Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Carrascalejo. (BOP-2024-4500)
BOP-2024-4500 Aprobación definitiva del Reglamento regulador de la modalidad de prestación de servicios en régimen de Teletrabajo.
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de las dependencias administrativas de la totalidad o de parte de la jornada. En concreto, el
artículo 50 de la norma exige que los términos y condiciones de la implantación de esta
modalidad de trabajo se determinen reglamentariamente.
Por su parte, el artículo 46 del citado texto normativo establece que "...En correspondencia con
la naturaleza jurídica de su relación de servicio, el personal empleado público tiene los
siguientes derechos individuales: k) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral".
Finalmente, el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a Distancia, que,
aunque no es aplicable a la función pública, se convierte en un referente que conviene
considerar. Así como el nuevo artículo 47 bis del TREBEP, introducido por el Real Decreto-ley
29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (convalidado por el Congreso de los
Diputados - Resolución 15 de octubre de 2020).
Este Reglamento se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. De este modo, la norma da cumplimiento a los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, resulta
coherente con el ordenamiento jurídico, no introduce nuevas cargas administrativas y permite
una gestión más eficiente de los recursos públicos.
El artículo 133 del mismo texto legal establece la obligatoriedad de participación de los
ciudadanos en el procedimiento de aprobación de los reglamentos, con la excepción
establecida en su apartado 4 "Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e
información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u
organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando
concurran razones graves de interés público que lo justifiquen". Tratándose de una norma
reglamentaria de carácter organizativo no es necesario este trámite.
Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 18 de julio de 1988 señala que la
autonomía local, tal como se encuentra institucionalmente garantizada en los artículos 137 y
140 de la Constitución Española de 1978, exige la concreción de un ámbito de competencias
propio junto con un poder de auto organización y el reconocimiento de una específica potestad
normativa.
CVE:
BOP-2024-4500
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 23 de agosto de 2024
N.º 0163
Pág. 18792
artículo 50 de la norma exige que los términos y condiciones de la implantación de esta
modalidad de trabajo se determinen reglamentariamente.
Por su parte, el artículo 46 del citado texto normativo establece que "...En correspondencia con
la naturaleza jurídica de su relación de servicio, el personal empleado público tiene los
siguientes derechos individuales: k) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral".
Finalmente, el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a Distancia, que,
aunque no es aplicable a la función pública, se convierte en un referente que conviene
considerar. Así como el nuevo artículo 47 bis del TREBEP, introducido por el Real Decreto-ley
29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (convalidado por el Congreso de los
Diputados - Resolución 15 de octubre de 2020).
Este Reglamento se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. De este modo, la norma da cumplimiento a los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, resulta
coherente con el ordenamiento jurídico, no introduce nuevas cargas administrativas y permite
una gestión más eficiente de los recursos públicos.
El artículo 133 del mismo texto legal establece la obligatoriedad de participación de los
ciudadanos en el procedimiento de aprobación de los reglamentos, con la excepción
establecida en su apartado 4 "Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e
información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u
organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando
concurran razones graves de interés público que lo justifiquen". Tratándose de una norma
reglamentaria de carácter organizativo no es necesario este trámite.
Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 18 de julio de 1988 señala que la
autonomía local, tal como se encuentra institucionalmente garantizada en los artículos 137 y
140 de la Constitución Española de 1978, exige la concreción de un ámbito de competencias
propio junto con un poder de auto organización y el reconocimiento de una específica potestad
normativa.
CVE:
BOP-2024-4500
Verificable
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http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 23 de agosto de 2024
N.º 0163
Pág. 18792
