BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 22 de marzo de 2021

Sec. TC. Pág. 33023

estatal de competencias ejecutivas relacionadas con estas convocatorias de ámbito
autonómico.
El abogado del Estado, citando el preámbulo del Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, alude, en primer término,
a que tales razones podrían ser que se trate de supuestos en los que se haya reservado
esta tarea a la administración general del Estado por haberle reservado a la misma las
competencias ejecutivas en materia de formación profesional para el empleo o bien por
no existir traspaso.
Esta última razón debe ser ya descartada, ya que por Real Decreto 427/1993, de 26
de marzo, se realizó el traspaso de funciones y servicios de la gestión de la –entonces
denominada– formación profesional ocupacional a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
La misma conclusión se alcanza respecto a la supuesta reserva de competencias
ejecutivas estatales en el ámbito territorial autonómico examinando la normativa estatal
que regula esta cuestión. Concretamente, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
cualificaciones y de la formación profesional establece en el apartado 1 de su art. 8 que
los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los
hayan obtenido y serán expedidos por la administración laboral competente. El art. 8.2
alude a la cuestión aquí controvertida, relativa a la evaluación y la acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación. Como ya se ha mencionado, en desarrollo de este art. 8 se dictó
el Real Decreto 1224/2009, cuyo preámbulo señala que «la gestión del sistema se
descentraliza en las comunidades autónomas, a las que corresponderá la convocatoria y
gestión de los procesos de evaluación y acreditación de competencias», aludiendo a
continuación a una serie de supuestos, en los que, por excepción, la competencia queda
reservada a la administración del Estado.
Conforme con lo anunciado en el preámbulo, la regulación sustantiva estatal [arts.
10, 21.1 b), 22 y 26 del Real Decreto 1224/2009] faculta a las administraciones
autonómicas para llevar a cabo la convocatoria pública del procedimiento de evaluación
y acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, posibilitando que la administración general
del Estado, con la colaboración de las comunidades autónomas, pueda realizar tales
convocatorias de evaluación y acreditación de competencias únicamente para
determinados sectores o colectivos de carácter supraautonómico [arts. 10.6 y 21.1.a) 5].
De hecho, la disposición final tercera del citado Real Decreto 1224/2009 otorgaba un
plazo de un año para que las comunidades autónomas iniciarán las actuaciones
necesarias para implantar el procedimiento de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
Tampoco justifica la asunción de competencias por el Estado la referencia a que tales
capacidades se adquieran a través de módulos formativos específicos, argumento
también expuesto por el abogado del Estado. Esta posibilidad tiene que ver con la
compatibilidad y equivalencia (disposición adicional primera del Real Decreto 34/2008)
entre la superación de las unidades de competencia de un certificado de profesionalidad
y la acreditación académica de la formación profesional reglada, de tal forma que exista
un reconocimiento entre las certificaciones de las administraciones laborales y las
educativas. Pero en este caso, en cuanto dirigida a la obtención de certificados de
profesionalidad, y, por tanto, a la evaluación y reconocimiento de las competencias
profesionales de los trabajadores, se trata de formación vinculada al ámbito laboral y no
al sistema educativo, formación regulada en el ya mencionado Real Decreto 694/2017. Y,
por otra parte, las convocatorias discutidas se dirigen, como ya se ha señalado, a
evaluar y acreditar competencias profesionales adquiridas, bien por vía de formación,
bien por experiencia laboral, para hacer posible que, en tanto que modos de mejorar la

cve: BOE-A-2021-4514
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 69