BOCM

JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2022

B.O.C.M. Núm. 304

Sección 2.a Infracciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios de atención social.
Sección 3.a Infracciones de los usuarios de centros y servicios y beneficiarios de las
prestaciones.
CAPÍTULO II. Sanciones.
Sección 1.a Sanciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios y a los
usuarios de centros y servicios y a los beneficiarios de prestaciones.
Sección 2.a Disposiciones generales.
CAPÍTULO III. Procedimiento Sancionador.
Disposiciones adicionales.
Disposiciones transitorias.
Disposición derogatoria.
Disposiciones finales.
PREÁMBULO
I
Los servicios sociales son un elemento fundamental del bienestar y el progreso de una
sociedad. Como sistema integrado de prestaciones, conforman, junto con otros sistemas públicos como el sanitario, el educativo o el de empleo, una red orientada a la promoción de
la autonomía de las personas, la creación de oportunidades de desarrollo y la mejora de las
condiciones de vida.
Esta misma perspectiva orientó la elaboración de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. No obstante, han sido numerosos los cambios habidos desde entonces en todos los ámbitos: sociales, económicos, culturales y regulatorios. Al mismo tiempo, se ha hecho evidente la necesidad de fortalecer los sistemas públicos y la coordinación entre las Administraciones públicas y sus órganos para afrontar de
manera eficaz no solo las necesidades que se plantean de manera cotidiana, sino las situaciones de crisis, tanto las que se producen de manera aguda como otras que pueden mantenerse en el tiempo.
En estos años, la sociedad madrileña ha vivido un proceso de transformación que ha
modificado de manera notable –y continúa haciéndolo– su fisonomía y su estructura. La
Comunidad de Madrid experimenta un proceso de envejecimiento poblacional al que no resultan ajenos el resto de España ni los países de nuestro entorno. La reducción de la natalidad es cada vez más significativa y se produce sobre cifras de partida cada vez más bajas.
Por otra parte, quizá el cambio más visible haya consistido posiblemente en la intensa llegada de personas procedentes de otros países durante las últimas dos décadas. En la actualidad, una de cada cinco personas residentes en la Comunidad de Madrid es de origen extranjero. Este panorama se concreta en proyecciones, con las de Eurostat, que sitúan a la
Comunidad de Madrid como una de las pocas regiones, no solo de España, sino de toda
Europa, que va a ver incrementada su población en más de un 20 por ciento en las próximas décadas. Circunstancias como estas han propiciado el desarrollo de nuevas políticas de
integración e inclusión, así como de prestaciones y servicios para un mayor número de personas que requieren apoyos para mantener su autonomía, la atención de situaciones de dependencia, y también para mejorar los apoyos a la conciliación familiar y al impulso de la
natalidad.
Se trata solo de algunos ejemplos. Son muchos más los retos, como los derivados de
la situación de salud, que reclaman la implantación de nuevos modos de conjugar la atención social y sanitaria; los que surgen por las nuevas estructuras familiares o de la evolución del mercado laboral; los originados por los desequilibrios territoriales, las posibilidades de acceso a la vivienda o a la tecnología, o el cumplimiento de los objetivos educativos.
En definitiva, los desafíos que suponen el logro de una igualdad efectiva, la superación de
las situaciones de pobreza o la necesidad de un urbanismo inclusivo, entre otros.
En este periodo, la Unión Europea ha reconocido los derechos sociales como uno de
sus pilares fundamentales. Y también en España se han establecido derechos, como los recogidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia –por citar solo un ejemplo–, que configuran un panorama más amplio de la protección social en torno al concepto de derechos.

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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID