendios y la baja
eficiencia de las actividades agrarias. Está demostrado que el abandono y la desordenación
de usos favorece el incremento de los incendios y también su virulencia. Esta
multicausalidad en la generación de incendios se vio refrendada en el Dictamen de la
Comisión especial no permanente de estudio y análisis de las reformas de la política
forestal, de prevención y extinción de incendios forestales y del Plan forestal de Galicia,
de 31 de julio de 2018, del Parlamento de Galicia, que evaluó la experiencia acumulada
desde 2006 y, específicamente, la extraordinaria oleada de incendios que sufrió Galicia en
octubre de 2017, en el que se recogen un total de 22 recomendaciones referidas a la
necesidad de la ordenación de usos agrarios, a la mejora en el conocimiento de la
titularidad y al fomento de la movilidad de tierras productivas. Todas estas recomendaciones
están explícitamente recogidas a lo largo del articulado de la presente ley.
Por último, al mismo tiempo que existe tierra abandonada y, por lo tanto, disponible,
el índice de movilización –por compraventas o arrendamientos– de nuestras tierras

cve: BOE-A-2021-10669
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Núm. 152