I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Personas con discapacidad. (BOE-A-2021-9233)
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 132
Jueves 3 de junio de 2021
Sec. I. Pág. 67839
2. A los efectos de esta Ley únicamente tendrán la consideración de personas
con discapacidad:
a) Las que presenten una discapacidad psíquica igual o superior al 33 por
ciento.
b) Las que presenten una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65
por ciento.
3. El grado de discapacidad se acreditará mediante certificado expedido
conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.»
Tres.
Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:
«1.
Podrán constituir un patrimonio protegido:
a) La propia persona con discapacidad beneficiaria.
b) Quienes presten apoyo a las personas con discapacidad.
c) La persona comisaria o titular de la fiducia sucesoria, cuando esté prevista
en la legislación civil, autorizada al respecto por el constituyente de la misma.
a) El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el
patrimonio protegido.
b) La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de
fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que
hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización.
Dicha determinación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 5 de esta
Ley.
c) Cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la
administración o conservación del patrimonio protegido.
Asimismo, el documento público o resolución judicial podrá establecer las
medidas u órganos de control que estime oportunos para garantizar el respeto de
los derechos, deseos, voluntad y preferencias del beneficiario, así como las
salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses e influencia
indebida.
Los Notarios comunicarán inmediatamente la constitución y contenido de un
patrimonio protegido por ellos autorizado al fiscal de la circunscripción
correspondiente al domicilio de la persona con discapacidad, mediante firma
electrónica avanzada. Igual remisión efectuarán de las escrituras relativas a las
aportaciones de toda clase, que se realicen con posterioridad a su constitución.
cve: BOE-A-2021-9233
Verificable en https://www.boe.es
2. Cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con
discapacidad, con el apoyo que requiera, la constitución de un patrimonio protegido,
ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados,
suficiente para ese fin.
En caso de negativa injustificada de la persona encargada de prestar aquel
apoyo, el solicitante podrá acudir al Ministerio Fiscal, quien instará de la autoridad
judicial lo que proceda atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la
persona con discapacidad. Si la autoridad judicial autorizara la constitución del
patrimonio protegido, la resolución judicial determinará el contenido a que se refiere
el apartado siguiente. El cargo de administrador no podrá recaer, salvo justa causa,
en la persona encargada de prestar el apoyo que se hubiera negado
injustificadamente a la constitución del patrimonio protegido.
3. El patrimonio protegido se constituirá en documento público, o por resolución
judicial en el supuesto contemplado en el apartado anterior.
Dicho documento público o resolución judicial tendrá, como mínimo, el siguiente
contenido:
Núm. 132
Jueves 3 de junio de 2021
Sec. I. Pág. 67839
2. A los efectos de esta Ley únicamente tendrán la consideración de personas
con discapacidad:
a) Las que presenten una discapacidad psíquica igual o superior al 33 por
ciento.
b) Las que presenten una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65
por ciento.
3. El grado de discapacidad se acreditará mediante certificado expedido
conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.»
Tres.
Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:
«1.
Podrán constituir un patrimonio protegido:
a) La propia persona con discapacidad beneficiaria.
b) Quienes presten apoyo a las personas con discapacidad.
c) La persona comisaria o titular de la fiducia sucesoria, cuando esté prevista
en la legislación civil, autorizada al respecto por el constituyente de la misma.
a) El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el
patrimonio protegido.
b) La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de
fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que
hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización.
Dicha determinación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 5 de esta
Ley.
c) Cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la
administración o conservación del patrimonio protegido.
Asimismo, el documento público o resolución judicial podrá establecer las
medidas u órganos de control que estime oportunos para garantizar el respeto de
los derechos, deseos, voluntad y preferencias del beneficiario, así como las
salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses e influencia
indebida.
Los Notarios comunicarán inmediatamente la constitución y contenido de un
patrimonio protegido por ellos autorizado al fiscal de la circunscripción
correspondiente al domicilio de la persona con discapacidad, mediante firma
electrónica avanzada. Igual remisión efectuarán de las escrituras relativas a las
aportaciones de toda clase, que se realicen con posterioridad a su constitución.
cve: BOE-A-2021-9233
Verificable en https://www.boe.es
2. Cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con
discapacidad, con el apoyo que requiera, la constitución de un patrimonio protegido,
ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados,
suficiente para ese fin.
En caso de negativa injustificada de la persona encargada de prestar aquel
apoyo, el solicitante podrá acudir al Ministerio Fiscal, quien instará de la autoridad
judicial lo que proceda atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la
persona con discapacidad. Si la autoridad judicial autorizara la constitución del
patrimonio protegido, la resolución judicial determinará el contenido a que se refiere
el apartado siguiente. El cargo de administrador no podrá recaer, salvo justa causa,
en la persona encargada de prestar el apoyo que se hubiera negado
injustificadamente a la constitución del patrimonio protegido.
3. El patrimonio protegido se constituirá en documento público, o por resolución
judicial en el supuesto contemplado en el apartado anterior.
Dicho documento público o resolución judicial tendrá, como mínimo, el siguiente
contenido:
