Área de Fomento

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la Autonomía Municipal de Extremadura, las diputaciones tienen atribuidas competencias de asistencia, al objeto de
proporcionar a los municipios la capacidad de gestión requerida para el ejercicio de las competencias de titularidad
municipal y la consiguiente efectividad del principio de subsidiariedad.
Dentro del ámbito propio, en la sesión plenaria, celebrada el pasado 25 de octubre de 2019, esta Diputación Provincial
prestó aprobación a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y cumplimiento de la Agenda 2030, en un
compromiso decidido para que esos principios vertebren su acción administrativa.
La referida implementación, por tanto, hace precisa una alineación de todos los programas, proyectos y acciones, que se
lleven a cabo por esta Institución Provincial a la hoja de ruta marcada por Naciones Unidas, así como su traslación a los
municipios de la provincia.
Esta actuación se enmarca en el eje D sobre "Desarrollo Ambiental", perteneciendo al objetivo estratégico 8 sobre
"protección de entorno y optimización de los recursos" y, en concreto, con los ODS número 11 en relación con "ciudades y
comunidades sostenibles" y, el número 13 sobre la "acción por el clima".
En línea con lo anterior, con la presente convocatoria de subvenciones se pretende facilitar a las entidades locales de la
provincia los medios y recursos necesarios, para que lleven a cabo con seguridad la retirada y reposición de los elementos
ubicados en los colegios o centros de educación infantil públicos que contengan fibrocemento.
Por todo ello, dada la necesidad de continuar con la labor de asistencia, asesoramiento y cooperación económica con las
entidades locales de la provincia, se plantea, como línea programática, el establecimiento de una actividad de fomento,
consistente en la retirada controlada de elementos de fibrocemento y su sustitución en los centros educativos de las
entidades locales menores y los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes.
En suma, los objetivos de esta convocatoria, son:
Favorecer la retirada controlada de fibrocemento.
Facilitar su reposición por nuevos elementos.
Evitar la exposición del alumnado y el profesorado a estos elementos.
En el ámbito de la Unión Europea, el artículo 137 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea establece como objetivo
la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Con esta base
jurídica en los últimos años, la Unión Europea en los últimos años se ha ido dotando en los últimos años de un cuerpo
normativo altamente avanzado que se dirige a garantizar un mejor nivel de protección de la salud y seguridad de los
trabajadores.
En este sentido, la aprobación de la Directiva 2003/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003,
que obliga a modificar la legislación española en esta materia.
En el ámbito nacional, originalmente esta materia se encuentra regulada por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, que determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo,
en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.
El proceso de actualización de la normativa en esta materia tiene su base tanto en la Directiva europea anteriormente
señalada como en la Orden del Ministerio de Presidencia, de 7 de diciembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, que estableció la prohibición de utilizar, producir y
comercializar fibras de amianto y productos que las contengan.
Asimismo, se aprueba el Real Decreto 396/2006, de 8 de noviembre, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto y, donde entre
otras cuestiones, se regulan los límites de exposición y las prohibiciones en materia de amianto, las condiciones de
utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias, las medidas de higiene personal y de protección
individual, así como, la obligación de inscripción en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA), registro de datos
o archivo de documentación.
La articulación de línea de subvenciones expuesta permite alimentar los principios de autonomía y suficiencia financiera
municipal, consagrados en nuestra Carta Magna, recogidos en los artículos 137 y 142, que pivotan de forma coadyuvante el
uno con el otro.
BASE 1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
1. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop

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