NÚMERO 48
Viernes 10 de marzo de 2023

14941

— Profesionales de instalaciones térmicas en los edificios: De acuerdo con el artículo 42
el apartado 1c, del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Que establecen la forma y los exámenes a realizar por la administración para la obtención del
carné o habilitación profesional, que posibilitan acceso al ejercicio de las distintas actividades
profesionales de instalador, mantenedor, conservador o reparador de instalaciones, así como
las de los distintos operadores de productos industriales cuyo funcionamiento requiere de una
conducción cualificada.
Entre las distintas vías de acceso, que facilitan el ejercicio profesional de estas actividades, se
fija, en los apartados mencionados de los reglamentos anteriores, la realización de pruebas
de aptitud o de superación de exámenes, por el órgano competente en materia de industria
de la Comunidad Autónoma. Con el fin de que una vez superadas las mismas, posibilitan la
obtención de un certificado o un carné profesional, emitido por la Administración Pública competente, que acredita que su titular tiene los conocimientos teórico-prácticos necesarios para
poder actuar de acuerdo a su especialidad.
Estas pruebas se realizan por medio de una convocatoria periódica de exámenes, que se hace
pública en el diario oficial de Extremadura, indicando las condiciones de acceso a la realización
de las pruebas, la calificación y la certificación de los resultados.
Corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, como órgano que ejerce las funciones en materia de seguridad industrial con arreglo a lo indicado en el Decreto
170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (DOE n.º 214, de 6 de noviembre), gestionar las
convocatorias y llevar a efecto las pruebas de aptitud aludidas, la emisión y gestión, de los
distintos carnés y habilitaciones profesionales, en virtud de las atribuciones indicadas.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas junto con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público contemplan que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las
Administraciones Públicas, para servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, ahorro de
costes, a las obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos.
Un vez que se han desarrollado las herramientas de tramitación por medios electrónicos, las
aplicaciones informáticas han sido habilitadas y es posible el uso por los ciudadanos, procede
hacer pública dicha disponibilidad y publicar el modelo de formulario a emplear.
Por otro lado, se ha integrado en el formulario, en el apartado de protección de datos una
dirección URL, que da acceso a la consulta de la cláusula a través de los servicios de la Sede
Electrónica y para el ejercicio de los derechos correspondientes.