BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 19 de mayo de 2021

Sec. III. Pág. 59777

objeto, contenido y forma del acuerdo entre las partes; no tiene otro alcance que poner
fin al procedimiento judicial existente y precisamente por ello, porque el juez ve finalizada
su labor y no entra a valorar las pruebas ni a conocer de las pretensiones de las partes,
no contiene una declaración judicial sobre las mismas ni una resolución por la que se
declare, modifique, constituya o extinga una relación jurídica determinada. Son las partes
las que, mediante la prestación de su consentimiento y el cumplimiento del resto de
requisitos exigidos por el ordenamiento, declaran, constituyen, modifican o extinguen una
relación jurídica preexistente que hace innecesaria la existencia del proceso que queda
así sin objeto. Consecuentemente, y de acuerdo con los principios de nuestro
ordenamiento, la alteración del contenido del Registro de la Propiedad requiere que el
acuerdo alcanzado entre las partes se documente adecuadamente (artículo 3 de la Ley
Hipotecaria), a fin de poder provocar el efecto acordado entre las partes (artículos 40, 76
y 82 de la Ley Hipotecaria).
No obstante, es reiterada doctrina de este Centro Directivo que el convenio
matrimonial puede ser título inscribible en aquellos negocios que puedan tener carácter
familiar, como pudiera ser la liquidación del patrimonio ganancial, así como -en los
supuestos del régimen de separación de bienes- la adjudicación de la vivienda habitual y
otros bienes accesorios a ella, destinados a la convivencia y uso ordinario de la familia, y
en general para la liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales que puedan existir
entre los cónyuges derivadas de la vida en común. Pero es también doctrina de esta
Dirección General que cuando no se trate de un convenio regulador aprobado en un
proceso de separación, nulidad y divorcio (cfr. artículos 769 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) sino ante un procedimiento para la liquidación del régimen
económico-matrimonial (cfr. artículos 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
el acuerdo transaccional homologado por el juez no es inscribible si no consta en
escritura pública. Así resulta de las Resoluciones de 30 de noviembre de 2016, y 16 de
febrero, 1 de marzo y 18 de mayo de 2017, entre otras. En estas Resoluciones se
expresa lo siguiente respecto de procedimientos contenciosos para la liquidación del
régimen económico-matrimonial:
«Fuera de los casos de convenio matrimonial, conforme al artículo 806 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, el proceso se aplica para la liquidación de cualquier régimen
económico-matrimonial, tanto si ha sido establecido por capitulaciones matrimoniales o
por disposición legal, siempre que concurra en dicho régimen una situación que
determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas
cargas y obligaciones, que es precisamente el patrimonio que hay que liquidar y dividir.
Dispone el artículo 810.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que «cuando, sin mediar
causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le
tendrá por conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya
comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges,
lleguen a un acuerdo, se consignará éste en el acta y se dará por concluido el acto,
llevándose a efecto lo acordado conforme a lo previsto en los dos primeros apartados del
artículo 788 de esta Ley».
Y el artículo 788 dispone que: «1. Aprobadas definitivamente las particiones, el
Secretario judicial procederá a entregar a cada uno de los interesados lo que en ellas le
haya sido adjudicado y los títulos de propiedad, poniéndose previamente en éstos por el
actuario notas expresivas de la adjudicación. 2. Luego que sean protocolizadas, el
Secretario judicial dará a los partícipes que lo pidieren testimonio de su haber y
adjudicación respectivos».
Poniendo en relación este artículo con el 787.2 anterior se deduce la necesidad de
su protocolización notarial. En efecto, el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
determina que la aprobación de las operaciones divisorias se realiza mediante decreto
del secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia, pero en cualquier
caso ordenando protocolizarlas.
En el mismo sentido, esta Dirección General ha señalado (cfr. Resolución de 19 de
julio de 2016) que en los procesos judiciales de división de herencia que culminan de

cve: BOE-A-2021-8319
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Núm. 119