T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2021-8357)
Pleno. Sentencia 91/2021, de 22 de abril de 2021. Recurso de amparo 1403-2020. Promovido por don Jordi Turull i Negre respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por sendos delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Supuesta vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y de defensa, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: resolución judicial dictada en causa especial en cuya tramitación se preservaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto particular.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 19 de mayo de 2021

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medio del consorcio Diplocat, ente público adscrito al Departamento de Exteriores, de
donde procede la partida presupuestaria transferida para sus gastos y funcionamiento.
Su director del Pleno y del Consejo Ejecutivo es el Presidente de la Generalidad: i)
visitas de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y 29 de
septiembre y el 2 de octubre, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal referéndum:
43.341 euros; ii) contratación de un equipo de investigación experto en elecciones
internacionales, en inglés International Election Expert Research Team (IEERT), dirigido
por Dña. Helena Catt: 177 304,90 €; iii) contratación con MN2S Managemet Limited de
un equipo en el estuviera el político holandés D. Willem -Wim- Kok, en los días del
referéndum: 54 030 €; si bien este importe fue devuelto porque la prestación no se
realizó.
b) Además de la referida relación del Departamento de Exteriores con Diplocat, los
gastos generados a través de sus Delegaciones en el exterior fueron los siguientes: i)
contratación de una consultora en Estados Unidos en agosto de 2017, durante tres
meses, para hacer tarea de lobby en defensa de la celebración del referéndum: 60 000
€; ii) contratación de los servicios de la institución The Hague Center for Strategic
Studies, como observadores internacionales para verificar el referéndum del 1 de
octubre: 167 065 €, si bien restan 47 635 € por abonar.
c) A través del Departamento de Vicepresidencia y Economía fueron acordados los
siguientes gastos: i) encargo a la empresa Unipost para la distribución de las
notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 193
899,98 €.
d) Por medio del Departamento de Presidencia se lideró: i) la puesta en marcha a
través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (en adelante,
CTTI), de la ‘web referéndum.cat’ y los diversos aplicativos incorporados a la misma,
relacionados directamente con el referéndum del 1 de octubre, tales como el referido a la
crida extra: https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, además de la actualización
del ‘registre.catalans.exteriors.gencat.cat.’ Estos servicios, pese a la propia normativa del
CTTI y la intervención externa de DXC y T-Systems, no han sido cuantificados; ii)
campaña de difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, desarrollada entre febrero
y mayo de 2017 que generó una facturación por importe de 220 253,34 €, (266 506,54 €
con IVA), que no ha sido abonada. Su finalidad primordial, sin excluir otras, era la
elaboración de un censo de residentes en el extranjero; iii) contratación de servicios con
Dña. Teresa Guix, para diseño de la web ‘pactepelreferendum.cat’, que luego fue
utilizada para la inclusión de vínculos relacionados con el ilegal referéndum. Facturó por
el servicio prestado 2700 €, pero después emitió una factura negativa por ese importe.
iv) difusión de la campaña ‘Civisme’, publicidad directa del referéndum del 1 de octubre,
que antes había resultado declarada desierta, a través de la Corporación Catalana de
Medios Audiovisuales (en adelante, CCMA), organismo que facturó por sus servicios,
227 804,41 €, pero cuyo abono se paralizó por expediente administrativo; v) contratación
de la cartelería del referéndum, en modo opaco por D. Antonio Molons, secretario de
Difusión de la Generalitat, a pesar de lo cual, aunque las impresiones se realizaron,
fueron intervenidas. Su valor era, al menos, de 47 151,70 €. Aunque alguna imprenta
reclamó su importe, sus representantes manifestaron en el plenario que no persisten en
sus reclamaciones; vi) encargo a Unipost para la distribución de las notificaciones del
nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 198 871,8 euros.
e) El Departamento de Trabajo posibilitó los siguientes gastos: i) encargo a la
empresa Unipost para la distribución de las notificaciones del nombramiento de los
integrantes de las mesas electorales: 197 492,04 €.
f) El Departamento de Salud también encomendó a Unipost para distribución de las
notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 192
711,20 €.
g) El Departamento de Cultura encargó a Unipost para distribución de las
notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 196
696,98 €. Ninguno de esos pagos fue finalmente ejecutado a favor de Unipost. Su

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