BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 13 de marzo de 2021

Sec. I. Pág. 29127

En su conjunto, las ayudas acordadas ascendieron en 2020 a un 20 % del PIB, entre
moratorias bancarias, fiscales y de Seguridad Social, líneas de avales públicos,
subvenciones directas y otro tipo de medidas. Las medidas discrecionales de respuesta a
la COVID-19 con impacto presupuestario ya previstas para 2021 superan el 2 % del PIB. A
ellas se suman las moratorias vigentes para el pago de impuestos y cotizaciones y otras
moratorias para la devolución de los créditos públicos, créditos hipotecarios y no
hipotecarios con entidades financieras y otras medidas de alivio de costes.
Con ello, España se sitúa entre los países en el conjunto de la Unión Europea que
mayores ayudas ha puesto a disposición de sus ciudadanos y con una mayor ejecución
efectiva y efectos compensatorios del impacto negativo de la pandemia en términos de
protección de empleo, reactivación empresarial y liquidez del conjunto de la economía,
protegiendo así la estabilidad financiera y estableciendo una base para la recuperación
económica.
Sin embargo, después de tantos meses de pandemia, el alargamiento de la crisis
sanitaria en el primer trimestre de 2021 y los efectos en la economía de las medidas
tomadas para frenar su expansión en todo el mundo aumentan el riesgo de un deterioro
significativo de los balances de las empresas y un aumento del sobreendeudamiento
que podría lastrar la recuperación y la creación de empleo a partir de la segunda parte
del año.
Con el fin de responder de manera anticipada a posibles problemas de solvencia con
impacto macroeconómico, es preciso adoptar medidas adicionales de refuerzo de la
solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una intensa caída de sus
ingresos debido a la larga duración de la reducción de actividad en determinados
sectores y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia. En la mayoría de casos,
las empresas que se están enfrentando con problemas de deterioro patrimonial gestionan
negocios económicamente viables en sectores altamente rentables antes de la
pandemia.
El objetivo del presente Real Decreto-ley es, pues, múltiple: proteger el tejido
productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la
confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones; evitar
un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española;
proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia; y actuar de forma
preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los
balances del sistema financiero. En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la
pandemia, se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil,
que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado
de una acción reactiva.
En este contexto, este Real Decreto-ley otorga un marco de protección reforzado que,
más allá de las medidas de carácter horizontal ya desplegadas, concentre un importante
volumen de recursos en proteger y apoyar a aquellas empresas, sectores y territorios
potencialmente más vulnerables debido a la duración y el impacto económico de la
pandemia, con el fin de reforzar la liquidez y solvencia y evitar el sobreendeudamiento del
conjunto de la economía nacional, preservando así el tejido productivo y el empleo,
impulsando la inversión y evitando una improductiva destrucción de valor de la actividad
económica en España, sin por ello impedir la necesaria reasignación de recursos entre las
distintas empresas y sectores en los próximos meses.
No se trata, por tanto, de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes
del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la
recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades
financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de
negocio idóneo.
La actuación propuesta de política pública extraordinaria y acotada en el tiempo, pero
al mismo tiempo estructurada con criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo
sostenible, contribuirá a asegurar los puestos de trabajo, mantener y potenciar el tejido
productivo y fomentar la competitividad de la economía española.

cve: BOE-A-2021-3946
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Núm. 62