NÚMERO 63

19912

Viernes 31 de marzo de 2023

consolidar la cooperación para el desarrollo como elemento integrante de las políticas de la
Junta de Extremadura con el máximo rango, atendiendo así a las demandas de las organizaciones políticas, sindicales y sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Este avance normativo fue fundamental para el diseño de la arquitectura institucional de la
cooperación extremeña, que llevó a la creación de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en el año 2008, consiguiendo así uno de los mayores hitos de la historia de la cooperación para el desarrollo de Extremadura. También la Ley
1/2003, de 27 de febrero, impulsó en el terreno nacional e internacional el reconocimiento
de Extremadura como agente importante de la cooperación española, consolidó los recursos
necesarios para el despliegue de esta política pública y reconoció, por primera vez, la impagable labor de las personas cooperantes y del voluntariado en la cooperación internacional.
Desde el punto de vista normativo en el ámbito estatal, fue determinante la aprobación de la
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La citada norma
marcaría un antes y un después al definir los objetivos de la cooperación para el desarrollo
como un ámbito diferenciado de la política exterior y al mismo tiempo abrir la puerta a nuevos
instrumentos, sobre todo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). También podría subrayarse la creación de la Comisión Interterritorial de Cooperación
para el Desarrollo (2000), como instrumento de respuesta a la estructura territorial, así como
la reforma del Consejo de Cooperación para el Desarrollo (2001).
A su vez, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, establece como objetivos transversales de la política exterior los propios de las metas globales
de desarrollo y recoge entre los objetivos de la política exterior de España la lucha contra la
pobreza, la solidaridad con los países en desarrollo y el desarrollo económico y social de todos
los Estados, así como la adecuada provisión de bienes públicos globales de los que depende
el desarrollo sostenible.
II
Desde la aprobación del actual marco normativo, el mundo ha experimentado un enorme
cambio, acelerado en los últimos años. Tras un período en el que los indicadores mostraban
una reducción de la extrema pobreza y la desigualdad, en la actualidad esos mismos indicadores vuelven a retroceder, agudizando situaciones de injusticia tanto en el contexto europeo
como en el internacional.
Al mismo tiempo, existe una creciente interdependencia entre actores de diferente ámbito
territorial, entre procesos políticos, sociales, económicos y culturales, así como en la manifestación de los problemas del desarrollo, cada vez más materializados en forma de amenazas
globales, aunque con diferente impacto y anclaje territorial.