BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 31 de mayo de 2021

Sec. I. Pág. 66366

Sin embargo, uno de los problemas del IMV es que, a pesar de que sus cuantías son
mayores que la PCI, de momento solo tiene en cuenta las rentas del año anterior; una
situación que deja en desamparo a las personas a las que la pandemia empeoró su
economía. Por ello, las peticiones de la PCI y de solicitudes resueltas no han parado de
incrementarse durante todo el verano de 2020. Entre junio y julio del año pasado, el
Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud activó 1.376 nuevas altas, una cifra que ha continuado en
aumento en agosto, con 263 nuevas solicitudes dadas de alta. De las 5.687 unidades de
convivencia a las que llegaba la prestación el año pasado, ahora llega a 8.184 familias.
Es decir, casi 2.500 familias más se benefician de esta prestación.
Por otra parte, la Administración de la Seguridad Social rechaza el 84% de las
solicitudes del ingreso mínimo vital en Canarias. Es decir, 84 de cada cien peticiones
cursadas desde las Islas, más de ocho de cada diez, acaban en la carpeta de
denegadas. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
correspondientes al cierre de 2020, en el Archipiélago se habían resuelto un total
de 43.322 expedientes de solicitudes. Pero solo se habían aprobado 6.916, un 16%. O lo
que es lo mismo, se habían denegado 36.406 solicitudes del IMV. Es decir, en las islas
de la provincia occidental –Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro–, la Administración
de la Seguridad Social rechaza el 83% de las peticiones del ingreso mínimo vital. En las
islas orientales –Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura–, el porcentaje de solicitudes
denegadas es aún mayor y roza el 85% (84,7). De lo que concluye que el porcentaje de
peticiones que terminan en la carpeta de rechazadas es bastante alto en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Por tanto, la tardanza en resolver los expedientes, el bajo porcentaje de peticiones
aceptadas y las condiciones a cumplir para percibir el IMV obligan a promover el
presente Decreto ley, con el fin de ampliar con la máxima celeridad la reforma,
adaptación y coordinación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la
Prestación Canaria de Inserción, mediante la adopción de medidas urgentes para agilizar
la gestión administrativa de las renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, el
mejorar la financiación de la gestión municipal y, además, aprobar un suplemento
económico en favor de las familias con personas menores de edad a cargo, a fin de
mejorar las cuantías que perciban las unidades de convivencia ante el reto de las cifras
de pobreza infantil existentes en Canarias. En concreto, se reforma y adapta la Ley de
PCI para proteger a aquellas personas que se puedan ver perjudicadas en las
renovaciones por la falta de citas en los servicios sociales municipales, posibilitando la
renovaciones de oficio hasta dos meses después de finalizado el percibo de la
prestación, aunque no se hubiera solicitado dicha renovación en plazo. Además, es
imprescindible que los ayuntamientos sigan contando con todo el personal municipal
especializado en el ámbito de los servicios sociales destinado para llevar a cabo las
finalidades de la PCI previstas (comprobación de los requisitos, la subsanación de
solicitudes y la remisión de la documentación aportada por las personas interesadas), así
como toda función que implique el seguimiento y desarrollo de las actividades de
inserción, por lo que también se modifica el régimen de financiación a los ayuntamientos
para asegurar la financiación de la gestión municipal en este ámbito. Igualmente, se crea
un complemento de 50 euros por menor a cargo, destinado a proteger a la infancia como
colectivo especialmente vulnerable ante situaciones de carencia de recursos
económicos.
Por ello, con las adaptaciones que introduce el presente Decreto ley se sigue
garantizando, hasta la entrada en vigor de la Ley de Renta de Ciudadanía, la función de
la PCI como sistema complementario a las personas que no puedan acogerse al IMV y
mejorando los apoyos que se precisen en los procesos de inclusión social y laboral,
facilitando las renovaciones de esta prestación, dando, pues, una respuesta digna a las
situaciones de pobreza, de exclusión social y de desigualdad, garantizando un sistema
integral de responsabilidad pública de apoyo a la inclusión social en Canarias.

cve: BOE-A-2021-9007
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Núm. 129