III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2021-7727)
Resolución de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad accidental de Oropesa del Mar n.º 1, por la que se suspende la inscripción del fallo de una sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afectante a tres fincas registrales resultantes de una reparcelación.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 10 de mayo de 2021
Sec. III. Pág. 56113
Así dispone la RDGRN de 18 de enero de 2012:
“Ahora bien, esta doctrina general cede en el caso concreto de las sentencias
judiciales de anulación de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de
actos administrativos de intervención a que se refiere el artículo 51.1 de la Ley de Suelo
(hoy art 65. TRLey suelo 2015), cuyo precepto debe ser interpretado conjuntamente con
la norma contenida en el artículo 71 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que lo
desarrolla, y del que resulta que en el caso de las sentencias firmes aludidas el
contenido del fallo puede estar referido a dos cuestiones distintas: bien a la mutación de
transcendencia jurídico-real que afecte a la titularidad de las fincas, al contenido de los
derechos inscritos o a la modificación de la descripción de la finca, o bien, además de lo
anterior, a la determinación de los asientos concretos que se hayan de practicar para
reflejar el contenido material de la sentencia. En tal sentido el citado precepto
reglamentario señala en su apartado 1 que la correspondiente sentencia firme ‘será título
bastante para practicar los asientos dispuestos en ella’, añadiendo su apartado 2 que en
cuanto a la cancelación de los asientos originados por los títulos inscritos y anulados se
resolverá lo que proceda ‘en trámite de ejecución de sentencia, previa citación de los
titulares afectados por la posible cancelación’. Este marco normativo, en el ámbito citado,
atribuye la determinación de los concretos asientos que han de ser practicados al órgano
judicial llamado a resolver el correspondiente incidente de ejecución de la sentencia de
anulación. Por ello, en este ámbito cuando de la propia sentencia no resulta la precisión
de los asientos que ha de extender el registrador, es necesario complementar la
sentencia en trámite de ejecución. Y esto es lo que ha sucedido en el presente caso en
el que la Sentencia del Tribunal Supremo 26 de julio de 2009 se limita a declarar la
nulidad del Proyecto de Reparcelación, siendo posteriormente en trámite de ejecución
cuando recae auto y providencia de 25 de marzo y 31 de mayo de 2001,
respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en los que se ordena
la ‘anotación’ de la reiterada sentencia del Tribunal Supremo, sin ordenar las
inscripciones y cancelaciones interesadas en la instancia cuya calificación negativa es
objeto del presente recurso..”
Siendo que además se desconoce et contenido de los acuerdos de del Ayuntamiento
de Gabanes de 1 de marzo, 14 de mayo y 4 de octubre de 2007. Ni las superficies
exactas a que se refiere la modificación, ni en que proporción pertenecen a los 3
demandantes ex 54 NC.
Asimismo, de reconocerse mayor superficie en la tinca de reemplazo esta ha sido
objeto de una segregación posterior, ignorándose si quedaba afectada la superficie de la
segregada.
Defecto 2. Se da la circunstancia que de la finca 10200 de Cabanes actualmente
está gravada con hipoteca de máximo a favor de Inseryal SLU que no ha sido parte en el
proceso. Y sobre la finca 11068 existe asimismo hipoteca a favor de Ar Real Estate
&Loan SLU que tampoco ha tenido intervención principio de tracto sucesivo artículo 20
LH
Conforme a la resolución de la DGRN de 15 junio 2012: “como ha señalado la
reciente Resolución de 3 de marzo de 2012, es doctrina reiterada de este centro directivo
que el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun
cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el artículo 100 del
Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial ‘los
obstáculos que surjan del Registro’, y entre ellos se encuentra la imposibilidad de
practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el
correspondiente procedimiento judicial.
Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la
inscripción solicitada cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado
no han intervenido todos los titulares registrales de derechos y cargas de las fincas. El
principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos
(cfr. artículo 24 de la Constitución española) impide extender las consecuencias de un
proceso a quienes no han sido partes en él, ni han intervenido de manera alguna,
cve: BOE-A-2021-7727
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 111
Lunes 10 de mayo de 2021
Sec. III. Pág. 56113
Así dispone la RDGRN de 18 de enero de 2012:
“Ahora bien, esta doctrina general cede en el caso concreto de las sentencias
judiciales de anulación de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de
actos administrativos de intervención a que se refiere el artículo 51.1 de la Ley de Suelo
(hoy art 65. TRLey suelo 2015), cuyo precepto debe ser interpretado conjuntamente con
la norma contenida en el artículo 71 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que lo
desarrolla, y del que resulta que en el caso de las sentencias firmes aludidas el
contenido del fallo puede estar referido a dos cuestiones distintas: bien a la mutación de
transcendencia jurídico-real que afecte a la titularidad de las fincas, al contenido de los
derechos inscritos o a la modificación de la descripción de la finca, o bien, además de lo
anterior, a la determinación de los asientos concretos que se hayan de practicar para
reflejar el contenido material de la sentencia. En tal sentido el citado precepto
reglamentario señala en su apartado 1 que la correspondiente sentencia firme ‘será título
bastante para practicar los asientos dispuestos en ella’, añadiendo su apartado 2 que en
cuanto a la cancelación de los asientos originados por los títulos inscritos y anulados se
resolverá lo que proceda ‘en trámite de ejecución de sentencia, previa citación de los
titulares afectados por la posible cancelación’. Este marco normativo, en el ámbito citado,
atribuye la determinación de los concretos asientos que han de ser practicados al órgano
judicial llamado a resolver el correspondiente incidente de ejecución de la sentencia de
anulación. Por ello, en este ámbito cuando de la propia sentencia no resulta la precisión
de los asientos que ha de extender el registrador, es necesario complementar la
sentencia en trámite de ejecución. Y esto es lo que ha sucedido en el presente caso en
el que la Sentencia del Tribunal Supremo 26 de julio de 2009 se limita a declarar la
nulidad del Proyecto de Reparcelación, siendo posteriormente en trámite de ejecución
cuando recae auto y providencia de 25 de marzo y 31 de mayo de 2001,
respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en los que se ordena
la ‘anotación’ de la reiterada sentencia del Tribunal Supremo, sin ordenar las
inscripciones y cancelaciones interesadas en la instancia cuya calificación negativa es
objeto del presente recurso..”
Siendo que además se desconoce et contenido de los acuerdos de del Ayuntamiento
de Gabanes de 1 de marzo, 14 de mayo y 4 de octubre de 2007. Ni las superficies
exactas a que se refiere la modificación, ni en que proporción pertenecen a los 3
demandantes ex 54 NC.
Asimismo, de reconocerse mayor superficie en la tinca de reemplazo esta ha sido
objeto de una segregación posterior, ignorándose si quedaba afectada la superficie de la
segregada.
Defecto 2. Se da la circunstancia que de la finca 10200 de Cabanes actualmente
está gravada con hipoteca de máximo a favor de Inseryal SLU que no ha sido parte en el
proceso. Y sobre la finca 11068 existe asimismo hipoteca a favor de Ar Real Estate
&Loan SLU que tampoco ha tenido intervención principio de tracto sucesivo artículo 20
LH
Conforme a la resolución de la DGRN de 15 junio 2012: “como ha señalado la
reciente Resolución de 3 de marzo de 2012, es doctrina reiterada de este centro directivo
que el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun
cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el artículo 100 del
Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial ‘los
obstáculos que surjan del Registro’, y entre ellos se encuentra la imposibilidad de
practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el
correspondiente procedimiento judicial.
Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la
inscripción solicitada cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado
no han intervenido todos los titulares registrales de derechos y cargas de las fincas. El
principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos
(cfr. artículo 24 de la Constitución española) impide extender las consecuencias de un
proceso a quienes no han sido partes en él, ni han intervenido de manera alguna,
cve: BOE-A-2021-7727
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Núm. 111
