NÚMERO 63
Viernes 31 de marzo de 2023

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Los derechos de la infancia, adolescencia y juventud, de las mujeres, de las clases trabajadoras, de las poblaciones campesinas, de los pueblos indígenas, de las personas LGBTI y de las
personas migrantes, refugiadas o apátridas, así como de las personas defensoras ambientales
y de derechos humanos, están siendo amenazados, cuando no vulnerados. Al mismo tiempo,
el mundo enfrenta profundas crisis que se expresan de manera simultánea en el plano climático, social y económico, y a las que en estos momentos se suma una situación sanitaria
sin precedentes, que no ha hecho otra cosa que profundizar la vulnerabilidad de millones de
personas, así como generar un conflicto de consecuencias imprevisibles en plena Europa.
El incremento de los discursos de odio o la debilidad de los sistemas democráticos también
son fenómenos de naturaleza global que no pueden enfrentarse desde la soledad de los territorios y países, por lo que la cooperación extremeña tiene la exigencia de aportar todas
sus capacidades, desde su singularidad y diversidad, para contribuir a la justicia social y a la
protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables del planeta.
La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible consagran una visión integral
del desarrollo sostenible y el reconocimiento de que la lucha contra la pobreza y las desigualdades no pueden plantearse de manera aislada, al margen de sus causas, ni desvinculadas
de la problemática de conjunto en las que se insertan. Además, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible se presentan como una agenda universal, es decir, como la expresión de unos
objetivos cuyo cumplimiento compromete por igual a países enriquecidos y empobrecidos, lo
que supone por primera vez el reconocimiento de problemas que son comunes y globales, con
independencia de que los retos sean parcialmente distintos en unos y otros lugares.
La actual Agenda de Desarrollo sitúa a las políticas de cooperación descentralizadas y a sus
agentes ante importantes y renovados desafíos, al tiempo que otorga a los actores subestatales un mayor poder y una mayor responsabilidad en la respuesta a estos problemas. Así,
la Agenda 2030 establece la necesidad de la articulación de una acción colectiva y multinivel
(local y global) junto con una articulación multiactor, llamando a la acción a una gran diversidad de actores desde una visión integral en la que “no se deje a nadie atrás”.
La adaptación a las actuales agendas globales y paradigmas internacionales, dejando atrás la
estricta mirada norte-sur, la mejora y ampliación de los mecanismos de gobernanza, con una
mirada más participativa y democrática, la necesaria inclusión de nuevos instrumentos que
permitan afrontar los desafíos globales o el reconocimiento de la diversidad de agentes de desarrollo, incluido el refuerzo de la propia Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, son elementos a los que no ha podido responder la ley de cooperación actual.
Por lo tanto, se hace necesaria la renovación del marco normativo actual, de forma que ponga
al servicio de la cooperación extremeña todas las herramientas necesarias para dar respuesta