Número 241 - Viernes, 17 de diciembre de 2021

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evaluación/autorización que conllevan una mayor carga burocrática que la prevista
inicialmente con carácter básico para el conjunto del Estado.
Por un lado, se trata de actividades y actuaciones sometidas a autorización ambiental
unificada para las que la normativa básica estatal no contempla evaluación ambiental,
o supuestos en los que la normativa básica estatal prevé instrumentos de evaluación
simplificada, mientras que para esas mismas actividades la norma andaluza mantiene
instrumentos de prevención y control ambiental con mayores requerimientos y plazos.
Otro tanto ocurre con determinadas actividades, con diferentes umbrales hasta ahora en
nuestra Comunidad Autónoma respecto a los establecidos en la normativa estatal básica,
lo que implica la aplicación de la evaluación ambiental a un mayor número de supuestos
de dichas actividades. Por otro lado, mientras la normativa nacional exige evaluación
ambiental ordinaria para determinadas actividades si se desarrollan en Espacios
Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000, dicha evaluación es exigida en Andalucía
con carácter general, aún y cuando se ubiquen fuera de dichos espacios.
En la situación actual, en la que urge recuperar al menos los niveles económicos
previos a la pandemia, resulta obligado acometer las modificaciones necesarias
que posibiliten la ejecución de los fondos provenientes del Instrumento Europeo de
Recuperación (Next Generation) a través de una transición ecológica que permita
modernizar el tejido productivo andaluz y para cuya gestión eficaz es prioritario y urgente
eliminar las posibles barreras que impidan o dificulten dicha ejecución.
Por ello, atendiendo a los principios de proporcionalidad y de no regresión se
modifican diferentes epígrafes del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, pasando algunas
actividades de estar sometidas de autorización ambiental unificada a autorización
ambiental unificada por procedimiento abreviado y otras a calificación ambiental. En
este último caso se trata de actuaciones que en la normativa básica estatal no están
sometidas a evaluación ambiental, suprimiendo así una carga burocrática innecesaria,
pero garantizando la debida protección ambiental.
También en materia de evaluación ambiental, y consecuencia de la modificación de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, realizada mediante este Decreto-ley, y en orden a la necesaria
coherencia entre normas, se lleva a cabo la modificación del Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen
de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emitan compuestos orgánicos
volátiles, y se modifica el contenido de Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
Así, se incluyen las modificaciones correspondientes para eximir del trámite de
autorización ambiental unificada las actuaciones cuya evaluación de impacto ambiental
corresponda a la Administración General del Estado; se ajusta el sentido del silencio
administrativo, en el procedimiento de caducidad de la autorización ambiental unificada,
a lo establecido en el artículo 24 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se establece un
procedimiento concreto para declarar la caducidad de la autorización.
De forma similar, también en materia de evaluación ambiental, se lleva a cabo la
modificación del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización
ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, en consonancia
también con las modificaciones introducidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, y lo establecido
en la legislación básica estatal, en cuanto procedimiento para la obtención, modificación,
revisión y caducidad de la autorización ambiental integrada.
De este modo, se elimina el concepto de renovación de la autorización ambiental
integrada; se sustituye el procedimiento de modificación sustancial de autorización
ambiental integrada por el procedimiento simplificado establecido en la normativa básica
estatal; se disminuye el plazo del trámite de información pública de la autorización
ambiental integrada, pasando de 45 a 30 días, y se sustituye el trámite de colindantes por
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía