Disposiciones generales. Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. (2021/241-1)
Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
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Número 241 - Viernes, 17 de diciembre de 2021

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Registradas, del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones y de sus Registros y
de aclarar el articulado referido a la obligación de la inclusión de la huella de carbono en
la contratación pública.
Y es que la puesta en marcha del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas recogido
en la Ley 8/2018, de 8 de octubre, obligaría a la reducción de emisiones a las empresas
con actividades públicas y privadas radicadas en Andalucía con consumos energéticos
elevados. La modificación del articulado regulador del Sistema Andaluz de Emisiones
Registradas urge para conseguir alinear normativas autonómicas y nacionales. De no ser
así, se podría dar la situación de que las empresas radicadas en Andalucía tuvieran que
atender, en lo relativo a obligaciones sobre sus emisiones, a requisitos y criterios distintos
que entraran en contraposición o conflicto según el ámbito territorial, lo que supondría un
agravante para el tejido empresarial andaluz.
Por otra parte, urge una reforma de la regulación legal del Sistema Andaluz de
Compensación de Emisiones para permitir que los proyectos de absorción puedan
ser ejecutados por la iniciativa privada sin que tengan forzosamente que ser titulares
de las actividades que emitan gases de efecto invernadero, para que puedan obtener
unidades de absorción certificadas que puedan transmitir a terceros. Esta modificación
propiciará que el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones se alinee también
con lo dispuesto en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, que establece el mandato dirigido a
las Administraciones Públicas para que adopten las acciones oportunas para incentivar
la participación de personas y entidades propietarias y gestoras públicas y privadas,
especialmente las del sector agrario y forestal, en el aumento de la capacidad de
captación de CO2 de los sumideros de carbono.
Se genera por tanto una nueva actividad económica participada por diversos
actores que tiene como cobeneficio añadido ser motor de desarrollo de las zonas
rurales, contribuyendo al fomento de una economía verde de vital importancia para la
recuperación económica en la coyuntura actual. Esta actividad contribuirá además a la
creación de puestos de trabajo en zonas rurales facilitando la fijación de población. De
hecho, actualmente existe una demanda privada creciente en este sentido que no se
estaba pudiendo atender en Andalucía.
Unida a estas dos modificaciones sustanciales se hace necesaria, como mejora
regulatoria, la aclaración del Registro del Sistema Andaluz de Compensación de
Emisiones y redefinir lo relativo a la inclusión de criterios de huella de carbono en las
licitaciones para aclarar indefiniciones actuales y permitir operar a los interesados en
el marco de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de forma rápida y eficiente. Asimismo, se
dota al sistema de mayor agilidad al habilitarse como fórmula la inscripción en registros
para los proyectos de absorción y la compensación, en sustitución de otros modelos más
complejos y burocráticos como el uso de convenios.
De forma paralela, y con una finalidad conexa se modifican otras normas, como el
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía, para reconocer el papel de los montes como importantes puntos de absorción
de gases de efecto invernadero y el deber para sus titulares de mantener su capacidad
de absorción pudiendo establecerse la posibilidad de generar unidades de absorción.
Se lleva a cabo también la modificación del artículo 5.5 de la Ley 8/2003, de 8 de
octubre, de la Flora y Fauna silvestres, con el objetivo de fomentar la participación
colaborativa de entidades de custodia del territorio en la gestión de terrenos forestales de
titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere a proyectos
de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, lo que permitirá que este
tipo de organizaciones se impliquen en actuaciones de restauración de ecosistemas y
repoblación forestal sobre este tipo de terrenos.
En conjunto, se trata de modificaciones normativas puntuales de mejora regulatoria
para el impulso de la reactivación económica que se espera tengan un efecto ambiental,
económico y social positivo e inmediato. Por un lado, se abriría la puerta a una demanda
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

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