Autoridades y personal. Universidades. (2023/4-39)
Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la escala de gestión de esta Universidad, mediante el sistema de promoción interna.
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 4 - Lunes, 9 de enero de 2023

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artículo 4 del Reglamento por el que se regula el uso y funcionamiento del Registro
Electrónico General de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (BOJA de 13 de
mayo de 2022), a través del registro electrónico de esta Universidad, o en los registros
electrónicos referidos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.4. Quienes soliciten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar los
correspondientes méritos dentro del plazo de presentación de solicitudes, siempre que
no se encuentren en su expediente personal de la Universidad Pablo de Olavide.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición de las personas interesadas.
3.6. Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos y documentación que
hayan hecho constar o aportado en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar
su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de
esta naturaleza.
3.7. Las personas con discapacidad podrán solicitar, expresándolo en el campo
correspondiente de su instancia, las adaptaciones de tiempo y medios que estimen
necesarias para la realización de los ejercicios.

5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del tribunal se ajustará a lo dispuesto en el Anexo IV de esta
convocatoria. Los nombres y demás datos de los miembros del tribunal se harán públicos
en la resolución rectoral que apruebe la relación provisional de personas admitidas y
excluidas a que se refiere la base 4.1.
5.2. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, cuando concurra en ellos alguna circunstancia
de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
La presidencia del tribunal podrá solicitar de los miembros una declaración expresa de
no hallarse incursos en las circunstancias señaladas. Así mismo, las personas aspirantes
podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en la presente base.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando
aprobada la relación provisional de personas admitidas y excluidas a las pruebas
selectivas. En dicha resolución constarán los apellidos, el nombre y algunos de los dígitos
del número del documento nacional de identidad de cada aspirante, con indicación
expresa de la causa de exclusión.
4.2. Las personas que figuren como excluidas o que no consten en la lista provisional
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la citada resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión o la omisión. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la lista serán definitivamente
excluidos de la realización de las pruebas.
4.3. La resolución que apruebe la relación definitiva de personas admitidas y
excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer
recurso de reposición, o bien recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.