BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 33 - Jueves, 17 de febrero de 2022

página 2417/58

Para garantizar la prestación del mismo, la Consejería competente en materia de servicios
sociales suscribirá convenios de colaboración con los Ayuntamientos de municipios con población
superior a veinte mil habitantes y las Diputaciones Provinciales, conforme al modelo previsto.
Mediante estos convenios, las Corporaciones Locales se comprometen a la prestación del servicio
en su ámbito territorial y la citada Consejería a realizar las transferencias correspondientes a la
aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con cargo a la disponibilidad
presupuestaria de cada ejercicio.
La cuantía que corresponda a cada Corporación Local se calculará a mes vencido, en función del
número de horas efectivamente prestadas, el coste o costes/hora del servicio y la aportación
realizada por las personas usuarias.”
Es un servicio que depende para su desarrollo de la financiación del Estado y de la Junta de
Andalucía a través de convenios de colaboración, en base a lo que el Ayuntamiento asume como
contrapartida el compromiso de prestar el servicio en su ámbito territorial, Esto no conlleva que
el Ayuntamiento debe asumirlo como personal propio, con esa dependencia financiera sería
totalmente inviable, al ser un problema de asignación de recursos cuya solución debe plantearse
en otro ámbito y sin tener que comprometer la atención de otros servicios a la ciudadanía. En el
último ejercicio los ingresos procedente de la Consejería de Servicios Sociales y Dependencia
ascendieron 2.284.642,24 euros, reconociéndose en el Capítulo IV de ingresos “Transferencias
Corrientes”.
De igual forma, la limitada financiación puede conllevar al incumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ya que el artículo 32 de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia, prevé que el Sistema en general será financiado suficientemente para que las
Administraciones públicas competentes puedan cumplir con las obligaciones que le
correspondan, correspondiendo la financiación al Estado y a las Comunidades Autónomas,
incumpliéndose también lo previsto en esta última ley citada.
Respecto de la aplicación o exclusión del convenio en sentencia 247/2020 del Juzgado de lo Social
n.º 7 de Sevilla, sobre despido interpuesto por una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio
respecto a la fijación delos salarios de tramitación plantea:

Sin embargo, ello no quiere decir que necesariamente la relación laboral concertado en base a un
programa de empleo deba entrar en el ámbito de aplicación del convenio colectivo propio de la
entidad empleadora, en el caso que nos ocupa, hay una exclusión expresa de estos contratos en
el artículo primero del convenio y, a fin de evitar un vacío normativo ciertamente indispensable,
el propio contrato de trabajo establece la remisión a lo dispuesto en el convenio colectivo sectorial
correspondiente a la activad realizada.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00255678

“El Tribunal Supremo ha señalado en más de una ocasión que las normas reguladoras de un
determinado programa de empleo no constituyen propiamente fuentes del derecho de una
relación laboral. Los Ayuntamientos, aunque contraten en el marco de una normativa que tenía
por objeto promover el empleo joven, deben recurrir a alguna de los modalidades contractuales
establecidas en el ET, y las subvenciones únicamente constituyen una ayuda económica para
incumplir con la normativa laboral en materia de retribuciones (SSTS 6 de mayo de 2019, recursos
445/2017, 608/2018 de 7 de noviembre de 2019, recurso 1914/2017, entre otras).