BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 18 de marzo de 2025

Supl. N. Pág. 3

precedida de la visita al lugar donde se localice la actuación, cuando resulte necesaria, y
de los informes sobre la contravención de la legalidad urbanística.
QUINTO.- De acuerdo con los artículos 353.3 de la LSEPNC y 42 del RIPLUC, la
resolución de incoación del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
describirá la actuación objeto del procedimiento y su localización, determinará los
motivos de la supuesta contravención de la legalidad urbanística e identificará a las
personas o entidades que promuevan, realicen o pudieran ser responsables de dicha
actuación. La incoación podrá establecer, igualmente, las medidas provisionales que se
estimaran necesarias y deberá, en todo caso, pronunciarse sobre el mantenimiento o
alzamiento de aquellas que se hubieran adoptado antes de la incoación. Asimismo,
conferirá un trámite de acceso al expediente y alegaciones por un plazo de 10 días.
La notificación de la resolución de incoación se practicará con arreglo a lo dispuesto
en la legislación de procedimiento administrativo común a las personas que resulten
identificadas en la misma como promotoras, propietarias o responsables de la actuación.
La resolución de incoación no es susceptible de recurso, a excepción de la adopción o
ratificación de medidas provisionales que en la misma se establezcan.
SEXTO.- El artículo 361.1 de la LSENPC establece que la Administración podrá
incoar procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística:
a) En cualquier momento, mientras las obras o usos estén en curso de ejecución,
salvo lo dispuesto en la letra d), respecto a los usos consolidados.
b) En el plazo de cuatro años desde su completa terminación, en el caso de
construcciones, edificaciones e instalaciones sujetas a licencia u otro título habilitante
equivalente.
c) En el plazo de cuatro años, desde su completa terminación, en los supuestos de
construcciones, edificaciones e instalaciones sujetas a comunicación previa.
d) En el plazo de cuatro años, desde que se produzca el primer signo exterior y
verificable de los usos que se realicen en edificaciones, construcciones o instalaciones
legales terminadas o en la situación de fuera de ordenación.
Estas limitaciones temporales no regirán respecto de las siguientes actuaciones:
a) Las de parcelación ilegal en suelo rústico protegido o comprendido en un espacio
natural protegido.
b) Las de construcción o edificación cuando hayan sido ejecutadas o realizadas:
1º) Sobre suelo rústico de protección ambiental calificado como tal con carácter
previo al inicio de la actuación.
2º) En dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo.
3º) Afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural en los términos
de la legislación sobre patrimonio histórico.
4º) Afectando a viales, espacios libres o zonas verdes públicas.
5º) Afectando a áreas no edificables privadas, que sean computables a efectos de la
capacidad alojativa en los centros turísticos.
c) Las construcciones, edificaciones o instalaciones autorizadas para albergar los
usos complementarios previstos en el artículo 61 de la LSENPC, una vez cesada la
actividad principal.
d) Las obras y usos provisionales habilitados al amparo del artículo 32 de la
LSENPC, una vez revocado el título habilitante.
SÉPTIMO.- Según el artículo 363 de la LSENPC, la administración competente en
materia de restablecimiento de la legalidad urbanística podrá adoptar motivadamente

cve: BOE-N-2025-22050a66ee87cdebb59af907a7399ac5f6e83098
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Núm. 66