BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129

Lunes 31 de mayo de 2021

Sec. I. Pág. 66365

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
9007

Decreto-ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de
17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para
agilizar la gestión administrativa de las renovaciones de la Prestación Canaria
de Inserción, se mejora la financiación de la gestión municipal y se aprueba
un suplemento económico en favor de las familias con personas menores de
edad a cargo.

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto
ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la
que se regula la Prestación Canaria de Inserción para agilizar la gestión administrativa
de las renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la financiación de
la gestión municipal y se aprueba un suplemento económico en favor de las familias con
personas menores de edad a cargo, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que
lo cumplan y lo hagan cumplir.

Con la aprobación del Decreto ley 16/2020, de 24 de septiembre, de modificación de
la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción
(PCI) para su adaptación al Ingreso Mínimo Vital, se persiguió la reforma, adaptación y
coordinación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación
Canaria de Inserción, cuyas ayudas son competencia de la Comunidad Autónoma de
Canarias, garantizando su función como sistema complementario a las personas que no
puedan acogerse al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a los apoyos que se precisen en los
procesos de inclusión social y laboral, con el fin de superar la pobreza, la exclusión
social y la desigualdad. En concreto, se modificaron los artículos 6 (carácter subsidiario y
complementario) 8 (determinación de recursos), 9.4 (importe), 11.3 (iniciación el
procedimiento), 20 (suspensión) y 22 (extinción) de la citada ley, introduciendo las
modificaciones precisas para hacer compatible y complementarias ambas prestaciones
económicas y en general, para la clarificación de los instrumentos para la inclusión social
a tenor de la irrupción de la nueva prestación estatal, a efectos de que no se produzcan
duplicidades que generen confusión.
No obstante, la situación actual de crisis social y económica provocada por la
pandemia de COVID-19 y los retrasos experimentados en la tramitación, concesión y
abono del IMV por parte de la Administración de la Seguridad Social, así como el alto
número de denegaciones, dejan a las personas solicitantes y perceptoras de la PCI que
hayan solicitado el IMV en una situación de incertidumbre y, además, de desamparo ante
el riesgo de pérdida de la PCI.
En efecto, según datos facilitados públicamente por la Delegación del Gobierno en
Canarias en diciembre de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había
reconocido a 6.916 hogares canarios el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De esta manera, la
prestación llegaba en diciembre del año pasado a 17.396 personas en Canarias, de las
que 8.046 eran menores de edad (el 46,25 %). Por provincias, en Las Palmas eran 3.847
hogares los reconocidos en diciembre de 2020, llegando así a 9.467 personas (4.246
menores), mientras que en Santa Cruz de Tenerife los hogares beneficiarios del IMV
eran 3.069, en los que se acogían a 7.929 personas (de las cuales, 3.800 menores).

cve: BOE-A-2021-9007
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