Disposiciones generales. . (2021/581-2)
Decreto-ley 19/2021, de 28 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa dirigidas a los Centros Docentes Concertados y a la Red de Centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 81 - Miércoles, 29 de septiembre de 2021
página 19
el curso 2021/22, se hace necesario implementar nuevamente medidas extraordinarias
que contribuyan a la finalidad señalada de garantizar el sostenimiento de los centros
exclusivos de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda y el
mantenimiento del empleo a partir del curso escolar 2021/22, así como posibilitar que los
centros docentes concertados puedan afrontar la adopción de medidas específicas de
higiene y limpieza mediante el incremento de la cuantía de los módulos económicos de
los conciertos educativos.
Además, estas medidas extraordinarias deben adoptarse de manera inmediata con
objeto de que, por una parte, no se demore el apoyo a los centros exclusivos de primer
ciclo de educación infantil cuyas instalaciones ya han sido cerradas temporalmente por la
autoridad sanitaria al haberse detectado en estos primeros días del curso escolar 2021/22
casos confirmados de alumnado o profesorado afectado por el coronavirus COVID-19, y,
por otra, los centros concertados puedan implementar durante todo este año académico
las medidas extraordinarias de limpieza y desinfección de sus instalaciones exigidas por
las autoridades sanitarias.
El decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regula en el
artículo 110 del Estatuto de Autonomía que establece que, en caso de extraordinaria y
urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales
en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este
Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán
aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía.
La previsión contenida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
reviste al decreto-ley de licitud siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia
sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias
6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F.
3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos
gubernamentales, que por razones difíciles de prever precisa una acción normativa
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en el
juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (STC 93/2015, de 14 de
mayo, FJ 6) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades de actuación
que la situación de emergencia acreditada demanda (STC, de 30 de enero de 2019,
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019). Por otra parte, se admite generalmente
por dicho Tribunal el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como
«coyunturas económicas problemáticas», entre las que se inscribe la situación económica
generada por la actual crisis sanitaria.
En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa
entre la urgencia y la naturaleza extraordinaria de la situación definida, las medidas
concretas adoptadas para asistirla y el instrumento normativo empleado para atenderla,
teniendo en cuenta que los ámbitos afectados requieren de una intervención inmediata y
fuera de lo común.
Por último, este Decreto-ley cumple con los límites fijados por las competencias
autonómicas para acometer una regulación legal en esta materia. Cuando concurre, como
en este caso, una situación de extraordinaria y urgente necesidad, todos los poderes
públicos que tengan asignadas facultades de legislación provisional y competencias
sustantivas en el ámbito material en que incide tal situación de necesidad pueden
reaccionar normativamente para atender dicha situación, siempre, claro está, que lo
hagan dentro de su espectro competencial. (STC 93/2015, de 14 de mayo FJ11).
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00199306
III
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 81 - Miércoles, 29 de septiembre de 2021
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el curso 2021/22, se hace necesario implementar nuevamente medidas extraordinarias
que contribuyan a la finalidad señalada de garantizar el sostenimiento de los centros
exclusivos de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda y el
mantenimiento del empleo a partir del curso escolar 2021/22, así como posibilitar que los
centros docentes concertados puedan afrontar la adopción de medidas específicas de
higiene y limpieza mediante el incremento de la cuantía de los módulos económicos de
los conciertos educativos.
Además, estas medidas extraordinarias deben adoptarse de manera inmediata con
objeto de que, por una parte, no se demore el apoyo a los centros exclusivos de primer
ciclo de educación infantil cuyas instalaciones ya han sido cerradas temporalmente por la
autoridad sanitaria al haberse detectado en estos primeros días del curso escolar 2021/22
casos confirmados de alumnado o profesorado afectado por el coronavirus COVID-19, y,
por otra, los centros concertados puedan implementar durante todo este año académico
las medidas extraordinarias de limpieza y desinfección de sus instalaciones exigidas por
las autoridades sanitarias.
El decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regula en el
artículo 110 del Estatuto de Autonomía que establece que, en caso de extraordinaria y
urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales
en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este
Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán
aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía.
La previsión contenida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
reviste al decreto-ley de licitud siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia
sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias
6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F.
3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos
gubernamentales, que por razones difíciles de prever precisa una acción normativa
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en el
juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (STC 93/2015, de 14 de
mayo, FJ 6) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades de actuación
que la situación de emergencia acreditada demanda (STC, de 30 de enero de 2019,
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019). Por otra parte, se admite generalmente
por dicho Tribunal el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como
«coyunturas económicas problemáticas», entre las que se inscribe la situación económica
generada por la actual crisis sanitaria.
En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa
entre la urgencia y la naturaleza extraordinaria de la situación definida, las medidas
concretas adoptadas para asistirla y el instrumento normativo empleado para atenderla,
teniendo en cuenta que los ámbitos afectados requieren de una intervención inmediata y
fuera de lo común.
Por último, este Decreto-ley cumple con los límites fijados por las competencias
autonómicas para acometer una regulación legal en esta materia. Cuando concurre, como
en este caso, una situación de extraordinaria y urgente necesidad, todos los poderes
públicos que tengan asignadas facultades de legislación provisional y competencias
sustantivas en el ámbito material en que incide tal situación de necesidad pueden
reaccionar normativamente para atender dicha situación, siempre, claro está, que lo
hagan dentro de su espectro competencial. (STC 93/2015, de 14 de mayo FJ11).
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00199306
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