NÚMERO 232
Jueves 28 de noviembre de 2024

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tual de funcionamiento de estas y de su relación con los ciudadanos. Sobre ese presupuesto,
la ley se orienta hacia una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de
tramitación.
En el mismo principio se inspira la Ley 40/2015, de 31 de octubre, sobre Régimen Jurídico del
Sector Público, que establece la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen
entre sí por medios electrónicos. Esta previsión se desarrolla en la propia ley al abordar la
cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se contempla como nuevo principio de
actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta
de servicios a los ciudadanos.
En este contexto, el procedimiento administrativo sancionador en el orden social es un claro
ejemplo en el que el marco jurídico expuesto debe desplegar toda su eficacia. En efecto, el
procedimiento sancionador en el orden social implica la intervención de varias administraciones, estatales y autonómicas, que realizan trámites encaminados a emitir una resolución. Es
preciso que esas administraciones intervinientes en el procedimiento administrativo cooperen
para facilitar al interesado la tramitación del procedimiento. Con esta finalidad, el Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha desarrollado, de manera coordinada con
las comunidades autónomas, la aplicación Ariadna, que permite la tramitación electrónica del
procedimiento sancionador en un entorno compartido entre el Organismo Estatal y otras autoridades competentes para iniciar actuaciones inspectoras o para resolver los procedimientos
sancionadores.
En otro ámbito, la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores
en el marco de una prestación de servicios transnacional, establece las condiciones mínimas
de trabajo que los empresarios deben garantizar a sus trabajadores desplazados temporalmente a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, cualquiera que sea
la legislación aplicable al contrato de trabajo.
Para que las autoridades nacionales puedan controlar el cumplimiento de esas condiciones
mínimas de trabajo, la empresa que desplace trabajadores a España debe comunicar el desplazamiento, antes de su inicio y con independencia de su duración, a la autoridad laboral
española competente por razón del territorio donde se vayan a prestar los servicios, y ha de
hacerlo por medios electrónicos; para ello, el artículo 5 de la citada Ley 45/1999, de 29 de
noviembre, indica que “el Ministerio de Trabajo y Economía Social establecerá, de acuerdo