A) Disposiciones Generales - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (BOCM-20240424-1)
Ley –  Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid
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BOCM
B.O.C.M. Núm. 97

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Presidencia de la Comunidad
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LEY 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREÁMBULO

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca la implantación de un sistema eficiente, sostenible y de optimización de recursos que aspira a disminuir los residuos y mejorar su gestión a través del reciclaje y reutilización de los mismos.
La implantación de la economía circular tiene especial importancia en el contexto actual marcado por el crecimiento poblacional y por un rápido proceso de urbanización de importantes regiones del mundo. Ello implica un aumento considerable de la demanda de bienes y servicios, que ejerce una creciente presión sobre los recursos y ecosistemas naturales.
Así, la economía circular surge como una de las piedras angulares del crecimiento económico, configurándose no sólo como una solución a los retos medioambientales, sino
como un modelo económico orientado a conjugar la eficiencia económica con la sostenibilidad medioambiental, optimizando los recursos, extendiendo la vida útil de los productos,
reduciendo el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía, e impulsando una
industria innovadora, competitiva y sostenible.
Paralelamente se observa un crecimiento de la generación de residuos. Según datos de
Eurostat, en 2018 el total de residuos generados en la Unión Europea por todas las actividades económicas y los hogares ascendió a 2.337 millones de toneladas. En ese mismo año,
España generó 138 millones de toneladas, con un incremento de aproximadamente el 7 %
respecto a los residuos generados en 2016.
Por ello, durante los años 2018 y 2019, la Unión Europea aprobó un conjunto de normas
en materia de economía circular, entre las que cabe destacar la Directiva (UE) 2018/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; la Directiva (UE) 2018/850
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos; la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos; la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa
a los envases y residuos de envases; y la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados
productos de plástico en el medio ambiente.
Asimismo, en diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el “Pacto Verde
Europeo”, reforzado posteriormente con la aprobación en 2020 del “Nuevo Plan de Acción
para la Economía Circular: por una Europa más limpia y más competitiva”.
En el ámbito estatal, el Gobierno de la nación ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030) y el I Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023,
en aplicación del artículo 131 de la Constitución Española, que establece la capacidad de
los poderes públicos de planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución; y del artículo 45 que consagra la conservación del medio ambiente como un derecho social y una obligación de las
administraciones públicas. En este contexto, se ha aprobado también, a nivel nacional, la

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