Disposiciones generales. . (2024/71-2)
Orden de 8 de abril de 2024, por la que se aprueban las bases reguladoras aplicables a las Intervenciones de Desarrollo Rural no SIGC de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 (Intervenciones 7202.02, 7202.05, 7202.06 y 7202.07) y se modifica la Orden de 21 de octubre de 2019, relativa al procedimiento para la habilitación de entidades para la presentación y tramitación electrónica de las solicitudes de todo tipo de subvenciones y ayudas.
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Número 71 - Viernes, 12 de abril de 2024
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y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas
agrícolas y rurales y promoviendo su adopción por los agricultores, mediante la mejora del
acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación.
Por otra parte el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la
política agrícola común, establece como instrumento de financiación de las distintas
intervenciones y medidas de la PAC con cargo al presupuesto general de la Unión, el
FEADER, que se ejecutará en régimen de gestión compartida entre los Estados miembros
y la Unión, y sufragará la contribución financiera de la Unión a las intervenciones para el
desarrollo rural a que se refiere el Título III, Capítulo IV del Reglamento (UE) 2021/2115
como se especifique en los planes estratégicos de la PAC y las acciones a que se
refiere el artículo 125 de dicho Reglamento y por el que se deroga el Reglamento (UE)
núm. 1306/2013.
El Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de España establece un modelo uniforme
de aplicación de la Política Agrícola Común en todo el territorio nacional con base en
la competencia del Estado para establecer la planificación general de la actividad
económica, en este caso, del sector agrario. Mediante Decisión de ejecución de la
Comisión C(2022) 6017 final, de 31 de agosto de 2022, se aprueba el plan estratégico de
la PAC 2023-2027 de España para la ayuda de la Unión financiada por el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Con el fin de poder realizar una correcta implantación y gestión del conjunto de
intervenciones que se incluyan en el PEPAC, se hace necesario disponer de las
adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas
en el territorio nacional, para lo que se ha aprobado la Ley 30/2022, de 23 de diciembre,
por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias
conexas.
Tal como establece la referida Ley 30/2022, de 23 de diciembre, en su artículo 4, en
todos los procedimientos administrativos seguidos ante las autoridades competentes, las
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad beneficiarios de las ayudas de la
PAC, así como otros titulares de explotaciones agrarias inscritas en los correspondientes
registros y empresas conexas, que la autoridad competente tenga acreditado
fehacientemente que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos
necesarios, deberán relacionarse con la administración exclusivamente por medios
electrónicos. No obstante, deben preverse los mecanismos y recursos necesarios para
el respeto de los derechos de las personas físicas titulares de explotaciones agrarias que
no tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, asegurando su
derecho a la transmisión de información y comunicación por medios no electrónicos.
Es necesario, también, tener en cuenta los reglamentos delegados y de ejecución de
la Comisión Europea que complementan o desarrollan a los reglamentos del Parlamento
Europeo y del Consejo citados previamente.
Así, determinados aspectos que anteriormente estaban regulados en la
reglamentación de la Unión Europea en la actualidad se desarrollan mediante normas
nacionales, como es la aplicación de penalizaciones en el caso de que las personas
beneficiarias no cumplan los requisitos y obligaciones establecidas para el acceso a cada
una de las intervenciones, teniendo en cuenta especialmente los aspectos relativos a la
protección de los intereses financieros de la Unión.
Por este motivo, la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, introduce mediante su artículo
9 en el marco legislativo español, el concepto relativo a las reducciones y exclusiones
a determinadas ayudas PAC y diferencia, a efectos de control de las ayudas de la PAC,
entre las penalizaciones por incumplimiento y las sanciones.
Con el Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las
normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el
Plan Estratégico de la Política Agrícola Común se viene a completar el marco normativo
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00299907
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
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y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas
agrícolas y rurales y promoviendo su adopción por los agricultores, mediante la mejora del
acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación.
Por otra parte el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la
política agrícola común, establece como instrumento de financiación de las distintas
intervenciones y medidas de la PAC con cargo al presupuesto general de la Unión, el
FEADER, que se ejecutará en régimen de gestión compartida entre los Estados miembros
y la Unión, y sufragará la contribución financiera de la Unión a las intervenciones para el
desarrollo rural a que se refiere el Título III, Capítulo IV del Reglamento (UE) 2021/2115
como se especifique en los planes estratégicos de la PAC y las acciones a que se
refiere el artículo 125 de dicho Reglamento y por el que se deroga el Reglamento (UE)
núm. 1306/2013.
El Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de España establece un modelo uniforme
de aplicación de la Política Agrícola Común en todo el territorio nacional con base en
la competencia del Estado para establecer la planificación general de la actividad
económica, en este caso, del sector agrario. Mediante Decisión de ejecución de la
Comisión C(2022) 6017 final, de 31 de agosto de 2022, se aprueba el plan estratégico de
la PAC 2023-2027 de España para la ayuda de la Unión financiada por el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Con el fin de poder realizar una correcta implantación y gestión del conjunto de
intervenciones que se incluyan en el PEPAC, se hace necesario disponer de las
adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas
en el territorio nacional, para lo que se ha aprobado la Ley 30/2022, de 23 de diciembre,
por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias
conexas.
Tal como establece la referida Ley 30/2022, de 23 de diciembre, en su artículo 4, en
todos los procedimientos administrativos seguidos ante las autoridades competentes, las
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad beneficiarios de las ayudas de la
PAC, así como otros titulares de explotaciones agrarias inscritas en los correspondientes
registros y empresas conexas, que la autoridad competente tenga acreditado
fehacientemente que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos
necesarios, deberán relacionarse con la administración exclusivamente por medios
electrónicos. No obstante, deben preverse los mecanismos y recursos necesarios para
el respeto de los derechos de las personas físicas titulares de explotaciones agrarias que
no tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, asegurando su
derecho a la transmisión de información y comunicación por medios no electrónicos.
Es necesario, también, tener en cuenta los reglamentos delegados y de ejecución de
la Comisión Europea que complementan o desarrollan a los reglamentos del Parlamento
Europeo y del Consejo citados previamente.
Así, determinados aspectos que anteriormente estaban regulados en la
reglamentación de la Unión Europea en la actualidad se desarrollan mediante normas
nacionales, como es la aplicación de penalizaciones en el caso de que las personas
beneficiarias no cumplan los requisitos y obligaciones establecidas para el acceso a cada
una de las intervenciones, teniendo en cuenta especialmente los aspectos relativos a la
protección de los intereses financieros de la Unión.
Por este motivo, la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, introduce mediante su artículo
9 en el marco legislativo español, el concepto relativo a las reducciones y exclusiones
a determinadas ayudas PAC y diferencia, a efectos de control de las ayudas de la PAC,
entre las penalizaciones por incumplimiento y las sanciones.
Con el Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las
normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el
Plan Estratégico de la Política Agrícola Común se viene a completar el marco normativo
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00299907
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
