Disposiciones generales. Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. (2021/241-1)
Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
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Número 241 - Viernes, 17 de diciembre de 2021
página 20034/5
En consecuencia, ha sido preciso realizar en el menor plazo de tiempo posible un
trabajo minucioso de identificación y análisis de todos los procedimientos administrativos,
para detectar las trabas y barreras innecesarias y desproporcionadas al desarrollo de las
actividades económicas. Este trabajo de evaluación, en el que han participado grupos de
trabajo de funcionarios de las distintas Consejerías, bajo la supervisión de la Agencia de
la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía, ha determinado que es preciso
llevar a cabo todo un conjunto de cambios normativos, los que se contemplan en el
articulado de este Decreto-ley que, de forma agregada, buscan conseguir un significativo
efecto transformador y dinamizador de la economía andaluza.
Es por ello por lo que se propone llevar a cabo todo un conjunto de reformas
normativas, cuya extremada urgencia determina el actual contexto económico; que,
sumadas, permitan a la economía andaluza iniciar, de forma robusta, la anhelada senda
de recuperación.
En este sentido en el Informe del Banco de España de 23 junio de 2020 sobre
«los principales retos de la economía española tras el COVID-19», una de las líneas
estratégicas que propone para mejorar la economía es precisamente la de las mejoras
regulatorias, y además de carácter integral:
«En tercer lugar, la estrategia debe tener un carácter integral, dado que la mayor parte
de los retos de nuestra economía están estrechamente relacionados entre sí. Solo una
estrategia global que reconozca explícitamente los múltiples canales que conectan entre
sí a los distintos desafíos a los que se enfrenta la economía española podrá darles una
respuesta adecuada. A modo de ejemplo, las reformas estructurales que se desplieguen
para aumentar el potencial de crecimiento de la economía y abordar los desajustes
estructurales del mercado laboral español tendrán, con seguridad, una notable incidencia
sobre las finanzas públicas y los niveles de desigualdad. (...)
Fomentar la dinámica y el crecimiento empresarial, e incrementar el grado de
competencia sectorial.
La literatura económica enfatiza que la estructura de mercado y el entorno empresarial
desempeñan un papel fundamental en el adecuado funcionamiento de los mercados de
bienes y servicios, y son un determinante clave del grado de eficiencia y productividad
de la economía. A su vez, estos aspectos están condicionados por la regulación. Así,
la evidencia empírica disponible apunta a que una regulación más estricta tiende a
estar asociada con una menor dinámica e inversión empresarial, y con una menor
productividad.
En relación con el papel de la regulación, este es habitualmente uno de los principales
obstáculos a la inversión mencionados por las empresas en las encuestas realizadas. En
este sentido, a pesar de las mejoras significativas registradas durante la última década,
el marco regulatorio español sigue presentando márgenes de mejora cuando se compara
con el de las economías con las mejores prácticas, de acuerdo con el informe Doing
Business del Banco Mundial. Este informe muestra que las cargas administrativas para la
creación de nuevas empresas son, en general, más gravosas en España. En la actualidad,
de acuerdo con esa información, son necesarios siete trámites, 12,5 días y un 3,9% de
la renta per cápita anual para crear una empresa, frente a los 4 (5), 4,5 (4) y 0% (0,7%),
respectivamente, que se necesitan en Reino Unido (Francia).
En un país tan descentralizado como España [en 2018, el 71,8% de la normativa tuvo
origen en las Comunidades Autónomas (CCAA)], resultaría también conveniente que
estas y las Corporaciones Locales pusieran en común sus diferentes prácticas, sector
a sector, para alcanzar estándares de regulación de acuerdo con las mejores prácticas.
Todo ello, manteniendo el objetivo de favorecer la productividad y no limitar la entrada
de potenciales competidores. En la actualidad, existe una notable heterogeneidad en los
trámites regionales necesarios para, por ejemplo, llevar a cabo proyectos de inversión.
Estas trabas a la unidad de mercado podrían estar limitando no solo la creación de
empresas, sino también su posterior capacidad de desarrollo. Asimismo, los indicadores
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00252304
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
página 20034/5
En consecuencia, ha sido preciso realizar en el menor plazo de tiempo posible un
trabajo minucioso de identificación y análisis de todos los procedimientos administrativos,
para detectar las trabas y barreras innecesarias y desproporcionadas al desarrollo de las
actividades económicas. Este trabajo de evaluación, en el que han participado grupos de
trabajo de funcionarios de las distintas Consejerías, bajo la supervisión de la Agencia de
la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía, ha determinado que es preciso
llevar a cabo todo un conjunto de cambios normativos, los que se contemplan en el
articulado de este Decreto-ley que, de forma agregada, buscan conseguir un significativo
efecto transformador y dinamizador de la economía andaluza.
Es por ello por lo que se propone llevar a cabo todo un conjunto de reformas
normativas, cuya extremada urgencia determina el actual contexto económico; que,
sumadas, permitan a la economía andaluza iniciar, de forma robusta, la anhelada senda
de recuperación.
En este sentido en el Informe del Banco de España de 23 junio de 2020 sobre
«los principales retos de la economía española tras el COVID-19», una de las líneas
estratégicas que propone para mejorar la economía es precisamente la de las mejoras
regulatorias, y además de carácter integral:
«En tercer lugar, la estrategia debe tener un carácter integral, dado que la mayor parte
de los retos de nuestra economía están estrechamente relacionados entre sí. Solo una
estrategia global que reconozca explícitamente los múltiples canales que conectan entre
sí a los distintos desafíos a los que se enfrenta la economía española podrá darles una
respuesta adecuada. A modo de ejemplo, las reformas estructurales que se desplieguen
para aumentar el potencial de crecimiento de la economía y abordar los desajustes
estructurales del mercado laboral español tendrán, con seguridad, una notable incidencia
sobre las finanzas públicas y los niveles de desigualdad. (...)
Fomentar la dinámica y el crecimiento empresarial, e incrementar el grado de
competencia sectorial.
La literatura económica enfatiza que la estructura de mercado y el entorno empresarial
desempeñan un papel fundamental en el adecuado funcionamiento de los mercados de
bienes y servicios, y son un determinante clave del grado de eficiencia y productividad
de la economía. A su vez, estos aspectos están condicionados por la regulación. Así,
la evidencia empírica disponible apunta a que una regulación más estricta tiende a
estar asociada con una menor dinámica e inversión empresarial, y con una menor
productividad.
En relación con el papel de la regulación, este es habitualmente uno de los principales
obstáculos a la inversión mencionados por las empresas en las encuestas realizadas. En
este sentido, a pesar de las mejoras significativas registradas durante la última década,
el marco regulatorio español sigue presentando márgenes de mejora cuando se compara
con el de las economías con las mejores prácticas, de acuerdo con el informe Doing
Business del Banco Mundial. Este informe muestra que las cargas administrativas para la
creación de nuevas empresas son, en general, más gravosas en España. En la actualidad,
de acuerdo con esa información, son necesarios siete trámites, 12,5 días y un 3,9% de
la renta per cápita anual para crear una empresa, frente a los 4 (5), 4,5 (4) y 0% (0,7%),
respectivamente, que se necesitan en Reino Unido (Francia).
En un país tan descentralizado como España [en 2018, el 71,8% de la normativa tuvo
origen en las Comunidades Autónomas (CCAA)], resultaría también conveniente que
estas y las Corporaciones Locales pusieran en común sus diferentes prácticas, sector
a sector, para alcanzar estándares de regulación de acuerdo con las mejores prácticas.
Todo ello, manteniendo el objetivo de favorecer la productividad y no limitar la entrada
de potenciales competidores. En la actualidad, existe una notable heterogeneidad en los
trámites regionales necesarios para, por ejemplo, llevar a cabo proyectos de inversión.
Estas trabas a la unidad de mercado podrían estar limitando no solo la creación de
empresas, sino también su posterior capacidad de desarrollo. Asimismo, los indicadores
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00252304
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
