I. Disposiciones generales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. Medidas extraordinarias. (BOE-A-2021-4399)
Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 22 de marzo de 2021
Sec. I. Pág. 32224
exclusión social en España 2008-2019» publicado por EAPN (European Anti Poverty
Network) que muestra los cambios registrados en el número de personas en riesgo de
pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y
de sus componentes, entre los años 2008 y 2019. A nivel estatal la tasa está en
el 25,3%, es decir 2 de cada 8 personas, lo que suponen 11,8 millones de personas.
Numéricamente se puede decir que en Canarias 773.053 personas están en riesgo
de pobreza y exclusión social, dos de cada seis personas en las Islas, dato que se
incrementa al señalar que el 28,5% (unos 628.282) más estaría en riesgo de entrar en
pobreza al vivir con menos de 641 €/mes. Asimismo, el 11,2% de la población en
Canarias está en riesgo de pobreza severa, 247.378 personas viven con menos de 500
€/mes. Por tanto, casi una tercera parte de la población en el Archipiélago estaba en
situación de pobreza o de pobreza severa en 2019. Asimismo, el 3,9% de los canarios,
86.000 personas, tienen privación material severa de recursos.
Por su parte, comprobando la renta per cápita, observamos que Canarias es la
cuarta por la cola a nivel nacional, con 9.486 euros de renta media por persona, 2.194
euros inferior a la media nacional, debido a que tenemos uno de los salarios más bajos
de España.
Alrededor del 53,7% de la población canaria tiene alguna clase de dificultad para
llegar a fin de mes, principalmente acentuada en las personas con mayor vulnerabilidad
social.
La pandemia de la COVID-19 ha disparado la exclusión social en Canarias, que
en 2019 afectaba al 35% de la población del Archipiélago, según el último informe 2020
de la Fundación FOESSA y en la que ahora se ha visto sumida por el impacto de esta
crisis sanitaria buena parte del 30,8 % que entonces estaba integrada en precario.
Ante este incremento de la pobreza en Canarias por el impacto social que ha tenido
esta crisis sanitaria, deben tomarse medidas que eviten el avance de esta fractura social.
El impacto que en la situación económica y social acabe teniendo la emergencia
sanitaria actual dependerá, en gran medida, de la movilización de recursos públicos y de
la coordinación entre las políticas presupuestarias y las políticas públicas sectoriales
como es, entre otras, la de la promoción pública de vivienda y la obra pública.
En este sentido, se hace necesario señalar que el Gobierno de Canarias, en sesión
celebrada el día 1 de octubre de 2020, aprobó el Plan para la Reactivación Social y
Económica de Canarias que pretende dar respuesta a la crisis derivada de la pandemia
de la COVID-19, con el fin de activar medidas específicas atendiendo a las
singularidades de Canarias y que incorpora los siguientes ejes de actuación en materia
de vivienda social:
1.10 Ampliación del parque de vivienda destinado a alquiler social.
1.11 Apoyo al pago de alquileres.
Asimismo, el eje 5.20, dentro de la prioridad estratégica destinada al apoyo a
empresas y autónomos incluye, la inversión pública en edificación de vivienda pública
protegida [a través del Instituto Canario de Vivienda y la empresa pública Viviendas
Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (VISOCAN)].
No cabe duda de que, ante estas circunstancias excepcionales, la actuación de los
poderes públicos debe estar orientada a proteger el empleo, ayudar a los más
vulnerables y mantener el tejido económico y productivo.
En esta coyuntura, el Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025, aprobado por el
Gobierno de Canarias en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2020, adquiere una
doble dimensión, por una parte, promueve el objetivo de combatir la emergencia
habitacional que sufre el Archipiélago, y por otra, impulsa la reactivación económica de
Canarias.
El Plan prevé acometer en los próximos cinco años miles de actuaciones de fomento
de la vivienda en todas las islas, tanto en construcción de nuevas viviendas protegidas,
como en rehabilitación o en ayudas al alquiler a familias con pocos recursos.
cve: BOE-A-2021-4399
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 69
Lunes 22 de marzo de 2021
Sec. I. Pág. 32224
exclusión social en España 2008-2019» publicado por EAPN (European Anti Poverty
Network) que muestra los cambios registrados en el número de personas en riesgo de
pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y
de sus componentes, entre los años 2008 y 2019. A nivel estatal la tasa está en
el 25,3%, es decir 2 de cada 8 personas, lo que suponen 11,8 millones de personas.
Numéricamente se puede decir que en Canarias 773.053 personas están en riesgo
de pobreza y exclusión social, dos de cada seis personas en las Islas, dato que se
incrementa al señalar que el 28,5% (unos 628.282) más estaría en riesgo de entrar en
pobreza al vivir con menos de 641 €/mes. Asimismo, el 11,2% de la población en
Canarias está en riesgo de pobreza severa, 247.378 personas viven con menos de 500
€/mes. Por tanto, casi una tercera parte de la población en el Archipiélago estaba en
situación de pobreza o de pobreza severa en 2019. Asimismo, el 3,9% de los canarios,
86.000 personas, tienen privación material severa de recursos.
Por su parte, comprobando la renta per cápita, observamos que Canarias es la
cuarta por la cola a nivel nacional, con 9.486 euros de renta media por persona, 2.194
euros inferior a la media nacional, debido a que tenemos uno de los salarios más bajos
de España.
Alrededor del 53,7% de la población canaria tiene alguna clase de dificultad para
llegar a fin de mes, principalmente acentuada en las personas con mayor vulnerabilidad
social.
La pandemia de la COVID-19 ha disparado la exclusión social en Canarias, que
en 2019 afectaba al 35% de la población del Archipiélago, según el último informe 2020
de la Fundación FOESSA y en la que ahora se ha visto sumida por el impacto de esta
crisis sanitaria buena parte del 30,8 % que entonces estaba integrada en precario.
Ante este incremento de la pobreza en Canarias por el impacto social que ha tenido
esta crisis sanitaria, deben tomarse medidas que eviten el avance de esta fractura social.
El impacto que en la situación económica y social acabe teniendo la emergencia
sanitaria actual dependerá, en gran medida, de la movilización de recursos públicos y de
la coordinación entre las políticas presupuestarias y las políticas públicas sectoriales
como es, entre otras, la de la promoción pública de vivienda y la obra pública.
En este sentido, se hace necesario señalar que el Gobierno de Canarias, en sesión
celebrada el día 1 de octubre de 2020, aprobó el Plan para la Reactivación Social y
Económica de Canarias que pretende dar respuesta a la crisis derivada de la pandemia
de la COVID-19, con el fin de activar medidas específicas atendiendo a las
singularidades de Canarias y que incorpora los siguientes ejes de actuación en materia
de vivienda social:
1.10 Ampliación del parque de vivienda destinado a alquiler social.
1.11 Apoyo al pago de alquileres.
Asimismo, el eje 5.20, dentro de la prioridad estratégica destinada al apoyo a
empresas y autónomos incluye, la inversión pública en edificación de vivienda pública
protegida [a través del Instituto Canario de Vivienda y la empresa pública Viviendas
Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (VISOCAN)].
No cabe duda de que, ante estas circunstancias excepcionales, la actuación de los
poderes públicos debe estar orientada a proteger el empleo, ayudar a los más
vulnerables y mantener el tejido económico y productivo.
En esta coyuntura, el Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025, aprobado por el
Gobierno de Canarias en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2020, adquiere una
doble dimensión, por una parte, promueve el objetivo de combatir la emergencia
habitacional que sufre el Archipiélago, y por otra, impulsa la reactivación económica de
Canarias.
El Plan prevé acometer en los próximos cinco años miles de actuaciones de fomento
de la vivienda en todas las islas, tanto en construcción de nuevas viviendas protegidas,
como en rehabilitación o en ayudas al alquiler a familias con pocos recursos.
cve: BOE-A-2021-4399
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 69
