Disposiciones generales. . (2021/171-5)
Acuerdo de 31 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la puesta en marcha del proyecto piloto previo a la modificación normativa del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
7 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 171 - Lunes, 6 de septiembre de 2021
página 86
En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 31 de agosto de 2021,
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00197866
el instrumento a través del cual las Administraciones Públicas intervinientes acuerdan los
objetivos, medios y recursos para la mejora de los servicios y prestaciones del sistema,
en línea con los descritos en el citado «Acuerdo para la puesta en marcha del Plan de
Choque», así como los indicadores para verificar su cumplimiento.
El objeto de dicho convenio es, por tanto, determinar las obligaciones asumidas
por cada una de las partes intervinientes para la financiación del nivel de protección
acordado previsto en el artículo 7.2.º de la citada ley, así como financiar, mediante el
establecimiento de una cantidad específica para esta finalidad, los gastos de inversión
y funcionamiento del sistema, particularmente los dirigidos a la implementación de las
medidas contenidas en el Plan de Choque acordado por el Consejo Territorial. Todo ello
sin perjuicio del cumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
cargo a sus propios presupuestos, de una aportación al menos igual a la realizada por
la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo y del nivel
acordado de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Entre las medidas concretas que se proponen que dan respuesta directa a esta
cuestión, figuran:
• Medidas generales de simplificación procedimental. Medidas cuyo objeto es
simplificar procedimientos de valoración de grado y reconocimiento de prestaciones
y servicios, siempre dentro del marco común y con la finalidad de buscar mayor
agilidad. Pueden requerir desarrollos normativos.
• Medidas de integración de procedimientos administrativos y técnicos. Van en
la línea de integrar los procesos de valoración y PIA, como ya ha hecho algunas
comunidades autónomas, de forma que se reduzcan los pasos de procedimiento
administrativo. También pueden requerir desarrollos normativos.
En este marco de colaboración interadministrativa se ponen en marcha medidas de
aplicación inmediata (Plan de Choque) que incidirán en los factores generadores de las
listas de espera, sin perjuicio de que se siga trabajando en la tramitación normativa del
modelo por la vía ordinaria.
Por tanto, la puesta en marcha de este proyecto para pilotar un modelo de proceder
simplificado, cuyo esquema básico se contiene en el Anexo del presente Acuerdo, es un
campo de experimentación normativa que permitirá ir modulando las medidas que se
establezcan y validando su operatividad, lo que ayudará a la toma de decisiones sobre
una base empírica y cuantificable durante el proceso de tramitación normativa. No en
vano, del análisis comparado con otras Comunidades Autónomas se concluye que el
parámetro de agilidad administrativa pasa por una única resolución en la que se determina
la valoración de la situación de dependencia y los servicios o prestaciones. En relación
al estado de tramitación del proyecto andaluz, una vez sustanciado el trámite de consulta
previa y tras valorar las aportaciones recibidas, se encuentra ultimando la redacción
inicial del proyecto de decreto, así como toda la documentación justificativa y económica
que debe acompañar al proyecto para su tramitación.
Por tanto, teniendo en cuenta la repercusión en la reducción de listas de espera y
tiempo de tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, que el proyecto piloto puesto
en marcha por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se considera
oportuno y conveniente que el referido proyecto sea conocido por parte del Consejo de
Gobierno.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 171 - Lunes, 6 de septiembre de 2021
página 86
En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 31 de agosto de 2021,
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00197866
el instrumento a través del cual las Administraciones Públicas intervinientes acuerdan los
objetivos, medios y recursos para la mejora de los servicios y prestaciones del sistema,
en línea con los descritos en el citado «Acuerdo para la puesta en marcha del Plan de
Choque», así como los indicadores para verificar su cumplimiento.
El objeto de dicho convenio es, por tanto, determinar las obligaciones asumidas
por cada una de las partes intervinientes para la financiación del nivel de protección
acordado previsto en el artículo 7.2.º de la citada ley, así como financiar, mediante el
establecimiento de una cantidad específica para esta finalidad, los gastos de inversión
y funcionamiento del sistema, particularmente los dirigidos a la implementación de las
medidas contenidas en el Plan de Choque acordado por el Consejo Territorial. Todo ello
sin perjuicio del cumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
cargo a sus propios presupuestos, de una aportación al menos igual a la realizada por
la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo y del nivel
acordado de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Entre las medidas concretas que se proponen que dan respuesta directa a esta
cuestión, figuran:
• Medidas generales de simplificación procedimental. Medidas cuyo objeto es
simplificar procedimientos de valoración de grado y reconocimiento de prestaciones
y servicios, siempre dentro del marco común y con la finalidad de buscar mayor
agilidad. Pueden requerir desarrollos normativos.
• Medidas de integración de procedimientos administrativos y técnicos. Van en
la línea de integrar los procesos de valoración y PIA, como ya ha hecho algunas
comunidades autónomas, de forma que se reduzcan los pasos de procedimiento
administrativo. También pueden requerir desarrollos normativos.
En este marco de colaboración interadministrativa se ponen en marcha medidas de
aplicación inmediata (Plan de Choque) que incidirán en los factores generadores de las
listas de espera, sin perjuicio de que se siga trabajando en la tramitación normativa del
modelo por la vía ordinaria.
Por tanto, la puesta en marcha de este proyecto para pilotar un modelo de proceder
simplificado, cuyo esquema básico se contiene en el Anexo del presente Acuerdo, es un
campo de experimentación normativa que permitirá ir modulando las medidas que se
establezcan y validando su operatividad, lo que ayudará a la toma de decisiones sobre
una base empírica y cuantificable durante el proceso de tramitación normativa. No en
vano, del análisis comparado con otras Comunidades Autónomas se concluye que el
parámetro de agilidad administrativa pasa por una única resolución en la que se determina
la valoración de la situación de dependencia y los servicios o prestaciones. En relación
al estado de tramitación del proyecto andaluz, una vez sustanciado el trámite de consulta
previa y tras valorar las aportaciones recibidas, se encuentra ultimando la redacción
inicial del proyecto de decreto, así como toda la documentación justificativa y económica
que debe acompañar al proyecto para su tramitación.
Por tanto, teniendo en cuenta la repercusión en la reducción de listas de espera y
tiempo de tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, que el proyecto piloto puesto
en marcha por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se considera
oportuno y conveniente que el referido proyecto sea conocido por parte del Consejo de
Gobierno.
