BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 12 de mayo de 2021

Sec. I. Pág. 56734

representación legal de las personas trabajadoras añadiendo un nuevo párrafo d) a su
apartado 4, en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado por
la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o
sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir
en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la
elaboración de perfiles.
En segundo lugar, introduce una nueva disposición adicional sobre la presunción de
laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o
mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control,
mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de
una plataforma digital. Dicha presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 del
Estatuto de los Trabajadores.
La labor esencial realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se
encuentra en el origen de buena parte de las sentencias que han resuelto a favor o en
contra de la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de reparto
y que han culminado con la STS 805/2020, de 25 de septiembre.
La nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros establecidos por el
Tribunal Supremo en dicha sentencia, primera dictada en unificación de doctrina,
valiéndose para ello de la prevalencia del principio de realidad en el sentido señalado por
sentencias precedentes, como la STS 263/1986, de 26 de febrero de 1986, o STS de 20
de enero de 2015, recurso 587/2014, y en la que se destaca, asimismo, la necesidad de
adaptar los requisitos de dependencia y ajenidad al contexto actual. En dicha sentencia se
fundamenta lo siguiente:
«Desde la creación del derecho del trabajo hasta el momento actual hemos asistido a
una evolución del requisito de dependencia-subordinación. La sentencia del TS de 11 de
mayo de 1979 ya matizó dicha exigencia, explicando que “la dependencia no implica una
subordinación absoluta, sino sólo la inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la empresa”. En la sociedad postindustrial la nota de dependencia se ha flexibilizado.
Las innovaciones tecnológicas han propiciado la instauración de sistemas de control
digitalizados de la prestación de servicios. La existencia de una nueva realidad productiva
obliga a adaptar las notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del tiempo en que
deben aplicarse las normas (artículo 3.1 del Código Civil)» (FJ 7.º).
Partiendo de esta máxima, el Alto Tribunal analizó la relación entre la plataforma de
reparto demandada y el trabajador concernido por el recurso, reiterando, como ya lo había
establecido en numerosas ocasiones con anterioridad (por todas, SSTS de 22 de abril
de 1996, recurso 2613/1995; y de 3 de mayo de 2005, recurso 2606/2004), que las
facultades empresariales de dirección, organización o control de la actividad y, en tal
sentido, las notas de dependencia y ajenidad, pueden traducirse a la realidad de formas
diferentes a las clásicas cuando la empleadora asume los riesgos de la operación y es
beneficiaria de sus frutos, realizando una labor de coordinación, organización o control de
la prestación u ostentando la potestad sancionadora, y ello aunque sus prerrogativas se
manifiesten de forma indirecta o implícita, a través de la gestión algorítmica, de las
condiciones de trabajo o del servicio prestado.
A través de una nueva disposición adicional vigesimotercera, y por acuerdo adoptado
en la mesa del diálogo social, se traslada a la ley la jurisprudencia sobre esta materia,
con el objetivo de que el Estatuto de los Trabajadores refleje estas nuevas realidades de
forma clara.
De este modo, en el Estatuto de los Trabajadores se contempla que las facultades
empresariales, a las que se refiere el artículo 20 de dicha norma, pueden ser ejercidas
de numerosas maneras y, entre ellas, por medio de la gestión algorítmica del servicio
o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital, que son, por lo
tanto, los activos clave y esenciales de la actividad. En consecuencia, la forma indirecta
o implícita de ejercicio de las facultades empresariales abarca los supuestos en los
que una cierta flexibilidad o libertad por parte de la persona trabajadora en la ejecución

cve: BOE-A-2021-7840
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Núm. 113