Disposiciones generales. Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. (2021/241-1)
Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 17 de diciembre de 2021

página 20034/3

II
En el escenario tan desfavorable de incertidumbre, sanitaria y económica, antes
descrito, corresponde a los poderes públicos impulsar todo tipo medidas, que permitan
que las actividades productivas se desarrollen en un marco regulatorio que facilite la
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

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sector servicios, los más afectados por las limitaciones a las actividades de consumo
social, todavía se encuentran por debajo de los que tenían en 2019, antes del inicio de la
crisis sanitaria.
Además, los efectos de esta situación pueden agudizar el mercado de trabajo en
Andalucía. A la elevada tasa de desempleo del 22,3% del año 2020, superior en casi
siete puntos porcentuales a la de España (15,6%), se une que, todavía hay 24.632
trabajadores en situación de ERTE en Andalucía a finales del mes de octubre, el 0,8%
del total de afiliados, con todo, con una incidencia inferior a la media nacional (1,0%). Y la
incertidumbre sobre las salidas al empleo o al desempleo de los trabajadores en ERTE
siguen siendo un elemento a considerar. En este sentido, señalar también que en el mes
de noviembre el número de contratos en Andalucía ha sido un 13% inferior al que se
registró en noviembre de 2019 (–15% en España).
Todo ello, en un contexto laboral en España en el que grandes empresas de los
sectores comercio, alimentación, financiero, turístico e industrial han anunciado recortes
en las plantillas muy significativos.
Cabe añadir además como elemento condicionante y limitativo de la recuperación
económica, la trayectoria inflacionista a la que se viene asistiendo en los últimos meses,
derivada, entre otros factores, de la subida del precio del petróleo en los mercados
internacionales y de los máximos históricos que se vienen registrando en el precio de
la electricidad en España. Según el último dato avance del INE, la tasa de inflación en
España ha alcanzado el 5,6% en noviembre, un registro que no se alcanzaba desde
el año 1992 y que es casi cuatro veces los aumentos salariales pactados en convenio
(1,55% en octubre). Esta situación está derivando en mermas del poder adquisitivo de los
trabajadores y puede llevar a lastrar la recuperación del consumo de los hogares y de la
economía en general.
A esta circunstancia se une que, debido al fuerte impulso de la demanda a nivel mundial
a lo largo de 2021, después de la notable caída de la actividad y el comercio en 2020, se
está generando un desajuste con la oferta, que está provocando la aparición de cuellos de
botella en las cadenas de suministros globales.
De esta forma, desde finales de 2020, en la zona euro y otras economías avanzadas
fuertemente dependientes de la importación de materia primas y bienes intermedios,
el sector de manufacturas se está enfrentando a disrupciones en los procesos de
producción, con problemas de abastecimiento de insumos en ámbitos como el de
los semiconductores, los productos químicos, los plásticos, la madera o los metales
industriales. Dificultades que se unen a las tensiones que se observan en el transporte
marítimo y que alcanzan una notable repercusión, dada su relevancia en los flujos de
comercio de mercancías a nivel mundial, al ser el medio más utilizado, en concreto en
el 80% de las transacciones mundiales de bienes.
Todos estos elementos configuran una situación de excepcionalidad que justifica la
necesidad de seguir profundizando de manera urgente en las reformas administrativas
necesarias, en materia de simplificación de trámites y mejora de la regulación económica,
para favorecer que los proyectos de inversión del sector privado se materialicen en
actividad económica y generación de empleo en el menor tiempo posible. De no ser
así, las secuelas de la crisis económica se prolongarán en el tiempo y el proceso de
convergencia que la economía andaluza había comenzado con la economía española
desde 2019, corre el riesgo de truncarse.