III. Otras disposiciones. MINISTERIO FISCAL. Fiscalía General del Estado. (BOE-A-2021-6369)
Circular 1/2021, de 8 de abril, de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 21 de abril de 2021
Sec. III. Pág. 45901
Como ya advirtiera la Circular de la FGE n.º 5/2015, la determinación del dies a quo
plantea problemas en los supuestos de inhibiciones y acumulaciones en los que pueden
concurrir varios autos de incoación de distinta fecha. Los criterios que sobre dicho
particular se recogían en la referenciada Circular se asumen íntegramente en la presente
y deben entenderse plenamente aplicables en la actualidad.
Así, en el caso de las inhibiciones por cuestiones de competencia, la fecha a tener en
cuenta será la del primer auto de incoación que se dicte, ya que en ningún caso el
tiempo que la Administración de justicia emplee en determinar el órgano competente
puede ir en detrimento de la agilización del procedimiento (vid. AAP Barcelona 196/2020,
de 2 de marzo; SAP Madrid 108/2020, de 17 de febrero; AAP Zaragoza 52/2020, de 24
de enero; AAP Tarragona 861/2018, de 21 de diciembre; AP Ciudad Real 204/2018,
de 17 de mayo; AAP Pontevedra 474/2017, de 1 de junio).
Cuando se trata de acumulaciones el criterio ha de ser necesariamente diferente, ya
que las mismas versarán sobre hechos o sujetos distintos, que en principio podrían
haberse instruido en causas separadas. Como establece el artículo 17 LECrim, cada
delito debe dar lugar a la formación de una causa, pero si concurre alguno de los
supuestos de conexidad, la investigación se efectuará en un solo procedimiento. En este
caso, si existen varios autos de incoación de diligencias, el que marque el inicio del
cómputo de los plazos debe ser el auto de incoación de las últimas diligencias iniciadas,
y ello por razones de estricta lógica: por un lado, si tales diligencias no se hubieran
acumulado, estarían sometidas a los plazos generales del artículo 324 LECrim en toda
su amplitud; por otro, de quedar vinculadas al plazo de las diligencias más antiguas,
podría llegarse al absurdo de que una vez acumuladas, no se disponga de plazo alguno
para la instrucción, por hallarse este ya agotado.
Algunos tribunales han rechazado el criterio antes expresado, interpretando que el
inicio del cómputo del plazo regulado por el artículo 324.1 LECrim tendrá lugar con la
incoación del procedimiento, «pero siempre que dicha resolución incorpore un plan
investigativo programado», rechazando de ese modo que la resolución de incoación del
procedimiento a los meros efectos de su inhibición goce de virtualidad alguna a la hora
de fijar el dies a quo del referenciado cómputo (v. gr. AAP Valencia 774/2020, de 8 de
septiembre; AAP Granada 386/2020, de 25 de junio; o AAP Murcia 275/2020, de 7 de
abril, entre otras).
Sin embargo, las audiencias provinciales mayoritariamente han hecho suyos los
argumentos ofrecidos sobre dicho particular por la Circular de la FGE n.º 5/2015,
subrayando a tal efecto que la incoación del procedimiento y ulterior inhibición no
suspende en ningún caso la tramitación de las actuaciones, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 25.3 LECrim (v. gr. AAP Barcelona 437/2020, de 18 de junio; AAP
Madrid 654/2019, de 20 de septiembre; AAP Girona 476/2019, de 15 de julio; AAP
Valladolid 113/2017, de 13 de marzo; AAP Tarragona 129/2020, de 28 de febrero; AAP
Bilbao 151/2019, de 16 de mayo; AAP Barcelona 106/2018, de 31 de enero).
Por consiguiente, las/os Sras./es. Fiscales procurarán que en estos supuestos la
actuación judicial instructora no quede suspendida de modo indefinido a la espera de
que se resuelvan los posibles conflictos de competencia que puedan suscitarse entre los
distintos órganos judiciales, promoviendo ante aquel que hubiera planteado la inhibición
el diligente desarrollo de la investigación con arreglo al artículo 25 LECrim e incluso, para
el caso de estimarse oportuno, la prórroga de la fase de investigación.
En otro orden de cosas, debe recordarse que también han suscitado controversia las
conversiones de un procedimiento no comprendido dentro del ámbito objetivo de
aplicación del artículo 324 LECrim –procedimientos ante el Tribunal del Jurado, para el
enjuiciamiento rápido de determinados delitos, por aceptación de decreto y para el juicio
sobre delitos leves– en los procedimientos ordinario o de diligencias previas.
La actual redacción del artículo 324 LECrim ha sustituido la referencia a que el
cómputo debía iniciarse «desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las
diligencias previas» por una fórmula notablemente más vaga: «desde la incoación de la
causa». Esta modificación pudiera suscitar dudas acerca de si el dies a quo debiera
cve: BOE-A-2021-6369
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 95
Miércoles 21 de abril de 2021
Sec. III. Pág. 45901
Como ya advirtiera la Circular de la FGE n.º 5/2015, la determinación del dies a quo
plantea problemas en los supuestos de inhibiciones y acumulaciones en los que pueden
concurrir varios autos de incoación de distinta fecha. Los criterios que sobre dicho
particular se recogían en la referenciada Circular se asumen íntegramente en la presente
y deben entenderse plenamente aplicables en la actualidad.
Así, en el caso de las inhibiciones por cuestiones de competencia, la fecha a tener en
cuenta será la del primer auto de incoación que se dicte, ya que en ningún caso el
tiempo que la Administración de justicia emplee en determinar el órgano competente
puede ir en detrimento de la agilización del procedimiento (vid. AAP Barcelona 196/2020,
de 2 de marzo; SAP Madrid 108/2020, de 17 de febrero; AAP Zaragoza 52/2020, de 24
de enero; AAP Tarragona 861/2018, de 21 de diciembre; AP Ciudad Real 204/2018,
de 17 de mayo; AAP Pontevedra 474/2017, de 1 de junio).
Cuando se trata de acumulaciones el criterio ha de ser necesariamente diferente, ya
que las mismas versarán sobre hechos o sujetos distintos, que en principio podrían
haberse instruido en causas separadas. Como establece el artículo 17 LECrim, cada
delito debe dar lugar a la formación de una causa, pero si concurre alguno de los
supuestos de conexidad, la investigación se efectuará en un solo procedimiento. En este
caso, si existen varios autos de incoación de diligencias, el que marque el inicio del
cómputo de los plazos debe ser el auto de incoación de las últimas diligencias iniciadas,
y ello por razones de estricta lógica: por un lado, si tales diligencias no se hubieran
acumulado, estarían sometidas a los plazos generales del artículo 324 LECrim en toda
su amplitud; por otro, de quedar vinculadas al plazo de las diligencias más antiguas,
podría llegarse al absurdo de que una vez acumuladas, no se disponga de plazo alguno
para la instrucción, por hallarse este ya agotado.
Algunos tribunales han rechazado el criterio antes expresado, interpretando que el
inicio del cómputo del plazo regulado por el artículo 324.1 LECrim tendrá lugar con la
incoación del procedimiento, «pero siempre que dicha resolución incorpore un plan
investigativo programado», rechazando de ese modo que la resolución de incoación del
procedimiento a los meros efectos de su inhibición goce de virtualidad alguna a la hora
de fijar el dies a quo del referenciado cómputo (v. gr. AAP Valencia 774/2020, de 8 de
septiembre; AAP Granada 386/2020, de 25 de junio; o AAP Murcia 275/2020, de 7 de
abril, entre otras).
Sin embargo, las audiencias provinciales mayoritariamente han hecho suyos los
argumentos ofrecidos sobre dicho particular por la Circular de la FGE n.º 5/2015,
subrayando a tal efecto que la incoación del procedimiento y ulterior inhibición no
suspende en ningún caso la tramitación de las actuaciones, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 25.3 LECrim (v. gr. AAP Barcelona 437/2020, de 18 de junio; AAP
Madrid 654/2019, de 20 de septiembre; AAP Girona 476/2019, de 15 de julio; AAP
Valladolid 113/2017, de 13 de marzo; AAP Tarragona 129/2020, de 28 de febrero; AAP
Bilbao 151/2019, de 16 de mayo; AAP Barcelona 106/2018, de 31 de enero).
Por consiguiente, las/os Sras./es. Fiscales procurarán que en estos supuestos la
actuación judicial instructora no quede suspendida de modo indefinido a la espera de
que se resuelvan los posibles conflictos de competencia que puedan suscitarse entre los
distintos órganos judiciales, promoviendo ante aquel que hubiera planteado la inhibición
el diligente desarrollo de la investigación con arreglo al artículo 25 LECrim e incluso, para
el caso de estimarse oportuno, la prórroga de la fase de investigación.
En otro orden de cosas, debe recordarse que también han suscitado controversia las
conversiones de un procedimiento no comprendido dentro del ámbito objetivo de
aplicación del artículo 324 LECrim –procedimientos ante el Tribunal del Jurado, para el
enjuiciamiento rápido de determinados delitos, por aceptación de decreto y para el juicio
sobre delitos leves– en los procedimientos ordinario o de diligencias previas.
La actual redacción del artículo 324 LECrim ha sustituido la referencia a que el
cómputo debía iniciarse «desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las
diligencias previas» por una fórmula notablemente más vaga: «desde la incoación de la
causa». Esta modificación pudiera suscitar dudas acerca de si el dies a quo debiera
cve: BOE-A-2021-6369
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Núm. 95
