BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 22 de marzo de 2021

Sec. I. Pág. 32223

Disposición adicional primera. Consideración del Plan de Vivienda de Canarias
como Plan Estratégico de Subvenciones.
Disposición adicional segunda. Nombramiento de funcionarios interinos para la
ejecución de programas del Plan de Vivienda de Canarias.
Disposición adicional tercera. Abono anticipado de las ayudas concedidas para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio del procedimiento de adjudicación
de las viviendas protegidas de promoción pública.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias.
Disposición final segunda. Mantenimiento del rango reglamentario de determinados
preceptos.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia
internacional.
Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país y nuestra comunidad,
fue preciso adoptar medidas inmediatas que resultaron eficaces para poder controlar la
propagación de la enfermedad. En ese sentido, los Reales Decretos, Decretos Leyes y
Órdenes aprobados, permitieron hacer frente a la situación de emergencia sanitaria y
proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, se entró́
en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y
frenar los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control
de la pandemia, las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública
acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las
diferentes disposiciones y actos adoptados por las autoridades competentes de las
comunidades autónomas. Este conjunto de medidas, dirigido a prevenir situaciones de
riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar
los servicios asistenciales y de salud pública, ha permitido hasta ahora ofrecer
respuestas apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas de evolución
de la onda epidémica en Canarias.
En definitiva, la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la
necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de
salud pública. Estas medidas, junto con las adoptadas por otros países, están teniendo
un impacto económico que se proyecta, en particular, sobre determinadas empresas y
sectores de la economía española, así como sobre los ciudadanos de las zonas
afectadas.
En particular, la situación laboral de Canarias refleja un panorama desolador. El paro
registrado del mes de octubre de 2020 se sitúa en 262.487 personas, siendo la tasa de
variación interanual del 24,92%.
Resulta insostenible que el porcentaje de hogares con todos sus miembros en paro
sea del 13,4%, lo que supone una variación de 2,35 puntos porcentuales con respecto al
periodo anterior.
El 35% de la población de Canarias está en pobreza y exclusión social según el
informe AROPE «El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y

cve: BOE-A-2021-4399
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Núm. 69