BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 16 de febrero de 2024

página 40799/18

Todas estas medidas tienen un eje común, cuál es, mediante la simplificación de
trámites o mejoras regulatorias, permitir una mayor eficiencia, aumentar la carga inversora
y la actividad productiva de Andalucía en el menor plazo de tiempo posible, para tratar de
paliar los efectos de la situación económica.
Por su parte, las circunstancias que justifican la adopción del presente Decreto-ley
requieren que las medidas previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible para
dar cobertura a las distintas situaciones descritas derivadas de la crisis económica
expuesta, lo que no se conseguiría con la tramitación mediante el procedimiento
legislativo ordinario o de tramitación de urgencia ya que al no poder aprobarse en tiempo
y forma conllevaría la pérdida de su esperada eficacia.

Una de las demandas que con mayor intensidad viene dirigiendo la ciudadanía
y los operadores económicos a las Administraciones Públicas es la racionalización
administrativa y la simplificación de los procedimientos administrativos, la agilización de
trámites y reducción de cargas.
La racionalización administrativa trata de establecer orden, simplicidad y oportunidad
en la organización y procedimientos que se realicen, para lo cual utiliza técnicas y métodos
orientados a estudiar, diseñar y simplificar estructuras, funciones, procedimientos, cargas,
y la óptima utilización integral de los recursos existentes.
La simplificación administrativa es un instrumento para promover la racionalización
administrativa, como proceso integral y continuo en aras de conseguir la optimización
de su organización y de los recursos humanos y la reordenación, simplificación,
normalización y automatización progresiva de los procedimientos para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos y para facilitar la reactivación de la actividad económica
en Andalucía, reduciendo las barreras y costos que impiden una mayor eficiencia social
en la interacción de los ciudadanos y los agentes económicos. Así mismo precisa de un
sistema ad-hoc de seguimiento.
La Unión Europea utiliza el concepto de simplificación en diversos documentos como
equivalente a la política de calidad normativa, así ocurre, por ejemplo, en el Programa de
Adecuación y Eficacia de la Reglamentación (REFIT). En ese programa se tienen muy en
cuenta las principales fuentes de ineficacia y carga innecesaria en materia de regulación,
adoptando un enfoque muy cuantitativo para evaluar siempre que sea posible los costes
y beneficios de las actuaciones que emprendan las Instituciones Europeas. Incluso,
suele identificarse la simplificación con un concepto más amplio, relacionándolo muy
estrechamente con los procesos de mejora de las Administraciones Públicas articulados
a su vez a través de planes o programas de acción estratégica.
La Junta de Andalucía ha desarrollado múltiples normas para impulsar la reducción
de las trabas administrativas, la simplificación de los procedimientos administrativos,
la agilización de trámites, la reducción de cargas y el impulso de la administración
electrónica. De entre estas iniciativas es preciso destacar el Decreto 622/2019, de 27
de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. Con esta norma se persigue
mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa, garantizar e implementar
los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración de la Junta de
Andalucía, y preservar la seguridad jurídica determinando las condiciones de validez y
eficacia en el uso de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas.
Este Decreto establece los principios generales y adoptar medidas de simplificación
administrativa y racionalización organizativa, así como el uso de los medios electrónicos
por la Administración de la Junta de Andalucía.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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