T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2021-10021)
Pleno. Sentencia 108/2021, de 13 de mayo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4062-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Vox en el Congreso respecto de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Principio de reserva de jurisdicción; derecho a la tutela judicial efectiva e intangibilidad de las sentencias, derechos al honor, intimidad y propia imagen, a la protección de datos y a la presunción de inocencia; garantías del proceso penal: interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales que establecen el deber de colaboración de los poderes públicos navarros en la realización del "derecho a la verdad" y definen las funciones que puede desempeñar la Comisión de Reconocimiento y Reparación en la averiguación, documentación y acreditación de hechos (STC 83/2020). Voto particular.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 15 de junio de 2021
Sec. TC. Pág. 73199
finalidad asistencial o protectora no era la única perseguida; y excluye a las personas
fallecidas o heridas por la manipulación de armas o explosivos (art. 2).
Los autos del Tribunal Constitucional 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017 y 34/2017,
de 27 de septiembre, y decisión de 25 de junio de 2019, asunto 73911-16 (María Cristina
Larrañaga Arando c. España y otras tres demandas), y la decisión de la misma,
asuntos 75529-16 y 79503-16 (Karmele Martínez Agirre y Nagore Otegi Martínez c.
España y otra demanda) que los confirman, respaldan la constitucionalidad de la Ley
Foral 16/2019.
b) Alega que los derechos de terceras personas están garantizados en el art. 5.5.
La comisión ha de efectuar un resumen de los hechos, a efectos de analizar si se
cumplen los requisitos de la ley, en especial si concurre la relación de causalidad entre
los hechos y los perjuicios acreditados, pero ni sanciona ni depura responsabilidades
penales, ni siquiera es necesario que se identifique a las personas que intervinieron en
los mismos. Por ello ha de descartarse la vulneración del derecho a la presunción de
inocencia, ni siquiera en su dimensión extraprocesal (AATC 30/2017 a 34/2017 y
decisiones citadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). La comisión carece por
completo de competencias para apreciar la responsabilidad penal o administrativa en
que hubieran podido incurrir las personas implicadas en los hechos que ocasionaron la
vulneración de los derechos humanos de la víctima, incluso aunque las mismas
estuvieran identificadas. Buena prueba de ello son, entre otros, los arts. 5.6, 6, párrafo 3,
y 10.5.
La lesión del derecho al honor queda excluida de plano, desde el mismo momento
que la comisión no depura responsabilidades penales o administrativas, ni es preciso
que identifique a personas determinadas. Es aplicable la doctrina de las SSTC 227/1992,
de 14 de diciembre, FJ 4, y 50/1983, de 14 de junio, FJ 3, y los arts. 5.5, 6.4, 10.4, 13.2,
y 17.2 establecen cautelas para impedir la infracción de los derechos al honor y a la
protección de datos personales.
Tampoco se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. La eventualidad de una
indefensión acaecida dentro de los procedimientos administrativos únicamente tiene
relevancia constitucional cuando se trate de un expediente administrativo sancionador
(SSTC 118/1999, de 28 de junio, FJ 1; 159/2002, de 16 de septiembre, FJ 2, y
ATC 577/1988, de 9 de mayo). El ordenamiento jurídico contiene mecanismos para
proteger de la indefensión que pueda generar la actividad administrativa (arts. 25 y 114 y
ss. de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).
c) En el recurso de inconstitucionalidad interpuesto se insta la nulidad de la Ley
Foral 16/2019 en su conjunto, a excepción de los arts. 8, 22 y 23, pero lo cierto es que
nada se objeta respecto de muchos de sus preceptos, porque se critica
fundamentalmente lo relativo a la comisión. En ausencia de reproches concretos, ha de
prevalecer la presunción de constitucionalidad (STC 142/2018, de 20 de diciembre,
FJ 2).
6. El día 4 de octubre de 2019 tuvo entrada en el registro del Tribunal el escrito de
alegaciones del Parlamento de Navarra.
a) Expone en primer lugar que corresponde a los hoy recurrentes formular un
pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan en relación con el contenido de
la Ley Foral 16/2019, no resultando suficiente alegar que estamos ante el mismo caso
resuelto por la STC 85/2018. Las dos leyes forales en cuestión tienen contenidos
diferentes, por lo que, para que el recurso resulte admisible, es imprescindible realizar un
análisis de todos y cada uno de los preceptos de la ley cuya declaración de
inconstitucionalidad se pretende, si no se quiere faltar a la diligencia procesal requerida.
El recurso contiene una impugnación global carente de un contenido debidamente
desarrollado que la sustente. No existe la conexión debida entre el contenido de los
preceptos impugnados y los razonamientos en los que se pretende fundamentar la
petición de inconstitucionalidad. Así sucede con los arts. 2, 5, 9 a 12, capítulo IV, y arts.
17, 18 y 21.
cve: BOE-A-2021-10021
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 142
Martes 15 de junio de 2021
Sec. TC. Pág. 73199
finalidad asistencial o protectora no era la única perseguida; y excluye a las personas
fallecidas o heridas por la manipulación de armas o explosivos (art. 2).
Los autos del Tribunal Constitucional 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017 y 34/2017,
de 27 de septiembre, y decisión de 25 de junio de 2019, asunto 73911-16 (María Cristina
Larrañaga Arando c. España y otras tres demandas), y la decisión de la misma,
asuntos 75529-16 y 79503-16 (Karmele Martínez Agirre y Nagore Otegi Martínez c.
España y otra demanda) que los confirman, respaldan la constitucionalidad de la Ley
Foral 16/2019.
b) Alega que los derechos de terceras personas están garantizados en el art. 5.5.
La comisión ha de efectuar un resumen de los hechos, a efectos de analizar si se
cumplen los requisitos de la ley, en especial si concurre la relación de causalidad entre
los hechos y los perjuicios acreditados, pero ni sanciona ni depura responsabilidades
penales, ni siquiera es necesario que se identifique a las personas que intervinieron en
los mismos. Por ello ha de descartarse la vulneración del derecho a la presunción de
inocencia, ni siquiera en su dimensión extraprocesal (AATC 30/2017 a 34/2017 y
decisiones citadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). La comisión carece por
completo de competencias para apreciar la responsabilidad penal o administrativa en
que hubieran podido incurrir las personas implicadas en los hechos que ocasionaron la
vulneración de los derechos humanos de la víctima, incluso aunque las mismas
estuvieran identificadas. Buena prueba de ello son, entre otros, los arts. 5.6, 6, párrafo 3,
y 10.5.
La lesión del derecho al honor queda excluida de plano, desde el mismo momento
que la comisión no depura responsabilidades penales o administrativas, ni es preciso
que identifique a personas determinadas. Es aplicable la doctrina de las SSTC 227/1992,
de 14 de diciembre, FJ 4, y 50/1983, de 14 de junio, FJ 3, y los arts. 5.5, 6.4, 10.4, 13.2,
y 17.2 establecen cautelas para impedir la infracción de los derechos al honor y a la
protección de datos personales.
Tampoco se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. La eventualidad de una
indefensión acaecida dentro de los procedimientos administrativos únicamente tiene
relevancia constitucional cuando se trate de un expediente administrativo sancionador
(SSTC 118/1999, de 28 de junio, FJ 1; 159/2002, de 16 de septiembre, FJ 2, y
ATC 577/1988, de 9 de mayo). El ordenamiento jurídico contiene mecanismos para
proteger de la indefensión que pueda generar la actividad administrativa (arts. 25 y 114 y
ss. de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).
c) En el recurso de inconstitucionalidad interpuesto se insta la nulidad de la Ley
Foral 16/2019 en su conjunto, a excepción de los arts. 8, 22 y 23, pero lo cierto es que
nada se objeta respecto de muchos de sus preceptos, porque se critica
fundamentalmente lo relativo a la comisión. En ausencia de reproches concretos, ha de
prevalecer la presunción de constitucionalidad (STC 142/2018, de 20 de diciembre,
FJ 2).
6. El día 4 de octubre de 2019 tuvo entrada en el registro del Tribunal el escrito de
alegaciones del Parlamento de Navarra.
a) Expone en primer lugar que corresponde a los hoy recurrentes formular un
pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan en relación con el contenido de
la Ley Foral 16/2019, no resultando suficiente alegar que estamos ante el mismo caso
resuelto por la STC 85/2018. Las dos leyes forales en cuestión tienen contenidos
diferentes, por lo que, para que el recurso resulte admisible, es imprescindible realizar un
análisis de todos y cada uno de los preceptos de la ley cuya declaración de
inconstitucionalidad se pretende, si no se quiere faltar a la diligencia procesal requerida.
El recurso contiene una impugnación global carente de un contenido debidamente
desarrollado que la sustente. No existe la conexión debida entre el contenido de los
preceptos impugnados y los razonamientos en los que se pretende fundamentar la
petición de inconstitucionalidad. Así sucede con los arts. 2, 5, 9 a 12, capítulo IV, y arts.
17, 18 y 21.
cve: BOE-A-2021-10021
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Núm. 142
