D) Anuncios - Consejería de Presidencia, Justicia e Interior (BOCM-20230414-28)
Convenio – Convenio de 30 de marzo de 2023, entre la Comunidad de Madrid y el Consorcio “Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona”, para la participación en la elaboración del Informe Comunidades Autónomas, la celebración del Foro de las Autonomías y la colaboración en el “Blog Autonomías”, durante el año 2023
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BOCM
B.O.C.M. Núm. 88
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023
Pág. 317
I. COMUNIDAD DE MADRID
D) Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
28
CONVENIO de 30 de marzo de 2023, entre la Comunidad de Madrid y el Consorcio “Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona”, para la participación en la elaboración del Informe Comunidades Autónomas, la celebración del
Foro de las Autonomías y la colaboración en el “Blog Autonomías”, durante el
año 2023.
REUNIDOS
De una parte, D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
nombrado por Decreto 43/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 41.a) de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y el artículo 3.2.a) del Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
Y de otra, el D. David Moya Malapeira, actuando como Director del Consorcio “Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona”, con CIF-Q0802309-E, según nombramiento de la Junta Rectora del Consorcio de 10 de julio de 2020 y de acuerdo con el artículo 13.2 de los Estatutos reguladores del Consorcio.
Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar para obligarse mediante el presente Convenio, y a tal efecto,
I. El “Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona”, es un consorcio de Derecho Público en el marco de su actividad de investigación académica del Derecho Público,
se constituye como centro universitario de análisis e investigación especializado en diferentes ámbitos del Derecho Público. Actualmente se encuentra reconocido como Centro Especial de Investigación de la Universidad de Barcelona, y cuenta con un grupo de profesores
universitarios especializados en distintas ramas del Derecho Público, en particular el Derecho Constitucional, dentro del que ocupa un papel destacado los estudios relacionados con
el ámbito de la organización territorial del estado español. Así, dentro de sus líneas de actuación cabe destacar el seguimiento y análisis de las novedades normativas y jurisprudenciales relativas al Estado autonómico español a través de la organización del “Foro de las
Autonomías”, destinado a promover el diálogo académico y político en torno al desarrollo
del Estado autonómico español, así como de la elaboración del “Informe de las Comunidades Autónomas” que recoge la valoración y conclusiones del año autonómico inmediatamente anterior, informes normativos y jurisprudenciales, así como estudios monográficos
sobre cuestiones de interés; el “Blog Autonomías”, con la finalidad de tratar temas directamente relacionados con el funcionamiento del Estado autonómico y crear un espacio de
puesta en común de los asuntos de interés mutuo entre Comunidades Autónomas.
II. La Comunidad de Madrid, en los términos de su Estatuto de Autonomía, tiene
competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno (art. 26.1.1) y en materia de procedimiento administrativo derivado
de las especialidades de la organización propia (art. 26.1.3). Además, ostenta la competencia compartida con el Estado, es decir, de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución del régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración pública de la
Comunidad de Madrid y los entes públicos dependientes de ella, así como el régimen estatutario de sus funcionarios. Contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid (art. 27.2) y en materia de Régimen Local (art. 27.1).
III. Los objetivos de la jornada, de la publicación y del blog convergen entre ambas
partes en lo referente al análisis, investigación y promoción del modelo territorial autonómico, por lo que se estima de utilidad para fines institucionales continuar participando en
la financiación y organización de dichos proyectos, y que justifica la necesidad de suscri-
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EXPONEN
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CONVENIO de 30 de marzo de 2023, entre la Comunidad de Madrid y el Consorcio “Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona”, para la participación en la elaboración del Informe Comunidades Autónomas, la celebración del
Foro de las Autonomías y la colaboración en el “Blog Autonomías”, durante el
año 2023.
REUNIDOS
De una parte, D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
nombrado por Decreto 43/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 41.a) de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y el artículo 3.2.a) del Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
Y de otra, el D. David Moya Malapeira, actuando como Director del Consorcio “Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona”, con CIF-Q0802309-E, según nombramiento de la Junta Rectora del Consorcio de 10 de julio de 2020 y de acuerdo con el artículo 13.2 de los Estatutos reguladores del Consorcio.
Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar para obligarse mediante el presente Convenio, y a tal efecto,
I. El “Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona”, es un consorcio de Derecho Público en el marco de su actividad de investigación académica del Derecho Público,
se constituye como centro universitario de análisis e investigación especializado en diferentes ámbitos del Derecho Público. Actualmente se encuentra reconocido como Centro Especial de Investigación de la Universidad de Barcelona, y cuenta con un grupo de profesores
universitarios especializados en distintas ramas del Derecho Público, en particular el Derecho Constitucional, dentro del que ocupa un papel destacado los estudios relacionados con
el ámbito de la organización territorial del estado español. Así, dentro de sus líneas de actuación cabe destacar el seguimiento y análisis de las novedades normativas y jurisprudenciales relativas al Estado autonómico español a través de la organización del “Foro de las
Autonomías”, destinado a promover el diálogo académico y político en torno al desarrollo
del Estado autonómico español, así como de la elaboración del “Informe de las Comunidades Autónomas” que recoge la valoración y conclusiones del año autonómico inmediatamente anterior, informes normativos y jurisprudenciales, así como estudios monográficos
sobre cuestiones de interés; el “Blog Autonomías”, con la finalidad de tratar temas directamente relacionados con el funcionamiento del Estado autonómico y crear un espacio de
puesta en común de los asuntos de interés mutuo entre Comunidades Autónomas.
II. La Comunidad de Madrid, en los términos de su Estatuto de Autonomía, tiene
competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno (art. 26.1.1) y en materia de procedimiento administrativo derivado
de las especialidades de la organización propia (art. 26.1.3). Además, ostenta la competencia compartida con el Estado, es decir, de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución del régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración pública de la
Comunidad de Madrid y los entes públicos dependientes de ella, así como el régimen estatutario de sus funcionarios. Contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid (art. 27.2) y en materia de Régimen Local (art. 27.1).
III. Los objetivos de la jornada, de la publicación y del blog convergen entre ambas
partes en lo referente al análisis, investigación y promoción del modelo territorial autonómico, por lo que se estima de utilidad para fines institucionales continuar participando en
la financiación y organización de dichos proyectos, y que justifica la necesidad de suscri-
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