BOCM
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 9 DE ENERO DE 2024

B.O.C.M. Núm. 7

traciones Públicas articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia
y la adolescencia, impulsando políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales y garantizando a los menores con discapacidad y a sus familias los servicios
sociales especializados que éste precise.
Asimismo, la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
operada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, la Ley 26/2015, de 28 de julio, así como
las recientes Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, y Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, ha actualizado diferentes cuerpos legislativos para adecuarlos a los cambios sociales producidos en
los últimos años, así como a la normativa internacional. En particular, la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor contempla ahora, en su artículo
22 bis, que las Entidades Públicas habrán de ofrecer programas de preparación para la vida
independiente para jóvenes bajo medida de protección, particularmente, en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de
edad, y una vez cumplida ésta, siempre que lo necesiten, para seguimiento socioeducativo,
alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas. En la misma
dirección han ido la normativa y planes estratégicos de los que han ido dotándose la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.

La experiencia de la Comunidad con los jóvenes protegidos pone de manifiesto que,
al alcanzar la mayoría de edad y cesar en consecuencia la acción jurídica protectora, han de
hacer un tránsito a la vida adulta acelerado y comprimido, agravado por las circunstancias
familiares y sociales que dieron lugar a la medida de protección.
Por otro lado, la edad de emancipación en los países de nuestro entorno, sobre todo los
mediterráneos, se ha ampliado hasta casi los 30 años y la crisis económica afecta, en mayor
medida, la empleabilidad de los jóvenes. Todo ello posiciona al colectivo de ex tutelados
en una situación de desigualdad respecto del resto de jóvenes de su edad, por lo que se impone que puedan contar con apoyo social y educativo, así como con alojamiento y manutención, que faciliten el tránsito a la vida adulta para todos aquellos que lo necesiten.
El tránsito a la vida adulta se convierte así en un proceso de alto riesgo, y el joven resulta sin duda especialmente “vulnerable” por doble partida, por escasez de recursos personales y por la inexistencia o presencia limitada, de un entorno social y familiar que ofrezca
los apoyos necesarios.
La mayoría de estos jóvenes, no disponen de redes de apoyo adecuadas para iniciar su
proyecto de transición a la vida adulta, y sus alternativas residenciales, o retorno familiar
se hacen inviables para su proceso de autonomía. Por tanto, nos encontramos con un colectivo de jóvenes que se ve obligado a emanciparse a una edad mucho más temprana que el
resto de la población, y en unas condiciones mucho más difíciles. La preparación previa a
la salida del sistema y el apoyo y acompañamiento posterior marcan la diferencia para estos jóvenes entre una vida de dificultades y una vida digna e independiente.
Esta situación se agrava, en muchos casos, por la dificultad añadida de contar con un techo bajo el que cobijarse tras su salida del centro de acogimiento residencial, y más especialmente en aquellos jóvenes con discapacidad intelectual leve, que salen del sistema de protección de la Comunidad de Madrid por mayoría de edad, careciendo de los apoyos
familiares necesarios. Las personas con discapacidad intelectual presentan limitaciones para
funcionar en su vida diaria, problemas en la adquisición de habilidades sociales e intelectuales y de adaptación a los nuevos cambios. No solo tiene que ver con la persona, siendo muy
importante entornos de apoyo e inclusivos para favorecer el desarrollo de habilidades y de
competencias necesarias para su inclusión social, centrados en la persona y que desarrollen
programas específicos que permitan atender a las necesidades de apoyo de cada uno de ellos.
Cada día existe mayor interés y atención de los poderes públicos a este respecto, tanto
a escala europea, como estatal y autonómica. Buena prueba de ello son los Programas Operativos del Fondo Social Europeo de la Estrategia Europea 2020, los objetivos operativos definidos en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, y la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia operada en los últimos años
en nuestros cuerpos legislativos para adecuarlos a los cambios sociales producidos.
En este sentido, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del
Menor contempla ahora, en su artículo 22 bis, que las Entidades Públicas habrán de ofrecer
programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo medida de protec-

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