I. Disposiciones generales. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Ayudas. (BOE-A-2021-3702)
Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas.
23 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 10 de marzo de 2021
Sec. I. Pág. 27643
actuaciones que se realicen y cumplan los requisitos establecidos hasta la finalización de
la vigencia del programa.
Asimismo, las ayudas reguladas por este real decreto tienen carácter singular
derivado, por un lado, de la necesidad de minimizar la dependencia a nivel nacional de
los productos petrolíferos en el sector agrícola y, por otro, de criterios de oportunidad que
implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para alcanzar los
objetivos de descarbonización previstos.
Con el objeto de mantener el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán
actuaciones por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, realizadas con
posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
Estas ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose a la categoría de ayudas
para la protección del medio ambiente (Sección 7) y en las demás disposiciones del
derecho de la Unión Europea que resulten de aplicación.
El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia
constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que,
recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62
y 64/2018, de 7 de junio.
En cumplimiento de dicha jurisprudencia, este real decreto establece un modelo para
la concesión de ayudas basado en mecanismos de cooperación y colaboración
consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución
Española. Se ha diseñado por ello un modelo para la concesión de las ayudas basado
en la colaboración de las comunidades autónomas que pueden desarrollar su tramitación
y efectuar la gestión de los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios
constitucionales y al orden de distribución de competencias.
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de
las comunidades autónomas, a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia
Energética del IDAE celebrada con fecha 20 de noviembre de 2020.
Cumple, por tanto, con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado
en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su
aprobación, que son la necesidad de reducir el consumo de energía final en el sector
agrícola, en el marco de los objetivos perseguidos por el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030 y la necesidad de reducir las emisiones de contaminantes
atmosféricos recogidos en el Programa Nacional de Control de la Contaminación
Atmosférica. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para
garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras
medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los
destinatarios.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa
vigente en materia de eficiencia energética y establece estímulos económicos que
facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia ya que han participado en la
elaboración de la misma los potenciales destinatarios. Además, define claramente sus
objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
cve: BOE-A-2021-3702
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 59
Miércoles 10 de marzo de 2021
Sec. I. Pág. 27643
actuaciones que se realicen y cumplan los requisitos establecidos hasta la finalización de
la vigencia del programa.
Asimismo, las ayudas reguladas por este real decreto tienen carácter singular
derivado, por un lado, de la necesidad de minimizar la dependencia a nivel nacional de
los productos petrolíferos en el sector agrícola y, por otro, de criterios de oportunidad que
implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para alcanzar los
objetivos de descarbonización previstos.
Con el objeto de mantener el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán
actuaciones por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, realizadas con
posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
Estas ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose a la categoría de ayudas
para la protección del medio ambiente (Sección 7) y en las demás disposiciones del
derecho de la Unión Europea que resulten de aplicación.
El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia
constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que,
recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62
y 64/2018, de 7 de junio.
En cumplimiento de dicha jurisprudencia, este real decreto establece un modelo para
la concesión de ayudas basado en mecanismos de cooperación y colaboración
consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución
Española. Se ha diseñado por ello un modelo para la concesión de las ayudas basado
en la colaboración de las comunidades autónomas que pueden desarrollar su tramitación
y efectuar la gestión de los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios
constitucionales y al orden de distribución de competencias.
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de
las comunidades autónomas, a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia
Energética del IDAE celebrada con fecha 20 de noviembre de 2020.
Cumple, por tanto, con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado
en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su
aprobación, que son la necesidad de reducir el consumo de energía final en el sector
agrícola, en el marco de los objetivos perseguidos por el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030 y la necesidad de reducir las emisiones de contaminantes
atmosféricos recogidos en el Programa Nacional de Control de la Contaminación
Atmosférica. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para
garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras
medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los
destinatarios.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa
vigente en materia de eficiencia energética y establece estímulos económicos que
facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia ya que han participado en la
elaboración de la misma los potenciales destinatarios. Además, define claramente sus
objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
cve: BOE-A-2021-3702
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 59
