I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Protección a la infancia y adolescencia. (BOE-A-2021-9347)
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134

Sábado 5 de junio de 2021

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2. Entre otros aspectos, los protocolos determinarán las actuaciones a desarrollar,
los sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de
cada actuación. Dicha coordinación deberá establecerse también con los ámbitos sanitario,
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judicial.
Asimismo, deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como
motivación la discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud
mental, la edad, prejuicios racistas o por lugar de origen, la orientación sexual, la identidad
o expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones
específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías o
dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad, reputación o el derecho a la
protección de datos personales de las personas menores de edad.
3. Las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos se
responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de
actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas
en los mismos.
4. Se llevarán a cabo actuaciones de difusión de los protocolos elaborados y
formación especializada de los profesionales que intervengan, a fin de que cuenten con la
formación adecuada para detectar situaciones de esta naturaleza.
Artículo 35.

Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de
los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como
al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que
ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por
estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.
Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos,
deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de
tutela, guarda o acogimiento.
b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones
educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales
competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora
necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.
c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y,
en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.
d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.
e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos
alternativos de resolución pacífica de conflictos.
f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y
protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad
autónoma.
g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra
circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

cve: BOE-A-2021-9347
Verificable en https://www.boe.es

1. Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad,
independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de
bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que
ostente la dirección o titularidad del centro.
2. Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y
funciones que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.
Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya
existente en el centro escolar o por nuevo personal.
Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección
deberán ser al menos las siguientes: