BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 8 de mayo de 2025

Supl. N. Pág. 4

procedimiento de disciplina territorial o urbanística del que traiga causa. En caso de que
exista una pluralidad de personas responsables, la repercusión se exigirá solidariamente.
7.- El art. 152.3 de la LISTA dispone que cuando se trate de usos en ejecución, la
Administración competente para iniciar el procedimiento dispondrá la paralización
inmediata de dichas actuaciones y procederá a la incoación del procedimiento para el
restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.
El párrafo 2 del precitado apartado 3 del art. 152 de la LISTA dispone que junto al
acuerdo de paralización se adoptarán cuantas medidas cautelares provisionales sean
necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad, tales como el precintado
de las obras, la retirada de materiales y maquinaria o la suspensión de suministros,
pudiendo adoptarse dichas medidas incluso con carácter previo al acuerdo de inicio en
los casos de urgencia inaplazable, y de forma motivada.
En el mismo sentido, el art. 358 del RGLISTA dispone que cuando se trate de actos
de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e instalación, o
cualquier otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo, que estando
sujetos a cualquier aprobación, licencia urbanística previa o presupuesto habilitante, se
realicen, ejecuten o desarrollen sin los mismos o contraviniendo o excediendo sus
términos, el órgano competente para iniciar el procedimiento deberá ordenar, en todo o
en la parte que proceda, la inmediata suspensión de las obras o el cese del acto o uso
en curso de ejecución, realización o desarrollo, así como la interrupción del suministro de
los servicios públicos, pudiéndose adoptar, junto con el acuerdo de suspensión, otras
medidas provisionales que resulten necesarias para garantizar la total paralización de los
actos y la interrupción de los usos, tales como el precintado de las obras, instalaciones o
usos, la retirada de materiales y maquinaria, la prohibición de acceso o, cuando se trate
de una demolición, el acopio y la preservación de todos los materiales y restos de la
misma, que deban conservarse para su reconstrucción, a costa del promotor, propietario
o responsable del acto, a quienes corresponderá asimismo, abonar los gastos de
transporte, depósito y custodia que se produzcan.
Conforme dispone el art. 152.3 de la LISTA y art. 358.4 del RGLISTA la resolución
por la que se ordenen medidas provisionales tiene carácter inmediatamente ejecutivo y
podrá notificarse indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su
defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o
desarrollo, y esté relacionada con el mismo, debiendo cumplir cada uno de ellos dicha
orden desde su recepción en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo,
para la adopción de dichas medias provisionales no será preceptivo el trámite de
audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento de restablecimiento de la
legalidad puedan presentarse las alegaciones que estimen pertinentes.
Practicada la notificación a cualquiera de las personas anteriormente reseñadas
podrá procederse a la ejecución material de las medidas provisionales adoptadas de
forma inmediata.
De la orden de suspensión de los suministros se dará traslado a las empresas
suministradoras de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro producto o servicio
energético y servicio de telecomunicaciones, con el objeto de que, en el plazo máximo
de cinco días desde la recepción dela orden, procedan a interrumpir la prestación de
dichos servicios, que se mantendrán hasta que se notifique expresamente el
levantamiento de la orden de suspensión o el otorgamiento de la licencia urbanística,
bastando a estos efectos, la identificación precisa del inmueble afectado.
8.- El art. 154 de la LISTA y art. 359 del RGLISTA disponen que en caso de
incumplimiento de las medidas provisionales o definitivas, la Administración procederá a
la ejecución forzosa, de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo
común, por los medios allí previstos, y con los apartados siguientes, incluidas las multas
coercitivas, cuyo importe deberá ser destinado a la actividad inspectora.

cve: BOE-N-2025-d88119a32efe7c9b6223f4486b20615787a9c1f0
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Núm. 111